La necesidad de financiación de las autonomías batirá un récord en 2021

Las comunidades autónomas necesitarán este año más dinero que nunca para financiarse: unos 50.000 millones de euros, según las estimaciones de la consultora Afi. Este importe incluye tanto los vencimientos y amortizaciones de la deuda que las regiones deberán satisfacer en 2021 como el mayor déficit que tendrán que financiar por efecto de la pandemia, del 1,1% del PIB según las previsiones del Gobierno. La cifra también recoge la factura contraída durante la anterior crisis financiera, un lastre que sigue pesando sobre las autonomías después de más de una década.

Gastar, gastar y gastar. La consigna fue clara: en medio de una crisis sin precedentes, con restricciones a la actividad y ante la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios y las prestaciones públicas, no hay que escatimar en desembolsos. Esta máxima ha impregnado las políticas de todas las grandes economías del mundo, que han movilizado recursos millonarios para evitar que el virus causara daños estructurales al tejido productivo.

España también se ha subido al carro expansivo y, de momento, las medidas anticíclicas están taponando la hemorragia. Pero la cicatriz que dejará la pandemia en las cuentas públicas será profunda y tardará en sanarse, ya que no será ni fácil ni rápido deshacerse de la montaña de deuda y déficit que las Administraciones públicas han ido acumulando para encarar el mayor golpe desde la Guerra Civil.

Más deuda, pero a menor coste

Los Presupuestos recién aprobados prevén unas emisiones netas del Tesoro de 110.000 millones en 2021. Esta cifra, que siempre se calcula con prudencia en función de las estimaciones de nuevos gastos, ingresos o necesidades de las comunidades, tendrá en cuenta el año que viene también la llegada de las ayudas europeas y se sumará a la ingente cantidad de pasivos ya puesta en circulación este año. Según el Gobierno, la ratio de deuda sobre PIB pasará del 95,5% en 2019 al 118,8% en 2020, la más elevada en un siglo. Aun así, la previsión es que el coste medio de la deuda continúe reduciéndose el año que viene gracias a los tipos ultrabajos, lo que evitará que se convierta, de momento, en un fardo insostenible.

Las comunidades, en primera línea para contener la emergencia sanitaria, necesitarán más de 50.000 millones para financiarse en 2021, según los cálculos provisionales de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Unos 36.600 millones se corresponden a vencimientos y amortizaciones, cifra parecida a la de 2020, 14.000 millones a sufragar el mayor déficit y unos 900 millones a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 que las regiones arrastran desde la anterior crisis financiera. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía serán, un año más, las regiones que requerirán más recursos en 2021; Navarra, Cantabria y La Rioja las que menos. “Es un récord histórico de endeudamiento bruto, pero el componente de déficit es incierto y dependerá de la evolución económica”, señala César Cantalapiedra, socio de la consultora.

El Gobierno, en línea con la decisión de Bruselas de congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ante la virulencia de la crisis, ha suspendido las reglas fiscales para 2020 y 2021. En lugar de aprobar una senda obligatoria —que marca el límite máximo de desajuste—, ha fijado unas tasas de referencia no vinculantes. En el caso de las comunidades, esta es del 2,2% del PIB para 2021, aunque Hacienda se ha comprometido a asumir la mitad del desfase a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones.

En 2022, el gran ajuste de las cuentas

Este año, las comunidades han gozado de un flujo de dinero sin precedentes para poder garantizar los servicios fundamentales sin sufrir tensiones de tesorería. De hecho, Hacienda mantuvo el importe de las entregas a cuenta —que adelanta a las regiones en función de los ingresos previstos— calculado antes del estallido de la pandemia, 115.662 millones. A esta cifra hay que sumar otras transferencias extraordinarias, como el fondo covid-19 de 16.000 millones que no habrá que reembolsar al Estado. En 2021, la financiación autonómica brindará algo menos de recursos (113.729 millones), pero la diferencia se compensará con creces con la ya mencionada dotación para cubrir parte del déficit y otros fondos procedentes de las ayudas europeas.

El ajuste llegará en 2022, cuando habrá que cuadrar las cuentas. El actual modelo de financiación prevé que cada dos años se revise si las comunidades recibieron más o menos recursos de los que debían, en función de si los ingresos ha sido superiores o inferiores a las previsiones Si estas se han quedado cortas, las regiones tienen una liquidación positiva; al contrario, si el desempeño ha sido peor de lo esperado, devuelven al Estado lo recibido de más.

El hecho de que el Gobierno mantuviera abierto el grifo en 2020 —los recursos se calcularon en función de un alza del PIB del 1,6%, cuando la caída prevista ahora por el Ejecutivo es del 11,2%— implicará que en 2022 las comunidades devuelvan al Estado lo percibido de más. La Airef ya ha puesto números a este reembolso: unos 5.000 millones. La incógnita es cómo se reintegrará ese dinero. En el caso de la Gran Recesión, la devolución se estiró en el tiempo, y por ello en 2021 las regiones siguen pagando las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

Mecanismos de liquidez

A septiembre de 2020, las regiones con la deuda más abultada eran Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, según el Banco de España. Estas tres regiones también son las que más dinero deben al Estado por los préstamos concedidos a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Estas herramientas, puestas en marcha durante la anterior crisis para aliviar las regiones que tenían dificultades para acudir al mercado, garantizan dinero barato con dos fondos: el de Liquidez Autonómico (FLA) y el de Facilidad Financiera (FFF).

La diferencia no es baladí. El FLA está diseñado para las autonomías que han tenido desfases en el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto, no es compatible con el acceso al mercado y supone un férreo control del Estado sobre las cuentas regionales. La Facilidad Financiera, al contrario, permite compaginar ambas vías de financiación, pero solo está abierta a las comunidades que han cumplido con las tres reglas.

En 2020, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia se financiaron a través del del FLA. Todas las demás, salvo Madrid, País Vasco, Navarra y Asturias —que captaron fondos solo vía bancos e inversores—, han compaginado la línea de préstamos al 0% del Tesoro con el acceso a los mercados.

Ante 2021, Andalucía es la única comunidad que ha satisfecho las tres reglas fiscales, según el último informe de cumplimiento de Hacienda. “Habría que diseñar un marco más flexible para simultanear el mercado con los mecanismos más fácilmente y así aligerar la presión emisora sobre el Tesoro y que las comunidades puedan diversificar sus fuentes de financiación.

Eso puede empezar por quitar la obligación de cumplir con la regla de gasto para poder salir al mercado”, analiza Cantalapiedra, quien recuerda que las condiciones del mercado ahora son favorables. “En el horizonte más inmediato la deuda no es un problema porque es barata, pero el volumen de las amortizaciones es tan relevante que se hace necesario recuperar la disciplina fiscal en los próximos años y un plan para alargar los vencimientos de la deuda”.

Montero: 2020 cerró con un déficit cercano al 11,3% del PIB

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó ayer que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de “en torno al 11,3% del PIB”, con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la crisis de la crisis sanitaria y económica. En una entrevista con Europa Press, en la que señaló que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas “anticíclicas”, dijo que confía en contar con unos Presupuestos de nuevo “expansivos” en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y “lo exija” Bruselas.

La titular de Hacienda afirmó que las cifras de déficit público y caída de recaudación previstas por el Gobierno se situarán en los entornos estimados, si bien a lo largo de enero se tendrá una aproximación más clara, tras el cierre la contabilidad y cuando las comunidades autónomas y las entidades locales informen de sus finanzas públicas. Montero subrayó que el Ejecutivo “nunca” ha abandonado la senda de consolidación fiscal y recordó que para 2021 está prevista la mayor caída en porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido “prudentes” en la elaboración de las cuentas.

“Todas las Administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica”, indicó Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los “errores” del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad. Por ello, explicó que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política “anticíclica” para “no dejar a nadie atrás” y mantener el tejido productivo y los empleos y hacer más eficiente el gasto público.