Los tribunales empiezan a paralizar juicios hipotecarios

Sentencias frenadas y juicios suspendidos a la espera de que se aclare la jurisprudencia, bancos que incumplen el nuevo criterio del Tribunal Supremo y obligan al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas y asociaciones de consumidores anunciando movilizaciones. La incertidumbre sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados se dejó notar el lunes, primer día laborable desde que estalló el conflicto, en bancos, notarías y tribunales.

Un juzgado de primera instancia de Valencia fue el primero en anunciar que frenaba los asuntos pendientes sobre esta materia debido a la "grave situación de inseguridad jurídica". Una medida similar adoptaron en la Audiencia Provincial de Pontevedra y en los juzgados de Zamora, San Sebastián, A Coruña y Santander, donde se han suspendido las deliberaciones ya programadas sobre esta materia, según fuentes jurídicas consultadas. Otros jueces han optado por celebrar las vistas ya señaladas pero aplazar las sentencias hasta que el Supremo aclare su doctrina.

El propio Supremo suspendió el pasado viernes la deliberación de los recursos relacionados con el impuesto de las hipotecas que ya tenían fecha prevista. La intención es evitar que se extienda el criterio fijado en la sentencia que el pasado jueves responsabilizó por primera vez al banco del pago de este tributo. Ahora serán los 31 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera del Supremo) quienes decidirán si confirman esa interpretación de la ley o la revocan.

Pero la decisión del Supremo no llegará hasta dentro de dos semanas, el 5 de noviembre. En España, según los datos de las entidades bancarias, se firman 40.000 hipotecas al mes, por lo que la incertidumbre que el Supremo prolongará durante 15 días afectará a alrededor de 20.000 casos. La confusión generada llevó este lunes al Consejo General del Notariado a enviar una nota a los casi 3.000 notarios de toda España aconsejando continuar con la firma de hipotecas, pero dejando constancia de que no se sabe quién debe asumir el impuesto de actos jurídicos documentados.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Supremo, que es la sección experta en tributos, tiene sobre la mesa varios recursos pendientes relacionados con este impuesto, pero las fuentes consultadas señalan que ninguno de ellos estaba ya ultimado como para poder resolverlo esta semana. Tras una reunión celebrada el lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, el de la Sala Tercera y los magistrados que firmaron la sentencia de la semana pasada se optó por acelerar al menos uno de esos casos pendientes para poder someterlo a la deliberación del pleno dentro de dos semanas.

Crisis interna

En esa reunión Lesmes intentó aplacar la brecha interna que ha producido este conflicto en la Sala Tercera desde que a mediodía del pasado viernes se hizo pública la decisión de su presidente, Luis Díez-Picazo, de revisar el criterio fijado un día antes que imputa al banco el pago del impuesto de las escrituras públicas de las hipotecas. Durante el encuentro, según las fuentes consultadas, el magistrado Nicolás Maurandi, presidente de la sección segunda, autora de la sentencia, cargó contra Díez-Picazo por haber difundido en su entorno que los jueces que firmaron la sentencia no le informaron de que iban a cambiar el criterio vigente hasta ahora según el cual el impuesto de las hipotecas lo pagaba el cliente.

Los magistrados le recordaron al presidente de la Sala que fue él mismo el que firmó el auto de admisión a trámite del recurso que ha dado lugar a este cambio y que en los últimos meses han hablado en varias ocasiones sobre el asunto, por lo que Díez-Picazo podía haber convocado al pleno para debatirlo. El presidente de la sala, según estas fuentes, defendió que su iniciativa de someter el criterio de estos jueces al pleno no pretende cuestionar esa decisión sino aclarar definitivamente la doctrina del tribunal sobre el impuesto de actos jurídicos documentados.

Al término de la reunión, Lesmes difundió una nota pública en la que respaldaba explícitamente a los magistrados que suscribieron la sentencia. Según el presidente del Supremo, los jueces han actuado "con plena lealtad" al tribunal y "con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley".