La pugna entre los hermanos Font pone en riesgo la unidad de Bonpreu

La discrepancia entre los hermanos Josep y Joan Font sobre el valor del grupo Bonpreu avanza hacia un escenario que, si no se llega antes a un acuerdo, puede acabar con la escisión del grupo en dos empresas diferentes. Josep, el vicepresidente, ha demandado a su hermano Joan, el presidente, para que acceda a comprarle su 50% de la empresa. La disparidad en las valoraciones de esta parte de la propiedad, después de cuatro informes distintos, es según Joan suficiente para emprender el proceso de escisión y dividir el grupo en lotes. Josep entiende que el derecho de separación está todavía vigente y pide entre 497 y 530 millones de euros por su mitad de Bonpreu. Los dos hermanos se han visto las caras este miércoles en el juzgado mercantil 8 de Barcelona. La jueza, que ha dejado el asunto visto para sentencia, decidirá en las próximas semanas si el escenario en el que se encuentra la pugna es todavía el de la separación y la valoración de las participaciones, o el de la escisión y la división de la empresa.

La pelea entre los dos hermanos, que tienen cada uno el 50% de la propiedad de Bonpreu, se remonta a la disconformidad de Josep acerca del reparto de dividendos y de las cuotas de poder de su hermano Joan, presidente y director general del grupo Bonpreu (holding de las marcas de supermercados y gasolineras Bonpreu, Esclat y Esclat Oil). Ambos han avanzado en la misma dirección en la parte comercial de una empresa que registra datos muy positivos (facturó más de mil millones de euros en 2017), pero en la cuestión de la propiedad han terminado en los tribunales.

En julio de 2017, Josep Font ejerció su derecho de separación y pidió a su hermano que le comprara su 50%. Ambas partes encargaron entonces informes para determinar el valor de la empresa y, por lo tanto, el valor de la mitad que estaba a la venta. El informe encargado por Josep a la auditoría Mazars cifraba el valor de la empresa en los 960 millones de euros; el informe encargado por Joan a Faura-Casas rebajaba la cifra a 380 millones. Al ser la diferencia entre los dos informes superior al 25%, los estatutos obligaron a realizar otra ronda de valoración. En esta ocasión, Josep encargó un informe a Grant Thronton, que dio una valoración de 1.100 millones de euros; Joan encargó el suyo a KPMG, que dio una cifra de 600 millones, y que precisó que la mitad, en caso de venta, valdría 210 millones. En esta nueva ronda también difieren en más de un 25% las valoraciones.

En la vista celebrada este miércoles, el perito ha señalado que el informe "más correcto y con menos defectos de metodología" es el realizado por Grant Thronton. Asimismo, ha señalado que el de KPMG tiene algunos errores que, si se solucionasen, también podría ser válido. La parte demandante ha solicitado que la valoración de la mitad de Bonpreu que Josep quiere vender, tomando en consideración estos dos informes, sea de 530 millones, o subsidiariamente, de 497 millones de euros.

Sin embargo, más allá de las cifras, lo que debe determinar la jueza es en qué momento se encuentra el proceso. Josep considera que todavía están en la fase de ejercicio del derecho de separación, y por lo tanto que todavía se tienen que negociar los términos de la venta. Joan considera que, después de dos rondas en las que las dos partes han presentado cifras que difieren en más de un 25%, se ha entrado, según lo que dicen los estatutos, en la fase de la escisión. Por ello, el presidente de Bonpreu emprendió el proceso de escisión con un comité al que no se presentó Josep. Ante esta negativa, el pasado mes de junio Joan depositó ante notario dos lotes de activos para dividir el grupo, una división hecha por el despacho de abogados Gómez Acebo & Pombo.

Ante esta "política de hechos consumados", Josep pidió a Marta Cervera, titular del juzgado mercantil 8 de Barcelona –la juez que ha presidido la vista de este miércoles– que adoptara medidas cautelares para frenar la división de Bon Preu. La jueza no aceptó estas medidas, y Josep puso un recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Ahora está por ver si la sentencia que dictará Cervera en las próximas semanas estima la demanda de Josep, y por lo tanto considera que todavía está en la fase de separación, o si la desestima, lo que significaría que se ha entrado en la fase de escisión y, por lo tanto, pondría más cerca la división de Bonpreu. Si este fuera el caso, Josep ya ha avanzado que interpondrá un recurso.

Respecto a la petición de 530 millones de euros, el defensor de Font ha advertido de que el pago de este dinero obligaría al grupo a ir a concurso. "Con más de 5.000 trabajadores no podemos pagar 530 millones de euros. Habría que ir al concurso. En cambio, con lotes sobrevivirá ", ha asegurado. Fuentes de la defensa del demandante han asegurado después que el grupo cuenta con unas cuentas sólidas que harían posible la operación sin temer por el concurso y, por el contrario, han considerado inviable funcionar con una estructura de lotes, que obligaría a compartir los servicios centrales.