Los arquitectos de la UE, los primeros en convalidar su título con EE UU

Bruselas tiene un claro objetivo que cumplir en 2016: la firma del macrotratado comercial e inversión entre Estados Unidos (EE UU) y la Unión Europea (UE) conocido como TTIP, por sus siglas inglesas. En caso de que se cumplan las expectativas —aunque por ahora reina un gran escepticismo entre los expertos— los arquitectos formarán parte del "proyecto piloto", según fuentes europeas, de mutuo reconocimiento de profesionales a un lado y otro del Atlántico.

Para ello el TTIP deberá ser primero ratificado por las partes cuanto antes. El motivo principal, según ha reiterado en numerosas ocasiones la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, es que bajo el mandato del presidente Barack Obama el acuerdo siempre será más fácil de alcanzar. El cronómetro por tanto ya está en marcha y ambos bandos tendrán 11 meses para negociar; el 8 de noviembre se celebrarán elecciones en EE UU.

El Colegio de Arquitectos de España, algo sorprendido por la información, ha querido responder a EL PAÍS con cautela pues ve en esta iniciativa "oportunidades y amenazas" por igual. "El hecho de que se abran servicios es una oportunidad para el mercado laboral", opina.

La de Arquitectura es una profesión muy avanzada en el reconocimiento de sus profesionales y técnicos en el extranjero. Ya en 2005 se firmó un acuerdo entre los arquitectos europeos para poder trabajar en uno u otro país importando poco la nacionalidad, siempre y cuando fuera comunitaria. El segundo paso, que se esperaba desde hace diez años, era el reconocimiento por parte de la autoridad competente estadounidense. Pero eso nunca llegó. Sí existe, sin embargo, el NAAB, una asociación americana que se encarga de convalidar el título, explica Jorge W. un arquitecto español que desde hace casi un año ejerce en Londres. "Tiene competencias a nivel nacional e internacional y evalúan tanto los títulos de arquitecto en universidades americanas como en el extranjero". Pero el problema principal en EE UU, donde no pueden ejercer, es "sin duda" el visado de trabajo. 

En todo caso, la asociación de arquitectos, a través de un comunicado, advierte de que en el hipotético escenario de que todo fluya en 2016 y se acabe por rubricar el TTIP, tendrán que ser las profesiones en cuestión las que "deban mostrar su interés" para lograr ese reconocimiento de su labor a un lado y otro del Atlántico.

Los arquitectos españoles no lo ven claro y piensan, según su comunicado de tres páginas, que esto sería una "marcha atrás" en todo el proceso puesto que implícitamente la profesión está reconocida desde hace 10 años. Bruselas, sin embargo, no lo considera así y quiere que sus arquitectos sean los primeros "beneficiarios" del tratado. Además, fuentes europeas implicadas en las negociaciones aseguran que los psicólogos serían los segundos en ser reconocidos.

El tribunal de arbitraje, eterna amenaza

Son pocas las amenazas que El Colegio de Arquitectos de España identifica en la firma del tratado comercial con EE UU, excepto una: el tribunal de arbitraje (ISDS, por sus siglas en inglés) para la resolución de conflictos entre un país y una compañía extranjera.

Los arquitectos españoles aún ven este punto como "amenaza", según un comunicado, porque "siguen quedando dudas en cuanto a las resoluciones". En el caso de la Arquitectura, lo que más "preocupa" es que alguna sentencia pudiese afectar a la asignación de atribuciones que para los arquitectos hace la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en razón de la protección del interés general.

Tras meses de lucha entre los más escépticos a la creación de este tribunal privado —en que las leyes estatales poco o nada cuentan a la hora de evaluar los daños causados y los que se puedan causar en un futuro a una compañía por cualquier cambio en la legislación del país— finalmente el pasado 16 de septiembre Bruselas hizo pública otra fórmula más aceptada por todos. Un ISDS con jueces de destacada trayectoria y designados por los Gobiernos y no creado ad hoc, sino de sede permanente. En esta nueva fórmula, además, cabrá recurso de apelación, según Colin Brown, principal ideólogo de esta nueva figura propuesta por el Ejecutivo comunitario. Está por ver, sin embargo, si EE UU lo acepta. La Comisión presentará este plan a la parte estadounidense en febrero de 2016, según las fuentes consultadas.