El fiscal pide 64 años de cárcel para Aristrain por defraudar 211 millones

En su escrito, la fiscalía de la Comunidad de Madrid considera que Aristrain realizó un “montaje puramente artificial” para “deslocalizar su domicilio fiscal” y su cartera de acciones, y eludir así los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el de Patrimonio y el de Sociedades en esos ejercicios. La investigación la ha realizado el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El ministerio público señala que Aristrain constituyó en 1998 una sociedad en Holanda llamada Corporación JMAC BV. Esta mercantil le servía para acogerse de “forma abusiva” al “muy beneficioso” tratamiento fiscal que otorgaba entonces aquel país a las sociedades tenedoras de participaciones. Las sociedades domiciliadas en Holanda no tributaban ni por los dividendos de las acciones ni por las plusvalías generadas por la venta de aquellas.

Cuando Holanda dejó de mimar fiscalmente a estas sociedades tenedoras de acciones, Aristrain, según la Fiscalía, la trasladó a Luxemburgo. En el Gran Ducado, la empresa figuraba como participada al 100% por una mercantil española –Corporación J. M. Aristrain-. Esta sociedad española tenía, a su vez, dos propietarios: el 69,17% correspondía a Aristrain como persona física y el resto era de la fundación navarra Aristrain de la Cruz. Pese a tener domiciliada la empresa en Luxemburgo, la gestión y dirección efectiva de la Corporación se llevaba desde el domicilio del industrial en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Con esta treta, Aristrain logró, según la Fiscalía, que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas. Con ello causó un quebranto a la Hacienda española de más de 130 millones de euros.

Parte de los beneficios obtenidos por la luxemburguesa Corporación JMAC BV eran reintroducidos en España y la otra parte se desviaban supuestamente a sociedades radicadas en paraísos fiscales. Una de estas mercantiles, Restoration Cars Ltd, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas corría con los gastos de una residencia en Gstaad (Suiza), donde el empresario fingía tener su domicilio. También se encargaba de mantener su yate de recreo, denominado My Steel, su colección de coches de lujo y otros gastos personales, que tampoco fueron declarados.

Con el mismo objetivo de eludir el pago de impuestos, en 2005 “simuló” haber trasladado su domicilio social a Suiza, lo que originó un perjuicio a la Hacienda Pública de más de siete millones de euros por el IRPF y de casi tres millones por el impuesto de Patrimonio. En total, la Fiscalía sostiene que el perjuicio total causado a la Hacienda Pública alcanza los 210.980.706,23 euros.