La Sareb consultará con la Generalitat y los municipios la venta de viviendas con “situaciones problemáticas”
Dalmau y los alcaldes de Torrent, Alfafar y Riba-roja acuerdan con la sociedad buscar soluciones para las 200 inquilinos afectados por el mandato de la entidad de vender sus propiedades
La Sareb se ha comprometido con la Generalitat valenciana y los ayuntamientos afectados a buscar soluciones para evitar el desalojo de inquilinos de inmuebles adquiridos por la sociedad para su posterior venta. Esta entidad privada, con un 46% de titularidad pública a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tiene el mandato de deshacerse de su cartera antes de 2027. Este objetivo ha chocado en las últimas semanas con los intereses alrededor de 200 inquilinos de varios inmuebles de protección oficial de Alfafar y Torrent y de renta libre de Riba-Roja que recibieron cartas para desalojar sus viviendas. Finalmente, la Sareb paralizó su pretensión y se abrió a iniciar un diálogo con todas las partes.
Este lunes, el vicepresidente segundo y consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y los alcaldes de las tres localidades se han reunido telemáticamente con el director de Responsabilidad Social Corporativa de Sareb, Gaspar González-Palenzuela, para buscar una solución para los inquilinos de las viviendas propiedad de la Sareb en esos municipios.
Martínez Dalmau ha destacado la colaboración de todas las partes para estudiar caso a caso y “garantizar el derecho a la vivienda” de las más de 200 familias afectadas, por lo que ha ha resaltado que la Sareb ha mostrado su disposición a informar cuando vean que pueden surgir “situaciones problemáticas” para estudiarlas y actuar con tiempo.
En el encuentro, cuyo tema principal ha sido la adquisición pública de viviendas, cuestión que forma parte de las líneas estratégicas de la Generalitat, ya que desde Consejería desean duplicar el parque público, se han realizado diferentes fórmulas. Según Dalmau, para aumentar el parque público “las administraciones deben adquirir casas”, por lo que se ha incluido en los presupuestos del 2021 una partida de 10 millones de euros para que los ayuntamientos puedan adquirir viviendas.
Algunas de las fórmulas estudiadas han sido la renovación del alquiler, con opción a compra, y la negociación de las familias que quieran comprar, siempre y cuando se negocien unos precios justos por lo que se estudiará de manera personal cada caso.
En la reunión se ha constatado la necesidad de vivienda en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, por lo que, según el vicepresidente, el 80% de la población vive en zonas que necesitan más viviendas, y por ello se debe trabajar para conseguir más vivienda pública.
Tras la reunión los alcaldes han mostrado su satisfacción por el resultado y las propuestas planteadas a las familias. El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha declarado que el objetivo era que la gente “pueda estar tranquila en su casa”, mientras que el de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado el compromiso adquirido con la Sareb y la coordinación entre las administraciones y dicha entidad a través de una planificación a tres bandas. Por su parte, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha comentado que los ayuntamientos deben hacer un diagnóstico de cada familia y ver las soluciones existentes.
El representante de la Sareb en esta reunión, Gaspar González-Palenzuela, ha agradecido la disposición de la Generalitat y los ayuntamientos para buscar soluciones que sean compatibles con el mandato de la compañía, ya que han defendido la venta de inmuebles de manera responsable colaborando con la Administración para incrementar el parque público de vivienda y poder atender los casos de vulnerabilidad.
En el encuentro también han participado el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris.
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