Bruselas lleva a los tribunales a Berlín por emisiones de Mercedes

Otoño gris para la reputación de la industria automotriz alemana. Coincidiendo con el enésimo mea culpa de Volkswagen por el trucaje de miles de coches, la Comisión Europea llevó ayer a Berlín a los tribunales de nuevo por las emisiones: esta vez, por permitir a Daimler, el fabricante de los lujosos Mercedes, usar gases refrigerantes terminantemente prohibidos por las consecuencias sobre el efecto invernadero en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos. Bruselas da ese paso con años de retraso, pero dispara con bala: denuncia la connivencia entre las autoridades alemanas y el sector bandera de la industria germana.

Berlín "no ha dado los pasos necesarios", asegura Bruselas, para cumplir una directiva

Una de las claves de la crisis bancaria que estalló con la quiebra de Lehman Brothers fue la complicidad entre la banca del Atlántico Norte y unos supervisores capaces de mirar una y mil veces hacia otro lado. La crisis de la industria automotriz alemana traza un paralelo evidente con el huracán financiero: Bruselas sugiere cada vez con más fuerza que los mecanismos de control no funcionan por la indulgencia de los supervisores con los fabricantes de vehículos. La Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la UE— llevó ayer al Tribunal de Justicia europeo a Alemania. La acusa de permitir al grupo Daimler usar como refrigerante en sus coches un gas prohibido por el efecto invernadero que provoca. Y de no adoptar durante años ninguna medida correctiva pese a los continuos avisos de las autoridades europeas.

Bruselas llega tarde: Berlín permitió la entrada de vehículos del grupo Daimler en el mercado europeo a sabiendas de que no cumplían con la directiva europea desde 2011. Las autoridades alemanas facilitaron que se ampliara una homologación anterior para saltarse las normas, en connivencia con la industria. Además, nunca se aplicaron sanciones, a pesar de los repetidos toques de atención europeos.

Daimler anunció en octubre que sus coches —básicamente, las clases E y S— cumplirán con la regulación, pero solo a partir de 2017: la Comisión estima que hay caso y los tribunales deberán decidir por los miles de vehículos vendidos a partir de enero de 2011, con la entrada en vigor de la normativa europea de aires acondicionados.

A Bruselas le ha costado cuatro largos años de incumplimientos demandar a Alemania, pero a cambio en estos momentos el caso va más allá de Mercedes. Europa es consciente que desde el estallido del escándalo Volkswagen “todos los ojos están puestos en la industria automotriz”, explicó ayer la comisaria Elzbieta Bienkowska, quien subrayó la importancia de poner en marcha “una reforma regulatoria y un mayor activismo a todos los niveles”.

Más supervisión

Bruselas trabaja en una propuesta para reforzar la independencia de los mecanismos de control y de los supervisores en la industria automovilística, ante los graves problemas detectados a raíz del escándalo de Volkswagen, que vuelven a ponerse de manifiesto con Mercedes.

El caso viene de lejos. Bruselas prohibió en 2011 los gases refrigerantes que usaban los vehículos de Mercedes en los sistemas de aire acondicionado por su efecto contaminante. Las autoridades alemanas no movieron un solo dedo para evitarlo, pese a que la marca (que aducía que no cambiaba esos gases por seguridad) exporta por toda Europa. Tanto las autoridades de transporte alemanas como la Comisión han reiterado que los gases refrigerantes que se negaba a usar Mercedes para cumplir con la directiva son perfectamente seguros. Francia llegó a prohibir la importación de los Mercedes durante el verano de 2013.

Daimler aseguró hace apenas dos meses que finalmente cumplirá con todos los requisitos regulatorios, pero solo a partir de enero de 2017. Mercedes se comprometía así a “cumplir con la directiva europea”, amén de insistir en sus “estándares de seguridad” y en la “protección del medio ambiente”. Pero puede que para 2017 la justicia europea haya emitido ya su veredicto, a la vista de que la corte de justicia de Luxemburgo suele tardar en torno a un año para resolver este tipo de demandas.