Pepsi sigue los pasos de Coca-Cola y cierra un centro de distribución en México por la violencia

Pepsi se suma a Coca-Cola y abandona una de las zonas de México más golpeadas por la violencia. La embotelladora de la refresquera estadounidense ha anunciado el cierre de su centro de distribución en Ciudad Altamirano (Guerrero, suroeste) ante la ausencia de las condiciones mínimas suficientes para la normal operación de la planta, en la que trabaja un centenar de personas. La decisión de la firma que se encarga de embotellar los productos de Pepsi en el país norteamericano, Gepp, llega en plena batalla de los empresarios mexicanos para que las autoridades acaben con la inseguridad que acecha sus negocios a lo largo y ancho de México.

En un comunicado difundido este martes, Pepsi achaca el cierre a una decisión exclusiva de Gepp y aclara que continuará operando "normalmente" en México y, más específicamente, en Guerrero. "Nuestro embotellador Grupo Gepp tomó la difícil decisión de suspender sus operaciones de distribución en Ciudad Altamirano al no estar presentes las condiciones requeridas para la distribución de sus productos. PepsiCo respeta su decisión", apunta la empresa con sede en Nueva York.

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En marzo, Femsa Coca-Cola, su principal competidora, decidió abandonar temporalmente Ciudad Altamirano ante el hostigamiento del crimen organizado sobre sus 160 empleados. Son las mismas razones que han provocado la salida de Gepp de la urbe guerrerense. Ciudad Altamirano, localizada en los límites de Guerrero con el estado de Michoacán, es una de las zonas más afectadas por la actividad de varios grupos criminales: una célula de la Familia Michoacana que comanda Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pescado, y Los Tequileros, informa Pablo Ferri.

A finales de mayo, uno de las mayores grupos empresariales de México, la firma de lácteos Lala, también tuvo que echar el cierre a uno de sus centros de distribución en Tamaulipas (noreste) tras constatar que las condiciones de seguridad en la zona "no eran las adecuadas para seguir operando". Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de las grandes organizaciones empresariales mexicanas, que pusieron el grito en el cielo contra la creciente violencia que golpea al país latinoamericano y que ya hace mella en sus cuentas de resultados. "No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato", exigió la mayor patronal mexicana, la Coparmex, en un comunicado.

A la petición de cese a la violencia se sumó el paraguas que agrupa a las principales asociaciones empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE): "No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar", subrayó su presidente, Juan Pablo Castañón.

Más de cuatro de cada 10 empresas mexicanas fueron víctimas de un delito en 2017, según un reciente informe de Coparmex. Ese mismo año, el impacto económico de la violencia ascendió a casi 250.000 millones de dólares, el 21% del PIB, uno de los mayores porcentajes del mundo, de acuerdo conel último Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace. También es una de las economías avanzadas que menos invierte, en términos relativos, en sus sistemas de seguridad y justicia: apenas el 1% de su PIB. En abril, en plena campaña electoral para las presidenciales del próximo 1 de julio, fueron asesinadas una media de 90 personas por día en México. Es, por mucho, el momento más sangriento de su historia reciente.