La construcción de vivienda social cae hasta niveles de los años 50

La construcción de vivienda protegida fue la gran víctima de la recesión y los recortes presupuestarios, pero sigue hundiéndose a pesar de la recuperación económica. El año pasado solo se entregaron las llaves de 4.938 pisos sociales en toda España, según el Ministerio de Fomento. Esa cifra supone apenas un 9,2% de todas las viviendas terminadas. El volumen de pisos construidos es el más bajo desde la década de 1950. La parálisis en la promoción de vivienda pública se produce cuando las listas de solicitantes no hacen sino crecer. Al menos 400.000 personas aguardan por una casa asequible.

Úrsula Moreno, de 44 años, hace diez años se apuntó en el registro para pedir una vivienda de protección oficial (VPO) de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Llegó la crisis, se quedó en el paro y con dos hijos no pudo afrontar el alquiler de 850 euros de su piso en el barrio del Gornal. “No hubo manera”, resume. Su situación empeoró y su expediente pasó a la Mesa de Emergencia, que atiende a las personas que se quedan sin posibilidades de acceder a un piso. “Decidí ocupar un piso protegido que llevaba mucho tiempo vacío a la espera de que el Ayuntamiento me asigne una vivienda. Con todos los suministros a mi nombre, eso sí”, puntualiza.

La urgencia de miles de familias que se quedaron sin trabajo o incluso perdieron la casa no se tradujo en un incremento del parque de VPO. En anteriores crisis, los gobiernos habían desplegado planes de vivienda protegida, que servían para paliar las situaciones de emergencia y actuaban como amortiguador para las inmobiliarias ante el parón del mercado libre. Sin embargo, los ajustes presupuestarios se han cebado esta vez con las políticas de vivienda.

Esta vez ha ocurrido todo lo contrario. Desde el pinchazo de la burbuja en 2008 —ese año construyeron 68.587 pisos sociales— las entregas de VPO han caído el 93%. El desplome es especialmente acusado a partir de 2012, hasta llegar a los 4.938 pisos del año pasado. Es la cifra más baja de toda la serie del Ministerio de Fomento, que se remonta a 1991.

Sin embargo, es también el peor dato desde la década de 1950, según un estudio sobre el parque de vivienda pública elaborado por la economista y exsecretaria de Vivienda Cataluña Carme Trilla y el arquitecto Jordi Bosch para la Fundación Alternativas y Fundipax. “En estos años la VPO prácticamente ha desaparecido del sistema de vivienda español”, afirma Trilla.

El estudio señala que hoy se requerirían 1,5 millones de viviendas de alquiler asequible para “reconducir” las formas de “exclusión residencial” que se derivan de la “falta de solvencia de muchos hogares”. El grueso de esa demanda (1,3 millones) corresponde a familias que destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, pero también entran en el cálculo jóvenes que no pueden emanciparse y gente desahuciada o que duerme en la calle.

Listas de demandantes

Para ceñirse a un dato más objetivo, el informe señala que en las listas de demandantes de VPO hay al menos 400.000 personas. Ese registro no hace sino crecer, como se desprende de las listas de Andalucía o Cataluña, que hacen pública esa estadística. Y sin embargo, España no cuenta con suficientes viviendas para atender a todos esos ciudadanos. De acuerdo con la Federación Europea de Vivienda Pública, Social y Cooperativa, en España los pisos sociales en alquiler constituyen solo el 2,5% del parque de vivienda. Esa proporción está a años luz de Holanda (30%), pero también de Dinamarca (20%), Suecia (19%) o Reino Unido (17,6%).

La escasez de vivienda protegida se debe, explica Trilla, a la falta de presupuesto de los últimos años y a que gran parte de las viviendas pasan al mercado libre al cabo de un tiempo. “Las descalificaciones impiden tener un parque estable y que haya rotación en función de las necesidades de los ciudadanos. Y así, cada vez que hacemos un plan o se construye estamos empezando de cero”, explica Trilla.

Falta de ayudas

Los promotores coinciden en que en los últimos años la promoción de viviendas ha caído en picado por la falta de presupuesto estatal, pero también de financiación bancaria. “No se han dado las circunstancias para hacer pisos sociales de compraventa porque se retiraron todas las ayudas para promotores y compradores. Y el mercado de alquiler ha resultado complejísimo porque no ha habido ni subvenciones ni préstamos bancarios”, explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal inmobiliaria APCE.

Tras varios años sin ayudas para la VPO, los Presupuestos para el año que viene incluyen una partida de 350 millones que, entre otras muchas cosas, servirán para financiar pisos sociales de alquiler. Los promotores advierten de que esa cantidad es insuficiente, puesto que deberá repartirse entre todas las comunidades y, además, contiene ayudas ya comprometidas en planes antiguos. De hecho, el grupo parlamentario socialista estimó que para iniciar 5.000 viviendas en un año se requerían 400 millones.

Esa falta de partidas para VPO ha llevado a muchas comunidades y ayuntamientos a poner en marcha planes de vivienda usando recursos propios, como los anunciados recientemente en Cataluña o Baleares. En esta última, por ejemplo, en los últimos tres años solo ha entregado 14 pisos protegidos, de acuerdo con las estadísticas de Fomento. El año pasado, por ejemplo, no dio ninguno. En Barcelona, el gobierno de Ada Colau obligará a todos los promotores a reservar para VPO un 30% de los nuevos edificios que se levanten o rehabiliten.

A diferencia de la época de la burbuja inmobiliaria, ahora sí hay terrenos disponibles para pisos sociales. “Sí hay reservas de suelo. El problema es que sin ayudas al promotor ni al comprador, no hay incentivos para desarrollarlos”, sostiene Trilla. Los promotores lo confirman. “Las reservas están. En algunos casos se han reducido, pero están ahí”, añade Gómez-Pintado.

Así que esos suelos permanecen sin desarrollarse. Los ayuntamientos han recurrido a las cesiones de pisos de la banca, pero las entidades que luchan por el acceso a la vivienda las consideran insuficientes para rebajar la lista de demandantes y que no se repitan situaciones como las de Úrsula Moreno, quien, tras diez años, aún no ha conseguido una vivienda pública.