El Gobierno andaluz acomete otra rebaja de impuestos con un coste fiscal de 329 millones de euros

Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno andaluz, PP, Ciudadanos y Vox, han registrado hoy una proposición de ley en el Parlamento autónomo en la que defienden otra rebaja de impuestos en Andalucía que tendrá un coste fiscal de 329 millones de euros, según los cálculos de la Consejería de Hacienda. La rebaja en su conjunto se tramitará por la vía de urgencia para que entre en vigor a final de 2021, cuando tan solo quede un año de legislatura, pero en el Ejecutivo de coalición hay prisas para que las deducciones se noten cuanto antes en el bolsillo.

Así, el Consejo de Gobierno, en su reunión semanal, ha aprobado hoy un decreto ley que rebaja el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), que pasa a tener un tipo general del 7%, en lugar del 8%, 9% y 10% actuales. Este decreto entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en los próximos días. El impacto de esta medida es de 223 millones de euros y afectará a unos cuatro millones de andaluces, según el Gobierno.

La propuesta de rebaja fiscal es una promesa electoral del PP —”quédense con estas siglas, BMI: Bajada Masiva de Impuestos”, dijo el ahora presidente andaluz en plena campaña— y de Ciudadanos y también figura en el acuerdo de coalición; así como en el firmado por el PP con Vox para la investidura del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018. Estas propuestas lograron el pacto a tres bandas para aprobar los Presupuestos de la comunidad de 2019, 2020 y 2021.

Si en esas ocasiones a Ciudadanos no le importó figurar en la foto final con la formación de extrema derecha, esta vez no ha querido estampar su firma en un documento conjunto. En el Registro de la Cámara se han sellado dos iniciativas idénticas: una del PP con Vox y otra del PP con Ciudadanos. La razón de esta duplicidad está en las elecciones madrileñas, donde Cs busca un lugar propio alejado del partido de Santiago Abascal. La decisión, según fuentes parlamentarias, la ordenó anoche la dirección nacional del partido de Inés Arrimadas.

La rebaja fiscal afectará al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), Tributos sobre el juego (TJ) y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que, según los partidos proponentes, situarán a Andalucía entre las comunidades “con una fiscalidad más baja”.

Las deducciones siguen la senda iniciada en 2019, cuando se aprobó bonificar en un 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y se rebajó en tres puntos el tramo autonómico de las rentas más altas.

Ahora figuran nuevas deducciones que afectan a la compra y el alquiler de vivienda habitual; a familias monoparentales con mayores o dependientes a su cargo; o para gastos educativos en escuelas o academias privadas, una de las novedades más llamativas de la proposición de ley. Según Hacienda, un matrimonio con un hijo cursando bachillerato en un centro privado tendrá una deducción máxima de 300 euros y de 180 si cursa idiomas o informática. También se contempla deducciones en materia de vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género, que en el texto de la iniciativa legislativa califican de “violencia doméstica” para contentar a la ultraderecha, según reconocieron fuentes del PP, que afirmaron que lo importante es “el huevo, no el fuero”.

Vox ha intentado apuntarse el tanto político de la proposición no de ley que provocará “un cambio cultural profundo en Andalucía”, según su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández. Este ha insistido en que sin Vox, el Gobierno andaluz no tiene estabilidad política. La iniciativa, no obstante, partió de la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo.

Para el portavoz del PP, José Antonio Nieto, la propuesta fiscal “tiene lógica, pero no es ideológica” y supondrá “una palanca para salir de la crisis”. La teoría del Gobierno de coalición es que bajando impuestos se recauda más, porque se incentiva a la inversión extranjera y se permite el retorno de aquellos andaluces que migraron fiscalmente a otros territorios.