Pensiones, desigualdad y justicia

Las pensiones públicas aumentan su relevancia en los periodos de crisis económica. Así ocurrió tras la crisis de 2008 como demostraron los profesores de Economía de la Universidad de Barcelona, Samuel Calonge Ramírez y Antonio Manresa Sánchez en el libro Crisis Económica y desigualdad de la renta en España. Efectos distributivos de las políticas públicas.

El texto, publicado por Funcas, destaca el papel fundamental de las pensiones públicas en la reducción de la desigualdad. Los autores sostienen que “los instrumentos redistributivos por excelencia del sistema español son, por este orden, las pensiones, el gasto público en educación y sanidad, el impuesto sobre la renta y el subsidio de desempleo”. Y precisan que “en el año 2012, el más agudo de la crisis, las pensiones representaron el 49% de dicha redistribución y el subsidio de desempleo, el 9,1%”.

La pandemia de la covid-19 ha vuelto a colocar a las pensiones en el primer plano en la medida en que constituyen la red de seguridad más segura para millones de familias. El debate se entrecruza con las exigencias europeas que condicionan la entrega de los 140.000 millones de euros del Fondo de recuperación a un plan de reformas que aseguren la estabilidad del sistema a largo plazo.

Las exigencias europeas deberían ser coherentes en todo caso con el discurso actual de la UE que se quiere corregir las perniciosas políticas de austeridad de la anterior crisis. La Unión ha anunciado su propósito de vigorizar el Pilar Social Europeo en la próxima cumbre del 7 de mayo en Oporto.

Las pensiones, sostén de la democracia

De todas formas, lo cierto es que a pesar de las críticas de determinados agoreros, que pronosticaron reiteradamente la quiebra de las pensiones públicas, el sistema actual ha ampliado la cobertura de las personas durante muchos más años y constituido el mejor sostén de la democracia española. Desde 1975 la esperanza de vida de los españoles ha aumentado en 10 años.

El Gobierno ya ha mostrado con hechos su especial sensibilidad con las pensiones cuando aprobó la transferencia de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para asumir “gastos impropios” (como descuentos en las cotizaciones para apoyar el empleo) en el presupuesto de 2021. Su propósito es aumentar las transferencias para equilibrar el sistema en 2023.

El Ejecutivo mantiene negociaciones con los agentes sociales sobre las pensiones con el objetivo de garantizar su estabilidad a largo plazo. Los puntos actuales del debate son la revalorización, las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y los incentivos al retraso a la jubilación.

La contribución real de los trabajadores

Es esencial que estas reformas tengan en cuenta los últimos cambios demográficos y la contribución real de los trabajadores para que sean justas. La pandemia de la covid-19 ha hecho caer drásticamente esperanza de vida en España que ha descendido de 84 años en 2019 a 82,4 en 2020. Un cambio que sin duda aligerará la presión sobre el gasto.

En relación con la esperanza de vida también resulta injusto un sistema que fija la edad de jubilación sin distinguir las diferencias existentes entre las profesionales. Unas diferencias que se reflejan en la educación. Los hombres con estudios primarios o inferiores, que suelen trabajar en las actividades más penosas, viven cuatro años menos que los que tienen formación superior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También resulta inaceptable penalizar a los trabajadores que han cotizado más de 40 años y han de jubilarse anticipadamente de forma involuntaria.