Los economistas proponen homogeneizar la fiscalidad ambiental

“La fiscalidad medioambiental es un puzle”. Así María José Portillo, profesora de la Universidad de Murcia, se ha referido este lunes durante la presentación del estudio La Fiscalidad Ambiental en España al panorama de los impuestos verdes en el país. El informe, elaborado por el servicio de estudios del Registro de Economistas de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), destaca que falta coordinación entre las distintas administraciones en materia de impuestos verdes y propone, entre otras cosas, aprobar una ley marco de fiscalidad ambiental, armonizar las políticas de imposición y subvenciones y unificar tributos.

"Hay cada vez más preocupación por el medioambiente y la política fiscal tiene que ser una herramienta cada vez más importante", ha subrayado el presidente del REAF-CGE, Jesús Sanmartín, durante la presentación del informe. Pese a la creciente concienciación y a la previsión de que los impuestos verdes irán aumentando en todo el mundo, en los últimos tres lustros tanto la presión fiscal medioambiental como el porcentaje de su recaudación sobre el total de tributos han disminuido en general y en Europa en particular.

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Entre los socios comunitarios el primer indicador bajó del 2,5% del año 2002 al 2,4% de 2017 y el segundo disminuyó del 6,8% al 6,1% en el mismo periodo. En España, que ha sido reprendida varias veces por Bruselas por los bajos ingresos de su fiscalidad medioambiental, la evolución ha sido parecida: entre 2002 y 2017 la ratio de la recaudación verde el sobre el total de ingresos tributarios pasó del 6,1% al 5,4%, siete décimas por debajo de la media de la UE, y la presión fiscal decreció del 2% al 1,8%. Estas cifras, aunque superiores a las de países como Alemania, están muy lejos de los números de Dinamarca o Grecia.

"En la mayoría de los países lo que más recauda son los impuestos sobre la energía", ha detallado Portillo. En España, el impuesto sobre hidrocarburos es el gravamen ambiental que más ingresos proporciona a las arcas públicas (13.156 millones de euros en 2017 de los 17.729 procedentes de tasas sobre la energía y los 21.382 totales). Los impuestos sobre el transporte, los segundos que más recaudan, sumaron 2.706 millones de euros en 2017, frente a los 947 millones brindados por las imposiciones fiscales sobre la contaminación y los recursos.

En este escenario, es el Estado la administración con mayor capacidad recaudatoria (82%) —aunque en algunos casos estos ingresos se reparten entre las comunidades autónomas—, seguida por los Ayuntamientos (10%) y las regiones (8%). El presidente del CGE, Valentín Pich, ha alertado durante la presentación de este lunes que sin embargo no será fácil abordar la cuestión medioambiental de forma "sensata y lógica" hasta que no se consensúe una reforma de la financiación autonómica y local.

El informe del REAF-CGE lanza unas propuestas concretas para modificar el actual panorama de la fiscalidad verde. Entre ellas, la creación de un impuesto estatal que grave las emisiones de NOx y SOx que se reparta entre las autonomías y el establecimiento de un impuesto sobre el agua —propio autonómico— cedido a las regiones. "Los impuestos verdes propios de las autonomías tienen similares objetos de gravamen, aunque muy diferentes definiciones de los elementos básicos para cuantificar la cuota a pagar, por lo que parece necesario dar un marco normativo estatal homogeneizador, pero dejando amplia capacidad a las comunidades autónomas para que modulen su cuota a través de los tipos de gravamen y de las deducciones", detalla el organismo. 

Además, el informe sugiere unificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) —competencia de los Ayuntamientos—y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), estableciendo cuotas que dependan de las emisiones de CO2 de los vehículos con regulación estatal, aunque la gestión y la recaudación se podrían ceder a las autonomías. Propone también elaborar una ley marco de fiscalidad medioambiental y adecuar las distintas políticas de subvenciones y de imposición, y recuerda que la UE está trabajando en la reforma de la directiva de la energía en cuyo marco se discuten medidas como gravar los billetes aéreos o diseñar una tasa que grave los productos en frontera en función de su huella ecológica.

"Al final hay que desincentivar determinadas conductas y asumir ciertos tipos de costes medioambientales porque hay productos que no los incorporan", ha concluido Luis del Amo, secretario técnico del REAF-CGE.