Bruselas aprueba más ayudas públicas para el primer banco portugués

Bruselas ha aprobado un plan de recapitalización pública a Caixa Geral de Depósitos (CGD), el primer banco de Portugal, de hasta 5.160 millones de euros, según ha detallado el ministro portugués de Finanzas, Mário Centeno. A cambio, CGD deberá despedir 2.500 trabajadores y cerrar 300 oficinas, la mayoría de ellas en España. Centeno promete que los despidos serán en un clima de paz social.

La aprobación del plan por parte de Bruselas pone fin a seis meses de esperpento, con una dirección en funciones y, en los que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea echó por tierra una y otra vez diferentes proyectos de recapitalización presentados por el Gobierno portugués. El remate final llegó la pasada semana con el veto europeo al nombramiento de ocho de los 19 miembros del consejo de administración. Bruselas llamó la atención de que se incumplía la propia legislación portuguesa sobre acumulación de cargos.

El Gobierno socialista portugués, apoyado por lo grupos a su izquierda del Bloco y PC, consigue al final de la negociación que el primer banco del país siga siendo 100% público y que el dinero que se inyecte no se contabilice como déficit público, aunque sí elevará en varios puntos la deuda, que este mes ha superado el 131%.

El plan establecido para reflotar CG consta de una recapitalización directa de 2.700 millones de euros, y diferentes ingresos como la conversión de los 900 millones de cocos -inyección pública anterior-, más la autorización de emisión de obligaciones de la CGD por un valor no superior a los mil millones de euros, que nunca serán convertibles en acciones "para mantener el 100% del capital del banco público", según el comunicado del ministerio de Finanzas. Esa inyección de dinero obligará a rectificar el Presupuesto del Estado de este año, con votación en la Asamblea de la República.

La fracasada expansión de la CGD en España es una de las causas que explican la crisis de la entidad

En la misma nota oficial, se recalca que el acuerdo con la Comisión Europea sobre la recapitalización de CGD se ha hecho "en condiciones compatibles con la ausencia de ayuda del Estado". Este aspecto también ha sido subrayado por Margaret Vestager, directora general de Competencia de la CE. "La recpaitalización no es una ayuda del Estado", insistió Centeno en conferencia de prensa. El ministro portugués señaló que la fórmula encontrada es la primera vez que se utiliza por la Comisión Europea para socorrer un banco en apuros.  "La solución encontrada es una buena noticia para el sistema bancario portugués", concluyó Centeno.

El ministerio que capitanea Mário Centeno subraya que el plan tiene por objetivo recuperar la "rentabilidad de largo plazo con un aumento de la eficencia, reducción de costes y del riesgo de créditos".

A final de mes, el nuevo director general António Domingues —ex directivo del BPI elegido hace medio año— podrá tomar posesión de su cargo y recomponer su plan inicial. Aunque quería unificar el cargo de presidente y consejero delegado, Bruselas solo se lo permitirá durante seis meses. Tampoco podrá contar con ocho de los 19 consejeros que había elegido y deberá reducir el consejo de Administración a 15 miembros, un tercio de ellos del sexo femenino y todos con experiencia bancaria (el BCE también ha exigido que varios consejeros hagan un master express de reciclaje).

Domingues tiene por delante una labor difícil: sanear el primer banco del país, y, además, 100% público. Actualmente tiene una cuota de mercado del 17,7% en el crédito a empresas, el 29% del crédito hipotecario y el 28,7% de los depósitos. Pese a esas cifras, el pasado año perdió 171 millones de euros, y ya en el primer semestre de este año ha perdido 205 millones, con un crédito moroso del 28,3%, el doble del sector.

La reestructuración pasa por el cierre de la mayoría de las oficinas del extranjero, cerca de 500; la peor parte se la llevará la red en España, con unas 300, pues se cerrarán prácticamente todas. Todos los despidos serán con jubilaciones anticipadas. La fracasada expansión de CGD en España hace unos nueve años es una de las causas que se apuntan para justiticar la crisis de la entidad, que en la actualidad tiene abierta una comisión de investigación en la Asamblea de la República.