La intrahistoria del pacto que llevó el salario mínimo a 950 euros: “Llegamos todos llorados”

Cuando ni siquiera estaba claro que fuera a haber investidura y toda la atención estaba puesta en las negociaciones que el PSOE mantenía con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la posibilidad de que hubiera un pacto para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) empezó a abrirse paso. El día de la Constitución, el 6 de diciembre, la ministra de Hacienda y ahora también portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, charló con uno de los líderes sindicales en la celebración que se celebra en el Congreso. Este le comentó que había hablado con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y veía claras opciones de llegar a acuerdo para subir el salario mínimo. Finalmente el pacto llegó el pasado miércoles con la subida del SMI a 950 euros mensuales.

“Empezamos a hablar entonces”, concreta ese sindicalista, “ha habido bastante teléfono”. “He hablado cuatro y cinco veces con la otra parte”, apunta el otro. Varias fuentes le dan un papel desatascador importante al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que mantienen una muy buena relación personal desde que el pasado 18 de julio se reunieron y limaron los recelos que podía haber entre dos personas tan distintas y de posiciones tan encontradas. También subrayan que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha fajado duro desde que supo que iba a hacerse cargo de esa cartera.

Para llegar al acuerdo, solo hubo una reunión conjunta, el miércoles, “a la que llegamos todos llorados”, según uno de los asistentes. Tras ese encuentro, se anunció el pacto, el primer gran acuerdo social del nuevo Gobierno progresista. Ya estaba prácticamente todo hecho y, especialmente, estaba atada la cifra: 950 euros. Desde CEOE se había empezado la negociación en una cifra más baja, unas fuentes —siempre de las propias conversaciones o muy cercanas— hablan de 918 euros y otras de un aumento del 2,5%. Después subió al doble de lo que crecían los convenios, el 5%. El Gobierno y los sindicatos partían de un punto más alto y fueron bajando: 1.000 euros, 970…

Las posturas no se acercaban y en este punto han sido importantes los contactos entre Garamendi y “el vicepresidente del Gobierno y responsable del área social, no con Iglesias líder de Podemos”, para llegar a los 950 euros, precisa una fuente empresarial. Otra fuente sindical no llega a ese detalle, pero sí subraya el papel de Iglesias: “Ha tenido peso”.

Todos estos tiras y aflojas se mantuvieron en secreto hasta que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo el miércoles que el aumento sería “modesto”. Los empresarios finalmente habían aceptado porque “mil euros son peor”, como dejó claro Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, con un semblante muy serio, al presentar el pacto.

Apenas dos días antes, lunes por la noche, él y Garamendi cenaron con la ministra. A esas horas, Unai Sordo estaba en el cine. Vio 1917, y como demuestra su cuenta de Twitter salió impactado con la película. Pepe Álvarez, líder de UGT, acababa de llegar de Barcelona. Los sindicalistas se habían visto con Díaz la semana anterior, cada uno por su lado. “Ya deduje entonces que no iban a ser 1.000 euros”, dice uno de ellos.

Pese a esto, fuentes empresariales apuntan que la cena del lunes no fue fácil y que el pacto llegó a estar en peligro. El presidente de las pymes, presionado por sus asociados, ha sido de los más reticentes a aceptar el alza.

Cuerva no ha estado solo. En el comité ejecutivo que la patronal celebró horas antes de anunciarse el acuerdo, hubo voces que advirtieron de que subir más el SMI pondría en dificultades a los autónomos y al campo. Desde este último sector llegó a anunciarse que habrá movilizaciones en el futuro. “Lo hemos aceptado, pero va a ser un problema para la España vaciada”, señala uno de los presentes en ese comité.

El campo se convirtió en protagonista de la reunión de la tarde. También lo fueron los contratos públicos. “Si no podemos trasladar los costes será casus belli”, apuntan en CEOE. Respecto al campo, los empresarios pidieron comprensión, bonificaciones e interlocución. No fue su último escollo, pero sí una advertencia. Los sindicatos y Díaz responden en público que la precariedad y los bajos salarios de este sector no pueden determinar al resto, a lo que los empresarios piden que el Gobierno explique por qué no afecta al SMI.

A la hora de explicar por qué los empresarios —y no solo las dos caras visibles— han aceptado este incremento si lo creen tan perjudicial, siempre recurren a que “1.000 euros habrían sido peor”. Solo alguno, que no ha estado en la mesa, concede que también puede haber algo de estrategia: si empiezan a negociarse muchos cambios profundos en el Estatuto de los Trabajadores, romper la baraja ahora no sería empezar bien.

Entre los sindicatos no hay coincidencia. Unos piensan que la posibilidad de llegar a 1.000 euros ha pesado mucho. En otro, observan un movimiento estratégico que saludan. “El Gobierno va a durar y una vez se deroguen los aspectos de la reforma laboral que ya tenemos hablado se abre otra fase de ajuste fino”.