El jefe del Banco de Valencia dice que no propuso las operaciones que llevaron a la quiebra a la entidad

El exconsejero delegado de Banco de ValenciaDomingo Parra ha negado tener responsabilidad en las tres operaciones inmobiliarias que, según cálculos del FROB, dejaron un agujero de 160,5 millones de euros en la entidad. En la primera sesión del juicio contra la antigua cúpula del banco, que fue intervenido por el Banco de España a finales de 2011, Parra ha defendido esas operaciones y ha asegurado que eran tan buenas que incluso permitieron "ganar dinero" al banco.

Parra ha asegurado en varias ocasiones no ser responsable de nada al no haber tomado esas decisiones. "No soy quien plantea las operaciones ni pone las fechas ni con qué papeles se piden", ha respondido. "No he entrado nunca en estos pormenores", ha asegurado en otro momento.

El exconsejero delegado ha asegurado en varias ocasiones durante el interrogatorio, de aproximadamente dos horas y media, que "nadie se quejó ni puso ningún reparo en el consejo de Administración" sobre estas operaciones. "Ni el presidente ni ninguno de los otros 15 consejeros". Parra fue consejero delegado de Banco de Valencia desde 1994 hasta el 7 de octubre de 2011. Cuando fue despedido, Parra reclamó al FROB que le pague más de 10 millones de euros que figuraban en su contrato en caso de jubilación o despido.

El Banco de Valencia se vendió en 2012 a La Caixa por un euro, después de haber recibido dinero público por un importe que ronda los 6.000 millones de euros (998 millones hasta mayo de 2012 y 4.500 millones en la intervención del Banco de España). Sus antiguos directivos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por presunta administración desleal y apropiación indebida. La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Parra y Alfonso Monferrer, director de las participadas inmobiliarias. También están acusados los empresarios Salvador Vila, Juan Soler, Fernando Polanco, su mujer, Teresa Villalba, y el notario Carlos Pascual.

El fiscal, Conrado Sáiz, ha insistido en sus preguntas acerca de las operaciones de la sociedad de gestión de suelo Nou Litoral, constituida por el banco en 2013 junto a los promotores Vila y Soler para la compra de terrenos. El FROB calcula que esas operaciones causaron un quebranto a Banco de Valencia de 83,2 millones de euros.

Operaciones sin control previo

El Banco de Valencia tenía un 20% de las participaciones de la sociedad Nou Litoral. A la vez, le concedía líneas de crédito y avales para comprar suelo que debían pasar por la comisión ejecutiva y por el comité de riesgos. En al menos dos ocasiones, según ha relatado el fiscal durante la vista, las operaciones de financiación se aprobaron sin el visto bueno previo de ese último comité. Del resultado de una de esas ventas, Nou Litoral repartió un dividendo de 10 millones, de los que dos correspondieron a Banco de Valencia. "La empresa reparte dividendos porque ha obtenido beneficios, y Banco de Valencia, como es accionista, recibe", ha contestado muy tranquilo Parra a preguntas sobre si no consideró irregular ese procedimiento.

En otra operación de Nou Litoral se repartió un dividendo de 60 millones entre los cinco socios. A preguntas sobre si fue positiva para Banco de Valencia, Parra ha afirmado que Nou Litoral "fue un éxito absoluto hasta que vino la crisis".

En su querella el FROB aseguraba que se trató de "operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos socios del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia". Se refería tanto a Nou Litoral como Valenciana de Viviendas, que provocó un quebranto de 47,7 millones y Faverch, que costó 29,8 millones. Parra ha defendido ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estos procedimientos asegurando que se trataba de socios que eran clientes solventes y que ofrecían garantías. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Parra por presunta administración desleal, delito para el que plantea la alternativa de apropiación indebida, en cuyo caso la petición de condena aumenta hasta los seis años de cárcel. La de Parra es la petición más elevada. Para otros dos directivos (Carlos Zafrilla, exdirector de auditoría interna y Celestino Aznar, exresponsable de participadas) solicita tres años.