Nuevas ayudas para reformar la casa

Las ayudas públicas a la rehabilitación llaman a la puerta de más casas. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, aumenta las ayudas económicas para que los propietarios puedan ejecutar con más desahogo obras de conservación, seguridad, accesibilidad, mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y, además, las extiende a un mayor número de beneficiarios. Es un evidente intento por mejorar este capítulo, en el que España suspende con un parque de casas en un estado claramente mejorable.

A partir de ahora, no solo las comunidades de propietarios tienen derecho a un dinero público para rehabilitar las zonas comunes de sus edificios. También, y por primera vez en la historia de estos programas, las viviendas unifamiliares —aisladas o agrupadas en fila, en zonas urbanas y rurales— y los pisos individuales pueden pedir una subvención para ser reformados, también sus interiores. Además, los requisitos se flexibilizan: pueden acogerse los inmuebles construidos antes de 1996, en lugar de 1981 como en el anterior plan. Y se abre más la mano para que puedan beneficiarse las fincas en las que hay segundas residencias, alquileres vacacionales o incluso pisos vacíos: para acceder a las ayudas basta con que el 50% de las viviendas sean el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. En el anterior plan esta exigencia era del 70%, con lo que muchos edificios de ciudades pequeñas y destinos turísticos, en los que no reside nadie, se quedaban fuera, aclaran en Fomento.

Con este paquete de novedades el número de posibles beneficiarios aumenta en un tercio. "A estas ayudas podrían acogerse unos 17,5 millones de viviendas", apunta Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Aunque la realidad a día de hoy es bien distinta. Los españoles dedican al mantenimiento de sus viviendas poco más del 3% de su presupuesto familiar, el 5% en el coche. "El año pasado se reformaron 1,5 millones de viviendas, un 2,3% más que en 2016. Pero, apenas representa un 6% del parque de viviendas", recalca Molinero. Y cuando hay visados de por medio, la cifra mengua mucho. En 2017 se solicitaron 26.024 permisos para la restauración de casas, un 0,3% menos que un año antes, según Fomento. Son datos cuanto menos preocupantes dada la antigüedad media del parque español. "Envejece a un ritmo del 2% anual, la mitad de los inmuebles tiene más de 45 años y se han construido bajo criterios de poca calidad, por lo que es necesario empezar a priorizar la rehabilitación y reforma", se pronuncia Molinero.

Dentro de las ayudas para la conservación, seguridad y accesibilidad están, por ejemplo, el arreglo de cubiertas, fachadas y medianerías, cimientos o estructuras (fontanería, grietas...). También, la instalación de ascensores, rampas, videoporteros o sistemas domóticos. O "la ampliación de espacios de circulación en el interior de las casas, la adecuación del baño, la ampliación y adaptación de cocinas o salas de estar", dicen en Andimac. La cuantía máxima de la ayuda es de 3.000 euros por vivienda cuando sean obras de conservación y hasta 8.000 euros si mejoran la accesibilidad. Podrán alcanzar hasta los 14.000 euros por casa para personas con discapacidad —17.000 euros para casos severos—. En cualquier caso, las ayudas no pueden superar el 40% de la inversión (en el anterior plan el tope era el 35%), porcentaje que se eleva hasta el 75% cuando los ingresos sean inferiores a tres veces el Iprem y resida una persona con discapacidad o un mayor de 65 años y se acometan obras de accesibilidad.

El plan no pasa por alto otra de las asignaturas pendientes: el fomento de la eficiencia energética y la sostenibilidad en edificios residenciales (incluyendo sus pisos) y en unifamiliares, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Se incluye la instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación; ventanas más eficientes que eviten filtraciones y ruidos; mejora de la envolvente del edificio con aislamiento térmico y acústico; instalaciones para separar los residuos domésticos en el interior de las casas y puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos. Es una pequeña muestra de una larga lista de obras subvencionables en este nuevo plan que, además, contempla la figura de la rehabilitación por renta, según la cual el inquilino puede costear las obras a cambio del alquiler. "En este supuesto el arrendatario podrá tener la consideración de beneficiario". En las reformas energéticas, la cuantía máxima no podrá superar los 12.000 euros si es un unifamiliar y si son pisos los 8.000 euros (hasta el 40% de la inversión).

Tras las obras, los propietarios se pueden beneficiar de un ahorro anual en las facturas de hasta 1.700 euros. Además, la mejora de la envolvente y la protección solar revalorizan la vivienda hasta un 25%, según la multinacional alemana Sto. "Por cada euro invertido en aislamiento térmico se produce un retorno medio de siete euros", prosigue Carlos Castro, responsable de eficiencia energética de Danosa.

Medidas insuficientes

El sector aplaude el nuevo plan y cree que será un estímulo para aumentar las reformas. Pero aún se puede hacer más. "Debe aflorar todo tipo de economía sumergida para luchar contra el intrusismo profesional, creando una competencia sana y ayudando al cumplimiento por parte de todos de las obligaciones tributarias", señala Isabel Alonso de Armas, directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Aneer). "Las ayudas deberían venir acompañadas de la recuperación de la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico, que desapareció en 2013 y que animaría a más gente a reformar", cree Molinero.

Hay quien tiene claro el verdadero problema. "Respecto del gran problema que representa la financiación de las obras, debemos considerar que no se han tomado nuevas medidas de estímulo fiscal, como: Un IVA del 4%, que además afloraría la economía sumergida. Una desgravación real de las cantidades invertidas en rehabilitación. Se deberían encontrar nuevas líneas de financiación y de subsidiación de las obras", opina Carlos T. Pérez, arquitecto y asesor de arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. Además, "se deberían incluir en el presupuesto de las actuaciones subvencionables el coste de las tasas, impuestos y tributos", cree. Porque, "es importante entender que la rehabilitación energética, unida a la rehabilitación y mantenimiento general del edificio, es rentable socialmente pues se mantiene o se mejora la vida útil del edificio".

La pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas que tienen la competencia y que deciden el reparto de esas ayudas, que tienen carácter retroactivo al 1 de enero. "En mayo o junio ya podrían gestionarse las solicitudes" por parte de los beneficiarios, según Fomento.