De Siria a España: preservar la protección social ante el cambio climático
Es necesario trabajar por tener sociedades más cohesionadas y solidarias ante los desafíos sociales y económicos que el calentamiento global conlleva, y la función del Estado es clave en este contexto
En un cable extraído del sitio Wikileaks, el representante de la FAO en Siria en 2008, Abdullah bin Yehia, se hacía eco de unas palabras del ministro sirio de Agricultura en ese momento, Adel Safar, durante una reunión en julio de ese año, donde el gobernante declaraba que las consecuencias económicas y sociales de la sequía estaban “más allá de nuestra capacidad como país para hacerlas frente”.
La sequía que mencionaba Safar afectó a la República Árabe Siria entre los años 2006 y 2010, considerándose la peor sequía que ha afectado al país en 900 años. Vinculada con el cambio climático de origen antropogénico, su impacto sobre el campo sirio supuso el empobrecimiento y la ruina de decenas de miles de familias rurales, que ante la ausencia de ayuda y protección estatal se vieron forzadas a abandonar sus tierras y buscar abrigo en los extrarradios de las ya de por si sobrepobladas áreas urbanas del país.
En ese mismo cable, el representante de la FAO proponía utilizar el dinero del llamamiento internacional de ayuda ante la sequía “para proporcionar semillas y asistencia técnica a 15.000 pequeños agricultores en el noreste de Siria, en un esfuerzo por preservar el tejido social y económico de esa comunidad rural y agrícola”. Yehia preveía que, si esos esfuerzos llegaran a fracasar, el país enfrentaría un “proceso de migración masiva desde el noreste, lo que podría actuar como un multiplicador en las presiones sociales y económicas que ya de por sí estaban en juego y llegarían a socavar la estabilidad de Siria”.
Esto es, se estaba avisando del posible potencial de “destrucción social” que acompañaría a la erosión de la industria agrícola en la Siria rural, pudiendo llevar a la inestabilidad política, tal y como finalmente ocurrió.
No es cuestión de vincular de forma directa la sequía que afectó a Siria en ese momento con el desencadenamiento del conflicto que todavía asola el país. Pero sí que es necesario, en especial a la hora de proponer escenarios futuros vinculados al impacto del cambio climático sobre las sociedades, resaltar la capacidad de esos impactos para socavar las estructuras sociales, económicas o políticas de las sociedades.
De la experiencia siria podemos observar cómo la pobreza, la migración y el descontento provocados por la sequía fueron erosionando la cohesión social. Esta situación, unida a otros factores, demográficos, políticos, económicos, religiosos o étnicos, derivaron en crecientes protestas que acabaron en una guerra devastadora para el país.
Aunque no se puede volver atrás, la dramática experiencia en Siria nos permite vislumbrar la importancia de elaborar determinadas respuestas que, de forma proactiva, sean capaces de enfrentar la creciente posibilidad del aumento de la pobreza y los desplazamientos humanos vinculados al cambio climático en otras regiones y países, incluidos países desarrollados como España.
La primera lectura surge con bastante claridad:
No se puede dejar a nadie atrás ante el impacto del cambio climático. Es necesario trabajar por tener sociedades más cohesionadas y solidarias ante los desafíos sociales y económicos que el cambio climático trae consigo.
La función del Estado como garante de derechos y de protección de las personas es fundamental en este contexto, y son las propias estructuras del Estado las que deben ser conscientes de entender y reconocer que el cambio climático afecta también a las políticas y estructuras económicas y sociales, pudiendo influir igualmente en conflictos activos o latentes.
La demanda por los recursos hídricos y los alimentos puede llegar a amenazar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos
En España la cuestión del agua es, sin duda, uno de esos posibles conflictos latentes. El aumento de las temperaturas, el descenso de las precipitaciones y el mayor estrés hídrico con el consiguiente riesgo de sequía, que ya experimentan algunas zonas del país, implica la necesidad de proponer respuestas por parte de las administraciones públicas no sólo ante los impactos físicos, sino también ante las diversas dinámicas sociales negativas que pudieran surgir de estas situaciones.
Sólo a partir de sociedades cohesionadas se podrá hacer frente con garantías a los desafíos futuros que nos impone el cambio climático. La demanda y lucha por los recursos hídricos y los alimentos, la ausencia de políticas de empleo o de protección social, y el consecuente aumento de la desafección de la ciudadanía, tal y como ocurrió en Siria, pueden llegar a amenazar el contrato social entre gobiernos y ciudadanos, y la propia convivencia dentro de las comunidades.
El Estado sirio fue incapaz de aumentar la resiliencia de su población ante los impactos del cambio climático. No fue capaz de fortalecer su capacidad de respuesta a través de, por ejemplo, medidas de protección social que apoyaran y mejoraran los medios de subsistencia de la población o la creación de oportunidades alternativas de empleo, mediante la diversificación de los medios de vida, que pudieran promover la resiliencia a largo plazo.
En España, al igual que en otros países, es necesario que aprendamos de experiencias como la siria, y reconozcamos la importancia de mejorar y dirigir nuestros mecanismos de protección social hacia situaciones de mayor estrés climático.
Es importante en este sentido que nuestro Estado de Bienestar sea a “prueba de clima”, capaz de construir resiliencia, fortalecimiento social y reducir la vulnerabilidad, pero también capaz de evitar su sobrecarga ante el aumento de necesidades por parte de las comunidades y personas afectadas, garantizando igualmente los derechos ante los crecientes impactos del cambio climático.
Más información sobre la migración por la sequía en Siria y su relación con el conflicto en el blog “Migraciones Climáticas” y en el número dedicado al cambio climático de la revista “Tiempo de Paz”.
* Jesús Gamero es investigador de la Fundación Alternativas y miembro del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid
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