El nuevo Gobierno deberá afrontar la renovación de los grandes supervisores

La salida del subgobernador del Banco de España Fernando Restoy se ha convertido en un detonante para renovar la institución, pero no es el único nombramiento en los grandes supervisores que deberá afrontar el nuevo Gobierno. En octubre acaba el mandato de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y está pendiente la renovación de tres consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El PSOE pide consenso en los nombramientos y los partidos emergentes también influirán.

Ante los tres procesos de renovación pendientes, el PSOE reclamará al nuevo Gobierno (cuando lo haya y lo forme quien lo forme) llegar a pactos para los nombramientos y recuperar el consenso de etapas pasadas. Fuentes socialistas han subrayado que el relevo de Restoy y los cambios en la CNMV y la CNMC deben servir para regenerar las instituciones. El mapa parlamentario con presencia de Podemos y Ciudadanos determinará que traten de participar en la elección de candidatos.

Lo primero que se pone por delante es si habrá Gobierno para negociar la nueva composición de los organismos. El PSOE, que subraya que está dispuesto a ejercer una leal oposición, quiere entablar un diálogo con el PP para pactarlos y mantener la tradición del consenso de legislaturas pasadas, roto en 2013 al formar el consejo de la CNMC. Los socialistas se opusieron entonces al modelo elegido: fusión de las antiguas comisiones en una sola. Ello determinó que el PP aplicase el rodillo de su entonces mayoría absoluta y realizase unos nombramientos a la medida, con una mínima representación de CiU y del PNV.

Tradicionalmente, los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) se han repartido los nombramientos de mayor a menor —dependiendo de quien ocupara el Gobierno— y han dejado huecos para los nacionalistas catalanes y vascos. Esta circunstancia puede cambiar con el añadido de Podemos y Ciudadanos, mientras que los nacionalistas podrían perder presencia.

Ese consenso se produjo en las designaciones del gobernador y el subgobernador del Banco de España. Restoy, que ocupaba la vicepresidencia de la CNMV, fue propuesto por el grupo socialista después de que el PP escogiera a Luis María Linde como gobernador en junio de 2012. En teoría, según los estatutos del supervisor, el gobernador es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y el subgobernador, por el Ejecutivo a propuesta del gobernador.

En principio, Linde tenía solo tres años de mandato, ya que la Ley de Autonomía del Banco de España fijaba como causa de cese cumplir 70 años, lo que en su caso ocurría en mayo de 2015. El Gobierno modificó la normativa para permitir que cumpliese los seis años normales, con lo que le quedan casi dos años por delante. También se cambió la obligación de que gobernador y subgobernador fuesen nombrados al mismo tiempo. Ello permitiría que el sustituto de Restoy, quien dejará su puesto en enero, pueda ser elegido para seis años y no de forma provisional para el año y medio que quedaría de mandato, aunque la ley también permite que el Ejecutivo pueda decidir opcionalmente esta posibilidad, antes obligatoria.

Pero antes de que Restoy abandone su cargo de producirá la renovación o relevo de Elvira Rodríguez al frente de la CNMV. Su mandato concluye el próximo octubre, al igual que el de la vicepresidenta, Lourdes Centeno. El nombramiento de ambas es renovable una vez y corresponde hacerlo al Gobierno a propuesta del ministro de Economía. La incógnita radica en si para octubre habrá nuevo Ejecutivo. De no ser así, la actual presidenta (ex ministra de Medio Ambiente y exdiputada del PP) debería seguir de forma interina hasta su ratificación o salida.

Al contrario que en el Banco de España, los nombramientos de presidente y vicepresidente de la CNMV se han hecho sin buscar pactos. La representación parlamentaria se ve reflejada en los otros tres consejeros no natos, lo que ha permitido presencia de los nacionalistas. El consejo de la CNMV tiene un puesto pendiente desde que Oriol Amat, elegido por CiU en su momento, dejó el cargo para presentarse a las elecciones catalanas del año pasado como número siete de Junts pel Si por Barcelona. Además de esos tres consejeros, figuran en el órgano como miembros natos el director general del Tesoro y el subgobernador del Banco de España (en correspondencia, el vicepresidente de la CNMV es consejero nato del Banco de España).

¿Más consejeros para la CNMC?

El Gobierno también debe abordar la renovación de la CNMC, en la que tres de sus consejeros están en funciones desde el pasado septiembre (María Ortiz, de la sala de Competencia, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, de la de Regulación) al haberse cumplido el primer mandato de dos años por el que habían sido elegidos, aunque pueden ser renovados cuatro años más de los dos que cumplieron. El actual Gobierno prefirió relegar la decisión al siguiente Ejecutivo por la cercanía de las elecciones generales y ya se va a cumplir un año en esa situación de eventualidad. La CNMC se creó con 10 consejeros (entre ellos el presidente, José María Marín Quemada, y la vicepresidenta, María Fernández), de los que todos fueron propuestos por el PP, con excepción de dos representantes de partidos nacionalistas: Idoia Zenarruzabeitia, por el PNV, y Josep Maria Guinart, por CiU.

El PSOE no quiso participar por discrepancias sobre el modelo elegido de la CNMC, que agrupaba a las comisiones existentes (Competencia, Energía, telecomunicaciones, entre otras). Ahora, aprovechando la renovación y una vez que el funcionamiento de la CNMC no ha sido tan nefasto como presumía, el PSOE se muestra más proclive a participar, al igual que los otros dos grupos políticos nuevos. Eso puede llevar a que, además de cambiar a los tres citados, se amplíe el consejo de 10 a 12 miembros y así incorporar a personas propuestas por dichos grupos y se pueda reflejar la representación parlamentaria.

En cualquier caso, se ha puesto en tela de juicio que en lugar de buscar una traslación matemática de la representación parlamentaria a estos organismos que se consideran independientes se procure nombrar a expertos en la materia que no tengan una adscripción política clara o no tengan ninguna. Aunque siempre se ha tratado de trasladar ese mensaje, al final ha respondido más a los intereses de los partidos. Los nombramientos de la CNMC fueron un ejemplo de aplicar la mayoría popular, aunque posteriormente el funcionamiento haya revelado la independencia del presidente del Gobierno que le nombró. Lo mismo ocurre para el Tribunal Constitucional y otros organismos del poder judicial.