Así se combate el intrusismo profesional

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, se ha visto salpicada en los últimos meses por numerosos casos de irregularidades urbanísticas en los que, entre otras cuestiones, se le acusa de haber firmado planos de obras antes de tener el título de arquitecta. A finales de noviembre, no obstante, el Colegio de Arquitectos de Madrid archivó la denuncia por intrusismo interpuesta por un concejal de Más Madrid, alegando que no tenía capacidad para investigar a la diputada regional porque, cuando cometió las presuntas infracciones, aún no estaba colegiada.

Más allá de los nuevos capítulos que pueda tener el caso Monasterio, el intrusismo profesional es una conducta más grave de lo que suele creerse; de hecho, el Código Penal la tipifica como delito. El mayor número de asuntos judicializados por estos hechos tienen que ver con el sector de la salud (médicos que no lo son, curanderos que recetan tratamientos), pero también se producen en muchas otras disciplinas como la ingeniería, la abogacía o la arquitectura. Unos casos que, además de ser extensos y complejos, suelen conllevar condenas graves porque, a la correspondiente por intrusismo, se suman otras por ilícitos como estafa o falsedad documental.

El delito de intrusismo laboral tiene su origen en el siglo XIII, en el Derecho de Las Partidas de Alfonso X. El texto castigaba con el destierro a una isla remota o a la pena de muerte a los curanderos, boticarios o físicos que, aplicando métodos propios de médicos, provocaban la muerte de los pacientes. Ocho siglos después, hacerse pasar por un trabajador que no se es también pasa factura.

El artículo 403 del Código Penal sanciona a quien ejerza los "actos propios" de una profesión sin poseer el correspondiente título académico u oficial. Los supuestos más leves son sancionados con una multa. Pero si el infractor se atribuye públicamente la profesión que invade (haciendo publicidad o difundiendo tarjetas identificativas) o comete los actos en un establecimiento abierto al público, se le impondrán penas de prisión. En estos casos, el legislador entiende que la voluntad de engaño del autor es mayor y, por tanto, su infracción más grave.

Sin embargo, especificar cuándo se produce el delito no es sencillo. La mayor dificultad, precisamente, está en definir qué abarca el concepto "actos propios". Para los tribunales, este término hace referencia a aquellas tareas que el ordenamiento jurídico atribuye exclusivamente a determinadas profesiones, quedando fuera las labores otorgadas legalmente a varios oficios. No obstante, al no existir una guía que defina qué actos concretos son específicos de cada trabajo, esta distinción ha tenido que hacerse a golpe de sentencia.

Así, recientemente, la Audiencia Provincial de Ourense absolvió a un especialista en terapias naturales al considerar que las prácticas de osteopatía y la quiropraxia "no son competencia exclusiva de los fisioterapeutas". Asimismo, el Tribunal Supremo estableció en 2010 que asesorar en materia de extranjería no usurpa las funciones de un abogado. Para los magistrados, renovar permisos, solicitar visados u otros trámites similares "no son funciones únicamente reservadas a los letrados".

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los actos ilícitos corresponden a una misma profesión (médico) pero a distintas especialidades (dermatología y pediatría, por ejemplo)? La tónica general es rechazar que exista intrusismo si la titulación mínima es la misma. De este modo, en 2018, el alto tribunal absolvió a dos médicos que, a pesar de dedicarse a la medicina general, realizaban tareas propias de cirugía plástica. Los magistrados apuntaron que, si bien es cierto que ejercer en una clínica u hospital sin licencia constituye una infracción, "no podemos llegar a la misma conclusión respecto del médico que desempeña una especialidad sin el título correspondiente". Esta circunstancia, obstante, no exonera al infractor de ser sancionado por otras vías, como la disciplinaria o por imprudencia.

Combatir el intrusismo, no obstante, no es sencillo. Como se vio en el caso Monasterio, en muchas ocasiones los colegios profesionales solo tienen potestad para sancionar a sus miembros. Y los impostores, por definición, no forman parte de su masa de colegiados. Por eso, a menudo son estos organismos los que llevan el asunto ante un juez. En 2009, el Tribunal Supremo admitió la demanda del Colegio de Abogados de Madrid contra un hombre que falsificó el título de Derecho y adulteró su currículo para optar al puesto de director de Relaciones Laborales en Citibank. El demandado estuvo al frente del departamento durante casi una década y llegó a litigar ante tribunales. La sala le sancionó a cuatro años de cárcel por intrusismo y estafa, pero rechazó que debiera devolver a la entidad bancaria los salarios percibidos porque "el trabajo desempeñado por el acusado fue positivamente valorado".

Por otro lado, no importa que la conducta sea puntual para cometer el delito. A esa conclusión llegó la Audiencia Provincial de Cádiz en 2013 cuando condenó a un hombre que se hizo pasar una única vez por detective privado, vigilando a la hija del demandante (su cliente) e inventándose argucias sobre los constantes peligros en los que se encontraba la familia para alargar la investigación (y, por ende, elevar la factura).

Preservar la reputación

Con la censura del intrusismo no solo se persigue proteger a los colectivos profesionales afectados y a sus posibles usuarios, también se busca salvaguardar la confianza de la ciudadanía en la titulación administrativa "frente a actuaciones falsarias de impostores". Así lo afirmó el Tribunal Supremo en 1997, al sancionar a un técnico sanitario que ejerció varios años como ginecólogo sin tener el título de medicina. El Colegio de Médicos no le denunció hasta 20 años más tarde, después de que el demandado hubiera atendido a más de 8.000 mujeres, participado en congresos, recetando tratamientos y colocado dispositivos anticonceptivos.