Trilema presupuestario

El paquete presupuestario europeo para el próximo septenio entraña un trilema de imposible solución interna al propio presupuesto. Consiste en que no se pueden conjugar, a la vez, estas tres proposiciones:

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Primera, cronificar el descenso de ingresos netos que supone el Brexit (unos 10.000 millones de euros anuales; 70.000 en el período), sin reemplazarlos con nuevas contribuciones a cargo de los 27, o de algunos de ellos.

Segunda, mantener igual intensidad de gastos convencionales del septenio que acaba este año, sobre todo en sus dos capítulos más potentes, política agrícola y fondos estructurales, que entrambos totalizan más del 60%.

Tercera, apostar con decisión por políticas, como la exterior y de defensa, el Pacto Verde, la I+D, que aunque en cierta medida ya hace tiempo figuran en el Marco Financiero Plurianual (MFP), lo hacen en cuantías mucho menores. El aumento de gasto propuesto por la Comisión en algunas de esas líneas es espectacular, de casi el 2.000% para el Fondo Europeo de Defensa, que pasaría de 600 millones de euros a 11.500 millones.

Si no se aumentan los recursos de la primera, no pueden afrontarse las otras dos al mismo tiempo. Y cada una de estas en solitario no es factible, en los niveles en que se plantean, si se mantiene la otra y, asimismo, la primera. De modo que para las proposiciones segunda y tercera, de mantenimiento del gasto actual agrícola (y de cohesión), y de nuevas inversiones adicionales, el problema se centra en la inelasticidad del ingreso.

Pueden comprenderse las reticencias de algunos países contribuyentes netos a aumentar su aportación. Cuando como en ciertos casos (Alemania) se ronda la recesión y se han acometido planes de gasto expansivo (muy limitado) —por ejemplo para la descarbonización—, resulta difícil explicar a los contribuyentes una mayor cuota: siempre lo es, pero en estas circunstancias, todavía más.

Y en todos los países hay un déficit de pedagogía sobre el alcance multiplicador del presupuesto europeo: por ejemplo, en los fondos estructurales, donde todo gasto comunitario requiere la aportación complementaria del socio beneficiado; es el exitoso instrumento de la cofinanciación. Y también falta explicar mejor su rol de engrase del mercado interior: la demanda externa de Austria sería muy inferior si las ayudas comunitarias de las PFP no se derramasen sobre los socios orientales.

Pero existe una solución técnica que permite allegar más recursos sin aumentar las contribuciones nacionales: el endeudamiento. Las instituciones, o los países de la cohesión, podrían plantear una emisión muy selectiva de bonos respaldada por el propio presupuesto, emitida por una miniagencia de deuda europea, o por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y financiada a coste casi cero por el Banco Central Europeo (BCE).

Los países más recelosos deberían sacar todas las consecuencias del éxito, económico y desde el punto de vista de las sinergias interinstitucionales (Comisión/BEI) del plan Juncker de inversiones (con escaso coste de capital propio) y asumir el coste de oportunidad de una financiación tan brutalmente barata como la actual del BCE.

Y todos, situar el problema en su mapa real y no en el de los prejuicios. Para alcanzar los objetivos presupuestarios septenales de la Comisión (1,13 billones de euros) o del Parlamento (1,32 billones) se requieren entre 100.000 y 130.000 millones más que los del último paquete (a 27). O sea, peanuts: ¡una centésima o centésima y media del PIB europeo anual, pero a obtener a lo largo de siete años! Sin coste, sin riesgo para la solidez financiera de la Unión, ni mella alguna en la máxima calificación (AAA) del BEI. ¿O preferimos una crisis agraria, más desigualdad territorial, la actual debilidad exterior de la UE?