España, a la cola en esfuerzo contra la pobreza de los países desarrollados

“Este es un momento decisivo para la historia de la humanidad. Los líderes mundiales se comprometen a acabar con la pobreza en todas sus formas”. Con estas solemnes palabras pronunciadas en septiembre de 2015, Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, presentó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se fijaban como primer objetivo acabar con la pobreza extrema en 2030. Dos años después, Oxfam Intermón se ha propuesto evaluar el camino andado desde entonces.

La ONG ha elaborado un índice que evalúa el esfuerzo de 152 países de todo el mundo por acabar con la brecha entre pobres y ricos. Esta clasificación no solo deja a España en mal lugar. Los autores del informe, elaborado con la consultora especializada en desarrollo y pobreza Development Finance International (DFI), sostienen que tres cuartas partes de los Gobiernos del mundo hacen menos de la mitad de lo que está en su mano para combatir la desigualdad.

“La baja puntuación de España se explica sobre todo por su mercado laboral. Le penaliza mucho tener un salario mínimo bajo en relación a su PIB per capita, que le sitúa en el puesto 98 de los 152 países. Y además está combinado con altos niveles de desempleo. También sale mal parada en la protección de los derechos laborales para las mujeres”, asegura en conversación telefónica Íñigo Macías, coordinador de Investigación de Oxfam. Los autores del informe acusan también a los gobernantes españoles de no impulsar una política tributaria suficientemente progresiva; y de su incapacidad para recaudar los fondos necesarios para una inversión pública capaz de financiar políticas sociales que estrechen la brecha social.

Este nuevo indicador no evalúa el éxito de las políticas contra la pobreza, sino tan solo su puesta en marcha. Es por ello que países con grandes desigualdades sociales salen mejor parados que otros más ricos. Y para analizar la efectividad de las políticas contra la desigualdad, Oxfam Intermón y DFI se fijan en tres criterios: el gasto en educación, sanidad y política social; en qué medida la política fiscal contribuye a la redistribución de la renta; y cómo los Gobiernos apoyan los derechos de los trabajadores mediante instrumentos como un salario mínimo o las bajas por maternidad y paternidad remuneradas.

Tendencia fiscal negativa

De los 152 países analizados, gana Europa por goleada. Entre los diez primeros solo hay Estados del norte o del centro del Viejo Continente. Les siguen países como Japón, Australia y Canadá, dejando a EE UU muy por debajo. Cierran la lista Gobiernos africanos como Nigeria, asiáticos como Bahréin y Myanmar, o europeos como Albania.

Los resultados en cada campo varían mucho de un lugar a otro. Hace tiempo que los líderes mundiales se han dado cuenta de la importancia del gasto social. Todos los países africanos se comprometieron en 2001 a aumentar su inversión en sanidad al 15%. Y en 2015, 160 Gobiernos mostraron su disposición a destinar a la educación al menos el 20% de su presupuesto. Pero los resultados son desiguales. Europa puntúa bien en gasto social, clasificación encabezada por Irlanda, Alemania, Finlandia, Bélgica y Francia; pero no tanto en progresividad fiscal, donde gana Sudáfrica.

Más problemática aún resulta la lucha contra la desigualdad a través de una política fiscal progresiva, en la que los que más tienen más contribuyan. El informe de Oxfam apunta como contraejemplo a un Estado miembro de la UE, Bulgaria, donde tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades es de un 10% lineal para todos, contribuyentes y empresas, independientemente de su riqueza. “La tendencia es negativa, ya que muchos países se han embarcado en una carrera muy dañina reduciendo las tasas impositivas, así como aumentando las desgravaciones”, señala el informe. Como ejemplo, los autores señalan que en 1990 el gravamen medio del impuesto de sociedades en los países del G20 rondaba el 40%. 25 años más tarde, este porcentaje había caído al 28,7%.