El Gobierno busca una salida a la guerra del IVA entre el fisco y las televisiones autonómicas

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3), la Sociedad Pública de Radiodifusion y Television Extremeña (Canal Extremadura), Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha (CMT), Corporacion Radio y Television de Galicia (TVG) y la Televisión Autonómica de Aragón (TVAA), entre otras, mantienen un pulso contra la Agencia Tributaria a cuenta del tratamiento del IVA. Hace un par de meses, la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, advirtió de que Hacienda les estaba sometiendo a una "asfixia económica" que las podía "abocar a la liquidación". Para intentar salvar la situación, el Gobierno ha introducido un cambio a través de la ley de contratos del sector público, aprobada la semana pasada.

Pero la guerra de estos entes públicos con Hacienda se libra desde mucho antes. Hasta 2014 las televisiones autonómicas solo repercutían —cargaban— el IVA de los ingresos por publicidad y patrocinio de sus programas pero no el de las subvenciones públicas que recibían a su vez de los entes públicos regionales. Sin embargo, se deducían todo el IVA que soportaban de todos sus gastos. El resultado es que aligeraban sustancialmente su factura fiscal y mejoraban su liquidez, porque era frecuente que la liquidación les saliera a devolver.

Pero Hacienda cambió de interpretación en 2014. Entonces comenzó a considerar que estas sociedades públicas tenían un objeto dual. Por un lado tenían una actividad comercial por los ingresos de patrocinio y publicidad; y por otro, desarrollaban un servicio público. Así que empezó a abrir inspecciones a las televisiones bajo el pretexto de que estas solo se podían deducir una parte del IVA, el que correspondía a su actividad comercial. Y para calcularlo aplicaba la regla de la prorrata. Como cerca del 90% de los ingresos de estos canales proceden de las subvenciones de los entes regionales y solo el 10% de sus anuncios, el nuevo método permitió que el fisco abriera decenas de inspecciones millonarias.

La tensión creció con la entrada en vigor de la reforma fiscal en 2015, que afectó a la ley del IVA. La nueva norma obligaba a los entes públicos a integrar en la base imponible el IVA las subvenciones. Es decir, a repercutir el IVA de la financiación pública. Esto encarecía su factura fiscal, un 21% más, y desencadenó una oleada de recursos de las televisiones ante los tribunales y, en consecuencia, otra catarata de actas de Hacienda. El pulso se recrudecía.

Volver al pasado

Las presiones de la Forta, las propias comunidades autónomas y la delicada situación financiera de estos entes audiovisuales han empujado al Gobierno a modificar la ley del IVA a través de una disposición de la ley de contratos del sector público, aprobada la semana pasada. "La financiación pública recibida por estos servicios públicos no estará incluida en la base imponible del IVA", precisa el subsecretario de Estado de Hacienda, Felipe Martínez Rico.

Tomás Lamarca, socio de LEAN Abogados y experto fiscalista, explica que el cambio legal invalida la reforma de 2015 que afecta a estos casos. "Es como si volviera a la interpretación inicial por la que no se soporta el IVA de las subvenciones y de la financiación pública que reciben estas televisiones". Lamarca recuerda que el asunto está muy judicializado e incluso han llegado recursos a Bruselas. Por su parte, Enrique Laucirica, secretario general de Forta, reclama que se "aclare definitivamente el tema. Es muy controvertido. Llevan años desarrollando la normativa y sigue sin estar clara".

Jesús Rodríguez Márquez, del despacho F&J Martín Abogados, advierte de que la nueva norma tiene efectos retroactivos. Aún así, el cambio no contentó a las televisiones autonómicas.