El gobernador del Banco de Portugal, en el punto de mira por los créditos fallidos que concedió Caixa Geral

El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, se encuentra nuevamente bajo el punto de mira. Los socios del Gobierno, PC y Bloco, han solicitado su cese tras haberse desvelado que participó en la concesión sin garantías de créditos, que han resultado fallidos, cuando trabajó en la Caixa Geral de Depósitos.

Las críticas a Carlos Costa llueven sobre mojado. Desde el primer día del Gobierno socialista (2015), el ministro de Finanzas, Mário Centeno, -exempleado suyo en el BdP-, intentó cesarlo. Las críticas se centraban en la mala gestión de la crisis del Banco Espírito Santo (BES), que decidió intervenir, y luego en la creación del supuesto banco bueno ,Novo Banco (vendido por cero euros y que ahora acaba de pedir mil millones de euros más al Fondo de Resolución). Sin embargo, protegido por el Banco Central Europeo, la destitución fue imposible.

Tras dos años de paz -en el que se plegó a aumentar los dividendos del BdP al Estado-, las críticas al gobernador han vuelto tras publicarse la auditoría realizada la Caixa Geral de Depósitos, primer banco del país. Ciento por ciento público, la CGD ha sido históricamente el banco en el que los sucesivos gobiernos -especialmente el de Sócrates-, empresas afines y amigos conseguían créditos en condiciones excepcionales y, además, en muchos casos, no pagaban. Durante siete años ha ido dando pérdidas y el actual Gobierno ha tenido que inyectar más de 4.000 millones para reflotarlo.

Aunque en principio el listado de los grandes acreedores de la Caixa tenía que ser secreto, el Parlamento consiguió que se hiciera pública y así se ha sabido que el actual gobernador del Banco de Portugal, durante sus años de ejecutivo de la Caixa (2004.2006), había participado en la comisión de créditos, concediéndolos sin las garantías debidas y finalmente sin pagar. Son operaciones de cientos de millones al millonario Joe Berardo (47 millones) o a la operación inmobiliaria Vale do Lobo (170) o al empresario Manuel Fino (150 millones).

Los dos socios del Gobierno, Bloco y PC, ya han solicitado su cese inmediato. "El Banco de Portugal no puede ser un refugio de exbanqueros", ha dicho la líder bloquista Mariana Mortágua, "so pena de ver su credibilidad aún más degradada a los ojos de la opinión pública".

Sin embargo, el cese, como en el intento anterior, es difícil. Fue nombrado en 2010 y renovado su cargo en julio de 2015 por el anterior Gobierno de centroderecha, pocos meses antes de la llegada socialistas. Un cese obligado solo lo puede decidir el Consejo de Ministros por "falta grave", y eso debería decidirlo el Parlamento en las conclusiones de la comisión de investigación que está en curso. De momento, los partidos de la oposición, el CDS y el PSD que lo nombró, no han apoyado la petición de cese, pero tampoco han respaldado al gobernador.

Tampoco se ha expresado el Gobierno, que ha dejado el trabajo de zapa a sus socios; sin embargo prepara una reforma de la supervisión financiera en la que reducen los poderes del gobernador del Banco de Portugal, que tendrá un mandato único de siete años.