Una PCR negativa para recolectar fresas

Con todas las semillas plantadas en los invernaderos, los campos de fresas y frutos rojos onubenses están a punto para el comienzo de la nueva campaña de recolección, condicionada por la evolución de la pandemia, que impactó de lleno en plena temporada alta en el inicio de la crisis. La experiencia acumulada en este año ofrece a los empresarios ciertas garantías para mantener los niveles de exportación que, pese a los reajustes por la covid, han marcado récords. La seguridad y el control sanitario de los trabajadores son la prioridad y la principal preocupación. Como novedad, los jornaleros que vengan de fuera de España deberán traer PCR negativas de sus países de origen, pero quién asumirá el coste de esas pruebas y cómo se resolverá la situación de los inmigrantes sin contrato y vivienda son incógnitas que aún no se han despejado.

“El año pasado el estado de alarma y lo peor de la pandemia nos pilló el 14 de marzo, en lo más álgido, menos mal que el 80% de la mano de obra ya estaba trabajando”, explica Manuel Piedra, presidente de UPA Huelva, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. El cierre de fronteras obligó a un drástico recorte de las temporeras marroquíes contratadas en origen —un 35% de las 15.000 previstas— y a tener que buscar sustitutos en trabajadores de la UE, procedentes en su mayoría de Rumanía y Albania y en los jóvenes migrantes mayores de 18 años. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la campaña 2019-2020 se saldó con un déficit de 2.041 temporeros en relación con el año anterior.

Un reajuste que no se ha reflejado en los ingresos, 475 millones de euros en el primer trimestre de 2020, un crecimiento del 7,6% respecto del mismo período en 2019, según los datos facilitados por Extenda, la Agencia andaluza de Promoción exterior. Huelva lidera las exportaciones de frutos rojos de España, al concentrar el 78% de las ventas al exterior, lo que supuso una facturación de 428 millones. Aunque la falta de mano de obra obligó a abandonar algunas plantaciones de fresa, esto se palió con el incremento de la producción de arándanos, señalan desde la Delegación del Gobierno. Las hectáreas cultivadas apenas van a sufrir variación, pasando de las 11.751 de la campaña pasada a 11.630 (6.105 de fresas, un 2% menos).

Este año todos los trabajadores que no residan en España deberán presentar una prueba PCR negativa, en consonancia con los requisitos que se exigen a quienes viajan desde el extranjero. Esto incluye a las 14.000 temporeras marroquíes contratadas en origen y que ya han sido autorizadas por el Ministerio de Trabajo y los 26.000 que provienen de otros puntos de la Unión Europea, la mayoría de Rumanía, según UPA. “En este último caso, si vienen en avión o barco deben traer el test. Hay discrepancias sobre qué pasa si cruzan la frontera en autobús, pero nosotros lo exigiremos igualmente”, advierte Piedra.

Los problemas podrían plantearse con las temporeras marroquíes porque no hay claridad sobre quién debe asumir el coste de la prueba, que cuesta 600 dirhams (54,6 euros). En la última reunión de flujo migratorio provincial se trasladó a los agricultores que Rabat se haría cargo, indica Piedra, pero fuentes consultadas aseguran que el Gobierno marroquí no puede sufragar ese gasto y que deberían hacerlo los empresarios, ya que son quienes necesitan esa mano de obra, informa Francisco Peregil. “Más que quién pague, lo que nos preocupa es dónde se las van a hacer y cuándo”, advierte Piedra. La experiencia de este verano con la realización de PCR —que asumió la Junta de Andalucía— a las 7.100 temporeras que se quedaron varadas por el cierre drástico de fronteras impuesto por el reino alauita para poder regresar a su país, evidenció las dificultades para coordinarse con los centros de salud. “No sabemos cuántos centros hay en Marruecos, si todas van a poder acceder a ellos, sin contar con que muchas tardan dos días en atravesar el país para poder embarcarse”, advierte Piedra.

Los empresarios no quieren que se repitan en Huelva las imágenes de temporeros sin contrato y vivienda hacinados en las calles, que se vieron este verano en Tarragona o Huesca y recientemente en Jaén. “Hemos pedido a la Junta que habilite albergues u hoteles para poder atenderlos en el caso de que den positivo, como han hecho en la campaña de la aceituna en Jaén, pero aún no hemos tenido respuesta”, señala Piedra.

Temporeros españoles

Un total de 4.546 temporeros españoles se han inscrito en las seis ofertas publicadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para recolectar frutos rojos, cuyo plazo se cerró el 1 de diciembre, destinadas a cubrir hasta 9.511 vacantes, de acuerdo con los datos facilitados por la delegación del SAE en Huelva. Una cifra notablemente superior a las 1.000 solicitudes recogidas el año pasado. Las habituales bajas cifras de participación siempre habían venido rodeadas de polémica porque daban pábulo a las críticas sobre la falta de predisposición de los temporeros españoles a trabajar en el campo. Una impresión errónea porque muchas peonadas están fidelizadas y trabajan con los mismos empresarios por lo que los jornaleros no necesitan apuntarse a estas ofertas. El contingente nacional o con residencia en España representa más de la mitad del total de jornaleros. El año pasado alcanzó el 53,84%, un porcentaje ligeramente superior a la anterior campaña (52,58%), según el INSS. En concreto, 53.752 fueron temporeros españoles, 23.063 vinieron de otros puntos de la UE, la mayoría de Rumanía, y 23.028 eran no comunitarios.

El hecho de que estas ofertas se convoquen casi con casi medio año de antelación al mes de marzo, el momento álgido de la recolección, disuade a muchos de inscribirse, con la esperanza de conseguir otro trabajo antes o enlazar contratos en el sector de la hostelería o el turismo, mejor pagado y menos duro. Los estragos en el empleo provocados por la pandemia y las pocas expectativas de que el turismo se recupere en primavera, explican el incremento de solicitantes para esta campaña, señalan fuentes de la delegación de Empleo en Huelva.

En UPA calculan que este año trabajarán en los invernaderos 52.000 españoles, 26.000 temporeros de otros puntos de Europa, 15.000 subsaharianos que ya se encuentran en España y 14.000 marroquíes, 2.000 menos de las solicitadas inicialmente por la patronal. Desde Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, son más cautos y aventuran a una bajada en la contratación de los 90.000 de media a unos 80.000. El 20 de diciembre llegarán las 4.680 primeras trabajadoras marroquíes a los campos de fresa y los empresarios ya han ultimado las medidas de seguridad en las viviendas que proporcionan a los jornaleros, de acuerdo con el protocolo establecido por la Junta de Andalucía, en cuya redacción participó el sector.

“El año pasado sin tener ninguna indicación aprendimos mucho y la prueba es que ninguna de las más de 7.000 marroquíes que tuvieron que hacerse el PCR dio positivo”, señala Piedra. Los empresarios plantean limitar las viviendas a grupos de seis y ocho temporeros para crear grupos burbuja, que trabajarían en el mismo invernadero, en el que podrían coincidir con otros trabajadores. “Los lomos están separados más de dos metros por lo que se guardaría la distancia de seguridad”, explica Piedra, que recuerda que se trata de un trabajo al aire libre y que todos llevarán mascarillas y guantes.