El recorte de inversiones pone en peligro el plan de Sánchez para digitalizar España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado 23 de julio un ambicioso plan bautizado como agenda España Digital 2025, que pretende movilizar 140.000 millones para la completa “digitalización” del país en los próximos cinco años. De ellos, 70.000 millones se aportarán en los tres primeros ejercicios, correspondiendo 20.000 millones a inversiones públicas que procederán en la mayoría de las ayudas de la Unión Europea, y los otros 50.000 millones de inversiones privadas.

Siendo discutible la disponibilidad de fondos públicos para redes de telecomunicaciones en un país como España que, debido a la pandemia, destina mensualmente 14.000 millones de euros a pagar pensiones y prestaciones de desempleo, el protagonismo que se concede a las empresas privadas en la financiación de ese plan choca con la salud financiera de estas a la luz de los últimos datos. Y es que las cuatro grandes operadoras nacionales (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil) no solo no están aumentando sus inversiones sino que las han tenido que recortar drásticamente. En concreto, todos ellos las han reducido más del 20% en el primer semestre de este año, y los planes para el futuro van en esa misma línea restrictiva, aunque oficialmente se insista en el mensaje de la importancia de extender las redes de fibra óptica y de telefonía móvil 5G para la recuperación económica del país.

Pese a que las redes de telecomunicaciones han registrado más tráfico que nunca por el confinamiento, ese incremento no se ha traducido en mayores ingresos para las compañías. Al contrario, salvo MásMóvil, que sigue arrebatando clientes a sus rivales gracias a su oferta low cost, los otros tres operadores sufrieron fuertes descensos de facturación en el segundo trimestre. Y todos ellos admiten que la crisis económica provocada por la pandemia ha disparado los impagos y provocado que las familias migren a paquetes de servicios (teléfono fijo, móvil e Internet) más asequibles o de bajo coste, lo que seguirá minando sus ingresos en el futuro más cercano. La consecuencia es que si la facturación no sube la única forma de cuadrar las cuentas es recortar los costes y la inversión.

Y así está sucediendo. Telefónica de España redujo sus inversiones (capex) un 20,8% en el primer semestre hasta los 649 millones; Orange España invirtió un 26% menos hasta los 392 millones; MásMóvil recortó las suyas un 26,1% hasta los 185 millones en el mismo periodo. Vodafone España, con distinto calendario fiscal, no ha facilitado este dato pero las estimaciones del mercado apuntan en el mismo sentido. No en vano ha sido el operador que ha sufrido la mayor pérdida de ingresos en el segundo trimestre.

Los presidentes de las operadoras, que arroparon a Sánchez en La Moncloa en la presentación de la Agenda Digital 2025, cierran filas públicamente en torno a la importancia de la digitalización para la reconstrucción económica del país. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha ido más allá y ha planteado un pacto digital comprometiéndose a llevar la fibra óptica a todo el país antes de 2025. No será fácil. Actualmente, hay 31 millones de unidades inmobiliarias (hogares, locales comerciales y oficinas) en España. Y aunque solo 10,2 millones de clientes la tienen contratada, la red de fibra óptica de los cuatro operadores llega ya a 54 millones de hogares, porque a muchos de ellos llegan las de varias compañías siendo con diferencia la más extensa de Europa. El problema es que las compañías se pelean por los clientes más rentables, los de ciudades con mayor densidad de población o las zonas industriales, que tienen varias ofertas donde elegir al estar las redes duplicadas. Por el contrario, existen alrededor de seis millones de hogares, fundamentalmente en zonas rurales, adonde no llega ningún acceso a Internet por fibra porque no resulta rentable su despliegue. Y, en plena crisis, supone un reto para las compañías desviar inversiones hacia esos territorios sabiendo que no se van a recuperar ni a corto ni a medio plazo. Solo con fondos públicos se podría conseguir el objetivo.

Retraso del 5G

El otro gran capítulo del plan de digitalización es la puesta en marcha del 5G, la quinta generación de la telefonía móvil llamada a revolucionar el mundo de las comunicaciones por su velocidad de descarga, la capacidad para mantener un gran número de dispositivos conectados al mismo tiempo y su corto tiempo de respuesta (latencia) que permitirá aplicaciones como la conducción autónoma sin conductor.

Vodafone fue pionera en comercializar los servicios 5G en el mercado español en junio de 2019 y actualmente lo presta parcialmente en 21 ciudades. Orange tiene previsto arrancar en la primera quincena de septiembre en cinco grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga), un lanzamiento simultáneo al que realizará MásMóvil puesto que tiene un acuerdo para usar la red del operador francés. Movistar no ha revelado sus planes pero su estreno en 5G se producirá antes de que acabe el año.

De todas formas, se trata de un lanzamiento más testimonial y de cara al marketing que real. En primer lugar, porque la cobertura no llega ni al 10% de la población total; en segundo término, porque los servicios se dan sobre la banda de frecuencias de 3,7 gigahercios (GHz) que apenas tiene penetración en interiores; y, sobre todo, porque se trata de una tecnología intermedia que, en realidad, es una evolución del actual 4G. Se la conoce como 5G NSA (Non-Standalone o 5G no autónomo) y no proporciona gran parte de las especificaciones del 5G SA (Standalone o 5G completo).

Para disfrutar del 5G con toda su capacidad habrá que esperar a la subasta de la banda de 700 MHz que el Gobierno tiene previsto lanzar en el primer trimestre de 2021. Aunque tanto el anterior Ejecutivo del PP como el actual de PSOE-Podemos han dicho que no tienen un afán recaudatorio, será difícil que con un déficit público desbocado, Hacienda no tenga la tentación de arrancar un buen pellizco a las compañías. Estas ya pagaron 438 millones de euros por la banda de entre 3,6 y 3,8 GHz, por lo que se estima que la de 700 MHz estará entre los 3.000 y 5.000 millones, según fuentes del sector. Un fuerte desembolso para unas frecuencias que hasta ahora han sido ocupadas completamente gratis por las cadenas de televisión tanto públicas como privadas, a las que además el Gobierno subvenciona la migración.

Ese nuevo tributo –aunque en los balances aparezca como inversión- llega en el peor momento para las compañías. Cuanto más abonen al Estado por las frecuencias, menos fondos tendrán para el despliegue de las antenas y las estaciones base que necesita el 5G. El presidente de Vodafone, Antonio Coimbra, estima que asegurar cobertura 5G a todas las empresas y hogares tendría un coste estimado para el sector de 5.000 millones, cifra que podría elevarse a 10.000 millones incluyendo casos de uso como el coche conectado.

Así que la previsión de que el 5G esté disponible para la mitad de la población el próximo año se antoja una quimera. Los expertos apuntan en que, el nuevo escenario de crisis por la pandemia, el 5G no estará disponible para la mayoría de los 50 millones de líneas que hay en España al menos hasta bien entrado 2022 o incluso 2023.

El temor común al “afán recaudatorio”

Las cuatro grandes compañías se preparan para participar en la subasta de frecuencias de comienzos de 2021. Aunque rivales en el proceso, tienen un objetivo común: pagar lo menos posible. El temor al “afán recaudatorio” del Estado les une.

“Todavía se desconocen los términos de la subasta, la tasa del espectro aplicable o las obligaciones de cobertura asociadas, por lo que no resulta posible establecer una valoración. En cualquier caso, si todos los factores anteriores se mantienen en términos razonables, la adquisición del espectro no supondrá una merma de la inversión en 5G”, apuntan desde Telefónica.

Un mensaje muy similar al que indican desde Orange: “El Gobierno ha repetido en distintas ocasiones que no tendrá un afán recaudatorio y confiamos en que así sea, con el fin de promover las inversiones e impulsar la digitalización, uno de los pilares estratégicos para la recuperación del país”.

“Esperamos que la subasta prime las obligaciones de cobertura y calidad de servicio de los operadores y valore el esfuerzo inversor de desplegar redes 5G potentes, que permitan a España seguir a la cabeza en el ámbito de las redes de telecomunicaciones, frente al afán recaudatorio que podría penalizar o poner en riesgo futuros despliegues”, precisan desde Vodafone.

Por su parte, desde MásMóvil señalan que participarán “en ese proceso en caso de que se den unas condiciones razonables que nos permitan tener opciones reales de obtener parte de ese espectro a un coste razonable para un cuarto operador”.