La maldición del gas de Vaca Muerta

Argentina tiene grandes reservas de gas. Eso debería ser una ventaja, y probablemente lo será en el futuro. Ahora es un dolor de cabeza. Una medida del Gobierno de Mauricio Macri, la Resolución 46 de 2017, destinada a estimular las inversiones en los yacimientos de Vaca Muerta (Patagonia), se ha convertido en un lastre para las cuentas públicas, mantiene unos precios del gas artificialmente altos, ha indignado a las empresas del sector y puede acabar en un pleito ante los tribunales internacionales.

La historia comienza durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina empezó a importar gas licuado mediante buques cisterna que descargaban en el puerto patagónico de Bahía Blanca. Lo que debía ser una medida coyuntural se convirtió en una necesidad habitual a un precio elevado: el millón de BTU (aproximadamente 27,8 metros cúbicos de gas) se pagaba a unos 7,5 dólares, por el coste del transporte y porque los contratos se habían realizado a toda prisa y en condiciones desfavorables.

Cuando llegó a la presidencia, Mauricio Macri consideró que aquello era un derroche. En especial si se tenían en cuenta las reservas no explotadas en el subsuelo patagónico. Al presidente y a su ministro de Energía, Juan José Aranguren, se les ocurrió una idea brillante. En lugar de pagar 7,5 dólares por BTU en los mercados internacionales, con la consiguiente hemorragia de divisas (el gasto llegó a alcanzar 15.000 millones de dólares por año), se decidió pagar ese precio a las empresas argentinas que extrajeran gas en Vaca Muerta. El precio real era de unos cinco dólares, lo que suponía una subvención aproximada de 2,5 dólares por BTU.

El cambio de criterio de Macri perjudica sobre todo a Tecpetrol, filial del grupo Techint

Las empresas se lanzaron de cabeza a la oportunidad. La más audaz fue Tecpetrol, filial energética del grupo Techint, uno de los más poderosos del país. Se firmaron los correspondientes contratos de concesión, con el precio garantizado de 7,5 dólares, que en años siguientes debía descender paulatinamente hasta cinco. En el yacimiento de Fortín de Piedra se invirtieron 2.000 millones de dólares y el gas, de extracción atípica (con técnicas de fracking y similares), empezó a brotar en abundancia. En año y medio se pasó de cero a 17 millones de metros cúbicos diarios.

De ahí, de la abundancia, surgió el problema. Cuando los técnicos del Fondo Monetario Internacional empezaron a revisar las cuentas públicas argentinas, después de conceder un préstamo de 50.000 millones en junio de 2018 y de añadir 7.000 millones más, con mejores condiciones para todo el paquete, en septiembre, se sorprendieron ante el coste de la operación. Y decidieron que era intolerable. Macri había decidido, además, que las subvenciones se prolongaran hasta 2021 (tenían que expirar este año) para compensar las pérdidas de las empresas del sector por la profunda devaluación del peso frente al dólar, cercana al 50%.

Cambio ministerial

En verano de 2018, Javier Iguacel sustituyó a Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía. Iguacel venía de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte, donde había alcanzado cierta celebridad por construir un puente ferroviario (1.200 millones de pesos) por el que no podían circular trenes a causa de un error de diseño. En cuanto se hizo cargo de los asuntos energéticos, suspendió la construcción del gasoducto que debía unir el sur patagónico con las provincias de Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe, con viejos problemas de abastecimiento. El gasoducto hacía falta, pero el colapso del peso y la recesión imponían recortes. Luego se puso a estudiar cómo librarse de las subvenciones al gas de Vaca Muerta.

Iguacel duró poco. Apenas seis meses. En diciembre pasado, Macri decidió encargarse personalmente del problema energético y desmontó el Ministerio de Energía, rebajándolo a la categoría de Secretaría de Estado. Al frente de la misma colocó a uno de sus más fieles asesores, Gustavo Lopetegui. Macri y Lopetegui no podían suprimir las subvenciones, que acababan de prolongarse y, además, figuraban en los contratos públicos firmados con las empresas extractoras. Lo que hicieron fue anunciar que los 7,5 dólares por BTU solo se pagarían por la extracción de gas prevista en el momento de la Resolución 46, y no sobre la producción real, que había superado largamente las previsiones más optimistas. En el caso de Tecpetrol, eso suponía cobrar 7,5 dólares por la mitad de su producción, y unos cinco por el resto.

Los abogados de Tecpetrol declararon que no se habían fijado límites ni a la producción ni a las subvenciones en el momento de firmar las concesiones, por lo que la decisión del Gobierno no se ajustaba a las leyes mercantiles. La empresa, y otras que trabajan en Vaca Muerta, anunciaron que las nuevas condiciones no les permitían proseguir con el mismo ritmo de trabajo y les obligaban a cerrar tres de cuatro pozos. Eso, de momento. Anunciaron también que llevarían el asunto a los tribunales. En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores, la empresa explicó que “el cambio de criterio de pago alcanza retroactivamente a las liquidaciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. Dicho cambio implica hasta septiembre de 2018 un menor pago de 1.994 millones de pesos [42,4 millones de euros], y si se mantuviera para todo 2018, el impacto total del año ascendería a 5.655 millones de pesos”.

Los recortes amenazaron con dejar sin empleo a 300 trabajadores especializados. Gobierno, empresas y sindicatos acordaron el pasado 13 de febrero que los trabajadores de Tecpetrol afectados se redistribuirían en otras empresas y yacimientos. Pero el problema de fondo sigue sin resolverse. El precio del petróleo ya está liberalizado. El objetivo de Macri es liberalizar también el del gas, de gran importancia porque el 60% de la producción eléctrica argentina procede de plantas gasistas. Para el consumidor, el precio del gas ha aumentado un 400% entre 2016 y 2018, y en los próximos meses se espera un aumento de entre el 30% y el 50%.