La Audiencia Nacional encarceló a los exdirectivos de NCG “para evitar la impunidad”

"La gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroeconómico producido determina que, en aras a evitar la impunidad, sea necesario el ingreso en prisión de los cinco condenados". Con esta frase, en un breve auto, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional argumenta la decisión de arrestar y mandar a la cárcel a cuatro exdirectivos y un asesor jurídico de Novacaixagalicia (NCG) que se concedieron a sí mismos antes de marchar de la entidad indemnizaciones por 22 millones de euros. Desde el lunes, y después de que la policía tuviese que ir a buscar a sus domicilios a algunos de ellos, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego y Óscar Rodríguez Estrada cumplen la pena de dos años dictada por el Supremo en la prisión pontevedresa de A Lama, y Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas (el asesor), en la madrileña de Soto del Real.

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La Audiencia recuerda que "se trata de individuos que tenían la administración de una caja de ahorros que precisó de un rescate por el Estado" y que además "se encuentran investigados en otras causas". Por lo que, para "evitar la impunidad" y porque no han devuelto la indemnización de 10,4 millones impuesta en concepto de responsabilidad civil que se fijó en la sentencia, según la sala no se puede suspender, como los condenados habían solicitado y esperaban, el paso por la cárcel. "Máxime", apunta el auto firmado por los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz y Ana María Rubio el 16 de enero, "cuando se trata de penas consideradas por el Supremo como benévolas". El fallo indica que aún cabe formular recurso de súplica en el plazo de tres días desde la notificación a las partes.

Los exdirectivos, que favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de NCG por valor de entre 9.000 y 308.700 euros, prepararon sus propias prejubilaciones millonarias cuando entendieron que la entidad rescatada prescindiría de sus servicios. El auto explica que los condenados abonaron las multas impuestas, pero no alcanzaron la cifra reclamada como indemnización por responsabilidad civil. Esta cuantía no se satisfizo pese a la venta de un inmueble de Gorriarán por valor de 4.091.280 euros y a otros embargos inmobiliarios a directivos tasados en 1.285.994 euros. En el escrito judicial, de apenas tres folios, los magistrados no llegan a detallar qué parte de los 10,4 millones (una cantidad que los condenados recurrieron ante el Supremo) falta por cubrir.