La amarga campaña de la naranja española

La campaña citrícola está siendo amarga para los productores españoles. Los precios en origen de las naranjas y las mandarinas se han hundido y las protestas de los agricultores se extienden por los municipios de la Comunidad Valenciana, donde se concentra el 70% de la producción española. La crisis es el resultado de una conjunción de factores, entre los que el sector destaca el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica. El Gobierno se ha comprometido a aprobar medidas para paliar los efectos de la crisis.

“La situación es grave. Hay una parte de la cosecha que se está vendiendo barata, pero hay otra que ni siquiera se va a coger de los árboles porque no sale rentable. Para muchos está siendo una campaña dramática”, afirma Ricardo Bayo, secretario de organización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de la Comunidad Valenciana, el sindicato agrario que ostenta la presidencia de Intercitrus, la entidad que agrupa a la mayoría de productores, empresas de comercialización e industriales del sector.

Un kilo de naranjas se paga en el campo a unos 11 céntimos de euros, afirma Bayo. Y en los supermercados puede encontrarse desde 75 céntimos el kilo. La Asociación Valenciana de Agricultores-ASAJA estimó a finales de noviembre que las pérdidas de los productores ascendían a 163 millones de euros.

A la crisis han contribuido varios elementos. Una campaña abundante, que rondará los 7,5 millones de toneladas. Los dos temporales que azotaron el Mediterráneo en octubre y noviembre, impidiendo que parte de la cosecha alcanzara el calibre que exige el mercado europeo, principal destino de los cítricos españoles. Y un otoño más templado de lo habitual en el centro y el norte del continente, donde la demanda crece con el frío.

En ese contexto, destacan las organizaciones agrarias, ha resultado muy negativa la aplicación del acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica, que entró en vigor en 2016 y permite la importación de cítricos de este país hasta el 30 de noviembre con unos aranceles que en 2018 han sido del 11,6% e irán reduciéndose hasta desaparecer en 2026.

Campañas solapadas

La campaña del hemisferio sur, en principio, complementa a la española. Pero en la práctica las variedades tardías de naranjas y mandarinas sudafricanas se solapan con las primeras de la temporada española, que se extiende de finales de septiembre a mayo.

La consejera de Agricultura de la Generalitat valenciana, Elena Cebrián, ha pedido al Gobierno que inste a la Comisión Europea a activar la salvaguardia prevista en el acuerdo internacional, que implicaría un aumento de los aranceles.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha respondido sin embargo que no se dan las circunstancias para activar la cláusula contemplada en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Para ello es necesario que se haya producido un fuerte aumento en la importación de un producto en condiciones tales que amenacen con causar un grave perjuicio a un sector económico del bloque receptor. Según aseguró Calviño la semana pasada en el Congreso al ser interpelada por el diputado de Compromís Joan Baldoví —que llevó una naranja al Hemiciclo que aseguró que había comprado en Madrid el día anterior y era de origen sudafricano—, el volumen de naranjas importadas de Sudáfrica se mantiene “en niveles muy similares a los años anteriores al acuerdo”.

El Ministerio de Agricultura sí se ha comprometido, para tratar de evitar la “difícil” situación del sector en esta campaña, a retirar del mercado 50.000 toneladas de naranjas y mandarinas, con el fin de elevar los precios, una posibilidad prevista en la legislación comunitaria. La fruta se destinará a entidades caritativas y a la producción de zumo, que será distribuido gratuitamente a través de los bancos de alimentos. Los importes de la ayuda a los productores para la financiación de estas retiradas pueden superar los 12,5 millones de euros.

El Gobierno también ha aceptado estudiar la concesión de ayudas fiscales a los agricultores a través de rebajas en los módulos del IRPF y exenciones del IBI.