Los alcaldes se rebelan por el plan de Hacienda para usar sus ahorros

El flanco municipal se le resiste al Gobierno. Los alcaldes afrontan divididos la controvertida propuesta de Hacienda que les permitirá gastar parte de sus ahorros para amortiguar el golpe de la crisis. El Gobierno negocia contra reloj con los regidores para que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apruebe el próximo martes el plan de Hacienda para llevarlo al Consejo de Ministros. Los Ayuntamientos del PP y de otros partidos se oponen a la propuesta, que permite a Hacienda quedarse con el grueso de sus ahorros para devolverlo en 10 años. A cambio, los municipios podrán gastar 5.000 millones de sus remanentes acumulados en la última década. El ministerio presentó ayer mejoras con las que espera desbloquear el asunto.

La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, atiende una de las peticiones de los alcaldes: garantiza fórmulas para que estos participen en el reparto de las millonarias ayudas europeas del fondo de recuperación aprobado esta semana y del que España recibirá 140.000 millones de euros. La FEMP aprobó en mayo una propuesta en la que pedía que se reservase el 14% de estas ayudas europeas a las entidades locales. Pero la oferta del ministerio no incluye ningún porcentaje de reparto. El nuevo documento de Hacienda también contempla la creación de un fondo de transporte, de 275 millones, para ayudar a los alcaldes a cubrir las pérdidas de sus servicios de autobuses urbanos. “Es insuficiente. Pedíamos al menos 1.000 millones”, dice Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, del PP. “Es hora de que el ministerio empiece a negociar con los alcaldes de todos los partidos, de que negocie con la junta de portavoces de la FEMP, no solo con los alcaldes que representan al PSOE”, dice Azcón, que se muestra pesimista. “O Hacienda empieza a tomar en serio a los Ayuntamientos o veo difícil el acuerdo”, remata. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el concejal de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, Jordí Martí; el municipalismo catalán y el gallego, rechazan la oferta del ministerio y reclaman una nueva negociación.

La nueva oferta de Hacienda no convence a la mayoría de regidores, que llevan años reclamando que este ministerio les permita utilizar los ahorros que consiguen cada año. Acumulan remanentes por 18.000 millones. Pero tanto la Ley de Estabilidad como la Constitución (artículo 135) impiden al Gobierno aflojar la mano sin embarcarse en un complicado proceso legislativo. Pero la crisis desatada por la pandemia ha convertido lo deseable en necesario.

Para salvar la rigidez de la Ley de Estabilidad, el ministerio se ha inventado una solución imaginativa: básicamente consiste en que los Ayuntamientos constituyan un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes. Como es voluntario, el Ejecutivo calcula que la deuda municipal ascendería a unos 15.000 millones. Con este importe, que entregarían a Hacienda, el ministerio les realizará un ingreso de 5.000 millones entre 2020 y 2021. El resto del préstamo, unos 13.000 millones, lo devolverá en 10 años. Al aumentar los ingresos de los Ayuntamientos, los alcaldes podrán aumentar su gasto, que es lo que reclaman. Esta fórmula no termina de convencer a los alcaldes porque les obliga a destinar ese dinero a movilidad sostenible (carriles bici), servicios sociales y cultura y no a otras necesidades. También se quejan de que Hacienda tardará 10 años en devolverles un dinero que es suyo. Y desconfían de que finalmente vaya a hacerlo. Además se quejan de la diferencia de trato: Pedro Sánchez ha mantenido un único encuentro telemático con la FEMP —iban a ser quincenales— frente a las 14 cumbres con presidentes autonómicos durante el estado de alarma.

Votación de la FEMP

El malestar es tal que la semana pasada ya hubo un intento por parte de la FEMP, que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, de aprobar la propuesta gubernamental. Convocó junta de gobierno el pasado viernes para que el Gobierno aprobara el acuerdo en un real decreto en el Consejo de Ministros de este martes. Pero Caballero tuvo que cancelar la votación al constatar que no tenía el apoyo mayoritario de la junta. Este órgano está formado por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Ciudadanos, Podemos-IU y Junts per Catalunya. Los socialistas necesitaban asegurarse al menos un voto más para aprobar el acuerdo con el Ejecutivo. Y no lo logró. Los representantes del PP, el de IU-Podemos (el alcalde de Rivas Vaciamadrid), el de Ciudadanos (Granada), y la de Junts per Catalunya (Canyelles-Barcelona) se oponían al plan. El malestar era generalizado, incluso en importantes regidores del PSOE. Una muestra de lo transversal que es el rechazo es que alcaldes de distinto signo amenazaban con una marcha de protesta hacia Madrid.

Abel Caballero comprobó la inquietud el pasado lunes en una reunión con representantes de las federaciones autonómicas de municipios. Y así lo transmitió al Gobierno. Hacienda negocia contra reloj porque necesita un gran apoyo. El texto se formaliza en un real decreto que tiene que pasar el trámite del Congreso, donde tampoco tiene asegurado el apoyo. Por eso ha mejorado su propuesta. La FEMP ha convocado una nueva junta de gobierno el próximo martes en busca de conseguir un amplio respaldo de los alcaldes al nuevo texto. Pero si no hay mejoras no parece que se apruebe por una amplía mayoría, lo que podría romper la unanimidad con la que ha actuado este organismo en los últimos 40 años.