Competencia exige 400 millones a ACS, los bancos y Enagas por el fiasco de Castor
La CNMC inicia el proceso para que estas entidades devuelvan la parte de la indemnización que ya han cobrado
El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado este viernes iniciar la reclamación de la devolución de los casi 400 millones de euros que la constructora ACS y las entidades Banco Santander, Bankia, CaixaBank y la gestora del sistema Enagás recibieron por el almacén de gas natural Castor, una infraestructura que, tras desencadenar una serie de pequeños seísmos en 2013, fue clausurada sin entrar nunca en funcionamiento. El regulador toma esta decisión tras recibir el visto bueno del Consejo de Estado.
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 que permitió a la empresa Escal UGS –controlada en un 66,7% por ACS– cobrar una indemnización multimillonaria por la paralización del controvertido almacén de gas. La compensación superó los 1.350 millones de euros y los magistrados anularon el instrumento legal que el PP había diseñado para que las entidades afectadas pudieran recibir los cobros. Esta infraestructura –que formaba parte de una red estratégica de almacenes de gas natural– había sido ideada y autorizada por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Del pago de la indemnización, que abonaban todos los consumidores de gas a través de su factura mes a mes, se encargaba la CNMC. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Competencia paralizó esos pagos mensuales. E inició un expediente para recuperar también todo lo que ya se había abonado por el almacén Castor antes del fallo, que ronda los 400 millones de euros (incluyendo los intereses), según ha informado Competencia. Finalmente, y tras un informe favorable del Consejo de Estado, el pleno de la CNMC ha aprobado este viernes iniciar el proceso de reclamación y exigir la devolución a cada una de las entidades afectadas lo que ya han recibido, ya sea por la indemnización o por la retribución que se había acordado. El total sin contar los intereses asciende a 368,4 millones.
El monto mayor se le exige a Escal: 195 millones de euros. Al Banco Santander la CNMC le pide la devolución de 71,9 millones, a CaixaBank 48 y a Bankia 21,1. También se incluye una reclamación de 32,4 millones por lo que ha cobrado por la hibernación y mantenimiento de la instalación a Enagás, la compañía encargada de la gestión del sistema gasista en España. Según fuentes del sector, todas las entidades afectadas tenían reservadas esas cantidades ya en sus cuentas ante la previsión de que la CNMC les reclamara lo que habían recibido.
El proyecto del almacén de gas Castor está paralizado desde 2013. El anterior Ejecutivo del PP encargó a varios investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) un informe sobre las causas de los temblores que obligaron a su clausura y de los riesgos de reanudar los trabajos de inyección del gas, que fueron los que desencadenaron los pequeños terremotos. Así lo concluyó el informe de los expertos del MIT. Tanto el anterior Gobierno como el del PSOE dejaron claro que esta infraestructura no reabrirá.
El proyecto de almacén incluía una cláusula –aprobada por el Ejecutivo de Zapatero y respaldada por el Tribunal Supremo– por la que en caso de paralización del proyecto la empresa constructora recuperaría lo invertido, es decir, esos 1.300 millones de euros.
La fórmula que ideó el Gobierno el PP pasaba por que cada año (durante los próximos 30) las entidades financieras que costearon el proyecto recibieran 80 millones de euros, que debían pagar los consumidores de gas. Pero esa vía se sustentaba en el real decreto ley de 2014 que fue anulado finalmente por el Constitucional. Tras la sentencia el Santander, CaixaBank y Bankia (que habían adelantado la indemnización) presentaron en abril de 2018 una reclamación al Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para pagar la compensación por el cierre de este almacén.
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