Los auditores de la UE cargan contra Bruselas por trato desigual a los rescatados

La Comisión Europea “no estaba preparada” para la magnitud de la crisis que estalló en 2008 ni para la “gestión de los programas” de rescate, reza el exhaustivo informe de 85 páginas en el que el organismo asegura que Bruselas “dejó pasar las alertas” sobre la profunda recesión que obligó a ocho países de la Unión —Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda, Portugal, Grecia, España y Chipre— a solicitar una asistencia financiera millonaria a cambio de recortes en sus presupuestos públicos y ajustes en sus políticas económicas.

La crítica frontal de los auditores de la UE sobre la arquitectura de los rescates afectan a prácticamente todas las fases del proceso de la entrega de la ayuda a cuyas condiciones se han visto sometidos los cinco países analizados. Según el Tribunal de Cuentas, la Comisión erró desde la preparación de los cinco programas de asistencia financiera analizados (Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal) hasta la supervisión y la revisión de los cálculos, algo que Bruselas, en su extensa respuesta anexionada al documento, niega rotundamente.

“Los efectos de la crisis todavía se sienten a día de hoy (...) y es imperativo que aprendamos de los errores que se han cometido” en el pasado, ha declarado el español Baudilio Tomé Muguruza, miembro del Tribunal y responsable del documento. El organismo, con sede en Luxemburgo, denuncia también el “trato diferenciado”, prácticamente arbitrario, que han recibido estos países con necesidad de ayuda financiera durante más de un lustro. Bruselas, por su parte, lo ve “apropiado” y en su defensa alega que se trata de situaciones “específicas” de cada país que requieren, por tanto, soluciones a medida.

Por ejemplo, en algunos países las condiciones del rescate eran “menos rigurosas” que en otros, lo que significaba más conformidad por parte del país que se beneficiaba en mayor medida, explica el informe. Portugal —rescatado con 78.000 millones de euros entre 2011 y 2014— tuvo que asumir hasta 400 condiciones para recibir esa inyección económica frente a las apenas 60 que Bruselas impuso a Hungría en 2008, cuando la Comisión y el Fondo Monetario Internacional rescataron al país magiar con 20.000 millones.

Esta diferencia en el trato, explican los auditores, se pudo ver incluso en los diferentes objetivos de déficit marcados por el Ejecutivo de la UE, en algunos casos “más relajados de lo que su situación económica daba a entender”. El Tribunal de Cuentas considera, además, que las estimaciones del déficit “eran incompletas e imprecisas” y que los cálculos no fueron convenientemente revisados, ya que no fueron verificados por ninguna persona ajena al equipo que los elaboraba —compuesto por técnicos de la propia Comisión, el FMI y el Banco Central Europeo, que encarnaban la famosa troika de acreedores—. El tribunal es claro en sus reclamaciones: “Más transparencia”.

En el informe, los auditores evitan cuestionar si las previsiones de la Comisión para elaborar programas de rescate eran exactas y precisas, pues consideran que se trata de una tarea “difícil”. No obstante, considera “generalmente insuficientes” los instrumentos de los que se vale Bruselas para hacer tal cometido. Los expertos consideran que el sistema empleado para llevar a cabo los cálculos de las previsiones, junto a una falta de documentación precisa, dificultó la comprobación de la verosimilitud, o no, de sus propios cálculos. “Como las decisiones [sobre los rescates] se adoptaban bajo enorme presión, el almacenamiento sistemático y fácilmente accesible de los documentos de previsión no era prioritario”, remacha el Tribunal.

En su escrito de respuesta, Bruselas se defiende recurriendo a las dificultades de aquellos tiempos de crisis en los que las economías más expuestas de la UE —primero las europeas de fuera de la zona euro y después las del sur de la eurozona e Irlanda— fueron cayendo una tras otra. Y acepta, no obstante, la batería de recomendaciones del órgano auditor. “Aquella crisis no tenía precedentes”, intentó justificar ayer una portavoz económica de la Comisión.