Tres empresas han solicitado ya más de 700 millones al fondo de rescate del Gobierno

Primero se conoció la petición de ayuda de Duro Felguera al fondo público de rescate de empresas estratégicas por valor de 100 millones. Días después lo comunicó Air Europa, que solicitó 400 millones para salvarse de la quiebra. Y ya hay una tercera compañía, en solo un mes desde que está disponible el fondo, que ha realizado el registro formal en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aunque todavía no ha trascendido de cuál se trata. Entre las tres superan los 700 millones de euros solicitados al Gobierno.

Con el trío de peticiones formales, el montante supera el 7% de la cantidad inicial con la que se ha dotado el fondo (10.000 millones) creado por el Gobierno, según fuentes del mercado. Además, hay otras tres empresas que ya han iniciado el proceso previo, con las que lo solicitado rondaría los 1.000 millones de euros. “Están en una fase preliminar, en la apertura del periodo de información previa”, explican estas fuentes. Es decir, hay un interés y si cumplen los requisitos acabarán presentando su petición.

La SEPI, consultada por EL PAÍS, no ha aclarado cuál es la tercera firma solicitante ni las otras tres que están en fase previa. “Por motivos de confidencialidad no podemos entrar en detalles particulares. Hay unos plazos que se tienen que cumplir y después, tanto SEPI como las empresas, están en la obligación de informar tras acordarse las condiciones”, explica un portavoz de la sociedad.

Las empresas que hasta la fecha han mostrado interés son, en su mayoría, de los sectores más afectados: turismo y transporte especialmente. El hundimiento del turismo internacional por la pandemia y la brusca reducción de movilidad de las personas ha dejado en la cuerda floja a muchas empresas que al cierre de 2019 eran solventes y ahora se tambalean.

Ese es, precisamente, uno de los requisitos para que el Gobierno pueda dar estas ayudas de Estado: que fuesen viables antes del coronavirus. También es obligatorio que sean estratégicas para el país, es decir, que justifiquen que un “cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional”, recoge el Boletín Oficial del Estado en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio.

Entre los otros requisitos destaca que tienen que demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, con una previsión de reembolso del apoyo estatal, así como que tengan su sede y centros de trabajo en España. Esta inyección está avalada por Bruselas de forma excepcional, como parachoques contra el deterioro de la economía durante la crisis del coronavirus. De esta forma, Europa pretende impedir la caída de compañías estratégicas viables en el Viejo Continente.

Avalancha en 2021

Así, en un mes (se pueden presentar las solicitudes desde el 8 de agosto) ya hay tres peticiones y otras tres en estudio. Un bagaje reducido respecto al total todavía, aunque se espera una llegada masiva para el primer trimestre de 2021. “El impacto del coronavirus no ha terminado y se verá el golpe cuando cierren cuentas en diciembre. El sentido común dice que la avalancha de solicitudes llegará a final del primer trimestre del año que viene”, argumentan fuentes del mercado.

Por el momento, muchas de las candidatas se están financiando con líneas ICO y otras ayudas. El problema es que estas medidas de apoyo tienen un plazo que cumplirá en unos meses en algunos casos y entonces será cuando entre en juego el fondo. A lo que se añade otra traba: la fecha límite para las concesiones es el 30 de junio de 2021, aunque según fuentes de la Administración ya se trabaja para alargar ese plazo y que dé tiempo a analizar todos los casos. Además, ante la avalancha que se espera, surge una duda: ¿será suficiente con los 10.000 millones? “Los datos macroeconómicos dicen que la caída será superior a esa cantidad, por eso es posible que se solicite un montante superior. Aunque existe la posibilidad de que se amplíe la cantidad inicial”, explican fuentes del mercado.

Air Europa y su venta a IAG

Una de las cuestiones controvertidas sobre el fondo es qué puede ocurrir si una compañía accede a la ayuda y luego se fusiona o vende a otra empresa. Según recoge la normativa del fondo de rescate, el Estado tiene varios mecanismos para ofrecer su apoyo. Uno de ellos es entrando en el capital, y en ese o en otras fórmulas podrá imponer condiciones y tener capacidad de veto en decisiones a futuro si así se acuerda.

En el caso de que entre en el capital de una empresa, como podría ocurrir con Air Europa, si esta se vende antes de devolver la cantidad prestada, el Estado tendrá que recibir su participación al precio de recompra que sea superior de los dos siguientes: “El precio de mercado en el momento del reembolso” o “la inversión nominal con cargo al Fondo incrementada por una remuneración anual igual a la suma de 200 puntos básicos (salvo en el octavo y sucesivos años)”. De esta forma, el Gobierno trata de asegurar que recupera las cantidades aportadas y, además, que lo hará de forma rápida, ya que la devolución será mayor cuanto más tiempo trascurra.

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