Los Carceller evitarán la cárcel tras acordar con la Fiscalía pagar 92 millones de euros por el fraude fiscal

El acuerdo de Demetrio Carceller padre e hijo con Anticorrupción, que se fraguó el lunes pasado, supone la condena definitiva de los dueños de la cervecera Damm, uno de los principales grupos alimentarios de España. En su escrito de conclusiones provisionales, de julio de 2013, la acusación solicitaba para el nonagenario Carceller Coll una pena total de 48 años de cárcel por 13 delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, y otra condena de 14 años de prisión para su hijo por cuatro delitos fiscales y blanqueo.

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El fiscal consideraba —y así se entenderá a partir de ahora probado en sentencia firme— que, al menos desde 1990, Carceller Coll simuló residir fuera de España —concretamente entre Portugal y Reino Unido— para eludir sus obligaciones con Hacienda. Aunque el anciano empresario pasaba sus días entre su domicilio de Madrid y su residencia de Galapagar, adoptaba numerosas medidas de precaución para evitar ser detectado: evitaba restaurantes y sitios de ocio, pagaba sus compras siempre en efectivo y delegaba la firma de sus negocios en su hijo o en su hombre de confianza, José Luis Serrano, también condenado en esta causa.

Esta estrategia de discreción le permitió ocultar durante años que era el titular real de “importantes paquetes de acciones” de empresas domiciliadas y que operaban principalmente en España.

Los rendimientos que le daban estos títulos se desviaban a un entramado de sociedades radicadas en terceros países, la mayoría paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo y las extintas Antillas Holandesas. Desde allí, los fondos se invertían en grandes operaciones inmobiliarias, generalmente en Estados Unidos, según el relato de acusación del fiscal que ahora deviene en sentencia firme. La red de sociedades interpuestas estaba a cargo del abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que completaba el banquillo de los acusados.

El fiscal, en virtud del acuerdo de conformidad, rebaja en varios grados la gravedad de las penas solicitadas inicialmente. Así, al tener en cuenta que los acusados habían “reparado totalmente el daño causado” antes del juicio, reduce de tres años y tres meses a seis meses y nueve meses, según los casos, las penas por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública. Al no superar cada una de estas penas individualmente el año de duración, el Código Penal permite sustituirlas por una multa, que se fija en 55,65 millones y que se detraerá de la fianza que les fue impuesta a los acusados.

Cuota rebajada

Esta rebaja penal, que evitará a los condenados ir a prisión, se suma a la reducción en las cuotas defraudas pactada el 15 de julio pasado después de que las defensas aportaran nuevos documentos que fueron validados por la Agencia Tributaria, que presentó una nueva propuesta de liquidación. Así, de los 45,33 millones de euros, que se consideraban defraudados entre 2003 y 2009 en los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades y de Patrimonio, y que generaban unos intereses de 16,82 millones, se pasa a una cuota defrauda de 24,68 millones con unos intereses de 12,05 millones. Estas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, “extremo determinante para alcanzar la conformidad”, recuerda la fiscalía.