Los caminos de la modernización

Los efectos de la llamada globalización en las economías europeas están siendo muy diferentes según se consideren las del Norte o las del Sur. Las primeras han sido capaces de mantener, e incluso aumentar, la competitividad de sus productos, mientras que las segundas tienen muchas dificultades para equilibrar sus cuentas con el exterior. Una de las principales razones para explicar esta situación es el nivel de formación en estos grupos de países. Los informes sobre la educación muestran que, con la excepción de Suecia, los países nórdicos se encuentran claramente por encima de la media en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos, mientras que Francia se encuentra en el centro e Italia y España claramente por debajo.

En este contexto, la OCDE acaba de publicar un informe sobre la adquisición de competencias en España (Informe de diagnóstico de la estrategia de competencias de la OCDE: España 2015) en el que aborda los problemas y los desafíos que tenemos planteados y apunta algunas soluciones. A pesar de la importancia de los problemas planteados es bastante curioso el escaso eco que ha tenido hasta el momento, máxime si se tiene en cuenta que no se trata de un documento realizado por un reducido grupo de expertos sin apenas contacto con los agentes educativos del país. En el informe colaboraron decenas de funcionarios y personas del sector privado, por lo que sus recomendaciones y conclusiones reflejan al menos un buen conocimiento de la situación y un deseo real de adaptar las propuestas a la realidad.

El informe comienza con la constatación de que España ha realizado un esfuerzo por mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de los centros de educación secundaria y que ha mejorado la formación profesional. Al mismo tiempo, constata uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo: la cuarta parte de los alumnos abandona los estudios antes de finalizar la formación obligatoria, un tercio repite curso y un cuarto la termina con dos años de retraso. El coste de las repeticiones equivale a un 8% del coste total. No hay nada nuevo en estas cifras, salvo que el despilfarro que indican, humano y material, debe ser corregido cuanto antes.

Se ha registrado un fuerte incremento del número de graduados que salen de nuestras aulas hasta el punto de que el 40% de los jóvenes actuales tiene una formación superior, el doble que sus mayores. Sin embargo, las titulaciones que poseen estos jóvenes no se adecúan a las demandas del aparato productivo, por lo que, como constatamos día a día, las dificultades para encontrar un empleo son muy grandes a pesar de que el ritmo de crecimiento de nuestra economía es muy superior al del resto de nuestros socios europeos.

Un gran número de adultos tiene una formación escasa. Se calcula que aproximadamente unos diez millones tienen un bajo rendimiento tanto en comprensión lectora como en competencia matemática. De ellos, más de un tercio seguirá trabajando dentro de veinte años. Es cierto que en los últimos tiempos se ha realizado un esfuerzo para mejorar las competencias de este colectivo pero los resultados, por el momento, están lejos de lo que sería deseable, en parte por las dificultades de adaptación a los requerimientos del sistema productivo. Se trata de un conjunto al que le cuesta trabajo participar en los cursos de formación profesional existentes y ello a pesar de que las posibilidades de encontrar trabajo aumentan con el nivel de formación. Hay que tener en cuenta no solo las difíciles circunstancias sociales de este grupo de trabajadores, sino también la excesiva temporalidad del empleo en España, cuya secuela inmediata es la de dificultar enormemente la formación, dentro o fuera de las empresas. Asimismo, la dualidad del sistema laboral español (mucha protección para los instalados, muy poca para quienes acceden por primera vez al puesto de trabajo) es un obstáculo adicional para la formación de la mano de obra.

Dado el alto nivel de desempleo, la tarea de reintegrar a los desempleados en el sistema productivo adquiere una gran relevancia. Los recursos que destinamos a los servicios públicos de empleo son importantes y están en línea con los que dedican otros países de nuestro entorno, lo que se explica en parte por la magnitud del desempleo. Sin embargo, las sumas destinadas a las políticas activas de empleo no son suficientes. El informe recomienda reforzar el cumplimiento de la obligación de búsqueda activa de empleo y orientar mejor a quienes lo buscan, de manera especial a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, tanto más cuando el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan es uno de los más elevados de la OCDE.

La formación en el puesto de trabajo es muy escasa. De nuevo la temporalidad aparece en esta constatación, pero también la poca inversión de las empresas en este ámbito. Tal vez sea esta una de las razones por las que los trabajadores jóvenes en España tiendan a utilizar menos los dispositivos informáticos en el entorno laboral que en los otros países avanzados lo que, inevitablemente, frena la mejora de la productividad. En este apartado es preciso que las empresas tomen conciencia del problema y lo integren en sus estrategias a medio y largo plazo.

El informe afirma que el sistema de innovación de cada país debe asentarse en una sólida red de trabajadores altamente cualificados, de emprendedores y de universidades. Desgraciadamente, los problemas españoles son considerables en estos tres pilares de la innovación. El porcentaje de doctores que emplean las empresas en España tan solo alcanza la mitad del que corresponde a los países avanzados de la OCDE. A ello vienen a sumarse las dificultades de trasmisión del conocimiento desde las universidades hacia las empresas, a lo que hay que añadir los problemas del capital riesgo no sólo por las lagunas en su regulación sino también por el escaso apetito por el riesgo que ha caracterizado, y que aún caracteriza, al ahorro en España. Todo ello no quiere decir que no se hace nada, sino simplemente que lo que se hace es poco y que queda mucho camino por recorrer.

Si queremos avanzar por el camino de la innovación y asegurar el futuro de las nuevas generaciones, es preciso abordar estos problemas de manera eficaz y coordinada. En cierta medida es esperanzador que en las reuniones que tuvieron lugar para la redacción del informe de la OCDE participaran representantes del sector privado, de la Administración Central y de las Administraciones Autonómicas. Pero no deja de ser preocupante el escaso eco del propio informe a pesar de su interés. Se trata, en definitiva, de una hoja de ruta hacia la modernidad que constituye un buen punto de partida para la elaboración de una estrategia viable para afrontar el futuro.