Las grandes empresas españolas tardan 169 días en pagar, casi el triple del límite legal

Por primera vez desde el inicio de la crisis financiera, tanto el sector privado como el público han aumentado los días que tardan en pagar a los proveedores, según datos recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) correspondientes a 2018. Concretamente, la administración pública tardó en pagar 68 días de media, tres más que en 2017, frente a los 30 días que marca la ley. El sector privado tardó de media 81 días, cuatro más que en 2017, frente a los 60 que exige el margen legal, según la PMcM, la organización representa a casi un millón de empresas españolas.

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Las empresas que tuvieron el año pasado mayores retrasos en los pagos son las que cotizan en el Ibex. Este selecto grupo de empresas —sin contar con el sector financiero— liquidaron sus facturas en un periodo medio de 169 días, según cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recogidas por la plataforma en un informe publicado este jueves. Esto es casi el triple del plazo permitido por la ley, aunque supone una ligera mejora respecto al año anterior (13 días menos). Por el contrario, el tiempo medio de cobro de estas grandes compañías fue de 57 días. Los balances de la CNMV presentados por el colectivo cifraban el volumen de la morosidad del Ibex en más de 60.000 millones.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha criticado la impunidad con la que operan las grandes empresas, que “pagan tarde pero cobran en plazo”. Durante la presentación del nuevo informe sobre los plazos de pago de las empresas cotizadas, Cañete ha explicado que “estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, vulnerando la ley a través del uso de su posición de dominio”.

La PMcM ha registrado también un aumento en este último año del tiempo medio de pago de las comunidades autónomas (de 30 a 36 días) y entidades locales (de 45 a 65 días) a sus proveedores. Retrasos que contrastan con la reducción de plazos de la administración central (de 32 días a 30) y la Seguridad Social, (de 23 días a 14). Estos datos, que corresponden de diciembre a junio, estarían “perjudicando sobre todo a las pymes y autónomos”, que son los principales proveedores de las administraciones regionales, frente a las grandes empresas, las principales contratas de la administración central. “No podemos usar a los proveedores como escudos de guerra entre las administraciones”, ha criticado Cañete, quien ha pedido más responsabilidad a los políticos a la hora de financiar a las entidades locales y regionales.

La repetición de las elecciones ha dejado a comunidades autónomas como Madrid o Cataluña con problemas de financiación en los últimos meses,debido a que la prolongación de un Gobierno en funciones supone el bloqueo de 4.500 millones de euros de pagos a cuenta. Las comunidades ya han advertido que si no se desbloquea esta situación tendrán problemas para pagar a los proveedores.

Morosidad por sectores

El informe de la PMcM refleja que los principales sectores de las compañías españolas que cotizan en bolsa (Ibex y el resto del mercado continuo) han mejorado sus plazos medios de pago en 2018, aunque se mantienen sin excepción fuera de los límites legales.

El sector energético fue el que menos retraso registró, con una tardanza media de 92 días. También fue el que más redujo su tiempo de liquidación (un 10%). Por el contrario, el sector de comercio y servicios fue el que más tardó en pagar en 2018, 339 días de media, lo que supuso una reducción del 1% respecto al año anterior. Las empresas dedicadas al sector inmobiliario de la construcción tardaron una media de 267 días (un 7% menos) y el sector de industria 165 días (un 1% menos).

Ley contra la Morosidad

La plataforma ha vuelto a demandar a los políticos que se apruebe definitivamente la Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad para regular esta situación y acabar con la impunidad de las grandes empresas. Dicha ley, que contó con el apoyo de todo el parlamento, no se llegó a implementar debido a la disolución de la cámara por la imposibilidad de formar gobierno.

Cañete ha pedido que se aprueba la ley para establecer un régimen sancionador que sirva como medida disuasoria ante una situación de “preocupante morosidad” que “llevará sin duda al cierre de cientos de empresas y la quiebra de autónomos que no puedan asumir la tardanza de pagos”.