Empleo lanza un plan contra el fraude en la temporalidad y la brecha salarial de género

Con demora, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entre 2018 y 2020. De hecho, el primer borrador del plan estaba diseñado para el periodo 2017-2020. En él, se exponen, sobre cuatro ejes muy genéricos, 12 objetivos y 100 líneas de actuación para la Inspección en lo que resta de década. El Ministerio de Empleo apunta con él “refuerza el control de la contratación temporal injustificada, la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos”.

También señala el departamento que dirige Fátima Báñez que será “prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas [...] y se potenciará la supervisión de la brecha salarial”.

No hay más concreción sobre volumen de actuaciones por líneas o por objetivos de recaudación. Eso llegará en los planes anuales que se elaboran cada año, apuntan en el ministerio.

El control sobre la contratación está muy relacionado con la gran precariedad que acompaña a la recuperación laboral. Fuentes autonómicas, con competencias sobre la Inspección de Trabajo en este ámbito, admiten que esto supone un cierto cambio sobre el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude, que ponía el foco sobre esto, pero no tanto en el “empleo de calidad”. Según las cifras del Ministerio de Empleo, entre 2012 y febrero de 2018 gracias a esa lucha habrían aflorado 516.056 empleos irregulares y convertido casi 359.191 contratos indefinidos en temporales.

El incremento del papel de la Inspección en la lucha contra la brecha salarial es una de las medidas que el Ejecutivo ha propuesto a los agentes sociales en las negociaciones que mantiene con ellos sobre igualdad.

No obstante, los agentes sociales eludían hacer grandes valoraciones sobre el tema por no conocer la versión definitiva del plan ni los estatutos del órgano, cuya creación estaba recogida en una ley de 2015. Y esa era una de las críticas que hacían tanto UGT como CC OO, quienes ven con buenos ojos que el plan sea plurianual.

Faltan cambios legales Desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, su portavoz, Fermín Yébenes, se mostraba muy escéptico con el plan. Creía que muchos de los objetivos señalados en el plan ya forman parte de su trabajo cotidiano y que este plan es una mera maniobra publicitaria.

En su opinión, como en la de las fuentes autonómicas consultadas, el plan debería acompañarse de cambios legales que les ayudaran a perseguir fraudes. Y pone un ejemplo: “¿Cómo vamos a vigilar la jornada laboral después de la sentencia del Supremo que no obliga a las empresas a llevar el control? ¿Qué pido en las empresas?”.

Otro aspecto sobre el que pretende Empleo que la Inspección ponga la lupa es la nueva economía digital “con la puesta en marcha de nuevas unidades especializadas en la supervisión de la economía de plataformas”. Esta decisión llega tras conocerse las dos reclamaciones que la Inspección, en Valencia y Madrid, a Deliveroo por tener trabajando a repartidores como falsos autónomos.

Dentro del plan, el Gobierno también dio luz verde a los estatutos del nuevo órgano que gestionará la Inspección de Trabajo. Estará integrado, a partes iguales, por el Ejecutivo central, las 17 comunidades autónomas y los agentes sociales. Esto supone un desarrollo de una ley de 2015 con el que se buscaba articular un organismo encargado del gobierno de la Inspección ajustado a sus propias particularidades: ahora estos funcionarios dependen orgánicamente del Ministerio de Empleo, pero actúan en nombre de la Administración central o autonómica según la materia sobre la que actúen.