Rechazo casi unánime al peaje de las autovías
Partidos políticos, gobiernos regionales, transportistas y asociaciones de automovilistas y consumidores critican el plan del Ejecutivo de cobrar por el uso de las carreteras
El pago por el uso de la red de carreteras del Estado que el Gobierno ha incorporado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas ha desatado el rechazo casi unánime de fuerzas políticas, responsables de comunidades autónomas, y asociaciones de consumidores. Los gobiernos regionales del PP (Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Galicia) han advertido que no aplicarán ningún peaje, mientras que las asociaciones de automovilistas critican la doble imposición fiscal porque ahora ya se pagan impuestos para la conservación de carreteras. Hasta Unidas Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez, se opone a la medida.
El Real Automóvil Club de España (RACE) alertó del peligro de implantar el pago en autovías y autopistas a partir de 2024 como pretende La Moncloa, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas. “Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, señaló el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.
En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó el “afán recaudatorio” de una medida que supondrá un doble coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, destacó que cuando Portugal adoptó una medida de este tipo en 2010 tuvo unos efectos económicos muy negativos, y entre un 30% y un 50% de los automovilistas dejaron de usar las autovías y usaron las carreteras locales, con el consiguiente aumento de la siniestralidad.
La organización de consumidores Facua sostiene igualmente que las carreteras “deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado”, no con un peaje que supone “un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”.
Oposición del PP
En el ámbito político, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, anunció este jueves una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida. Hasta Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, ha mostrado su oposición a esos planes al entender que es un “impuesto a las clases medias”, según han señalado fuentes de la formación que cita Europa Press.
Todos los gobiernos regionales del PP se muestran contrarios a aplicar la medidat, que también afectaría en una segunda fase a las autovías autonómicas tras implantarse en las nacionales en 2024. El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dicho que el nuevo sistema es “infamante” para el reto demográfico y que ellos no aplicarán ningún peaje para las carreteras sobre las que tienen competencias, mientras que el vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, lo ha calificado de “un atraco fiscal sin precedentes”.
El Ejecutivo regional murciano ha indicado que se trata de “un peaje indiscriminado que perjudica severamente a Murcia, que es una región exportadora y que tiene un sector transporte muy potente que va a ver lastrada su economía y mermada su competitividad”, según indicó el titular de Fomento, José Ramón Díez de Revenga.
Por su parte, la consejera de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha pedido al Gobierno central que dé “voz y voto” a las comunidades antes de implantar ningún peaje. Para el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la medida sería “muy perjudicial” para una comunidad que cuenta con más de 30.000 kilómetros de carreteras.
Más comprensivo con la medida se ha mostrado el consejero de Territorio de Cataluña, Damià Calvet, que ha afirmado que el Gobierno central “va tarde y mal”, y ha apostado por aplicar “una etapa transitoria” de tarifa plana que derive en “una tarificación por uso y contaminación”.
El Gobierno y la patronal apoyan el peaje
Pese a las críticas, el Gobierno ha seguido defendiendo el proyecto este jueves. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó en el Congreso que el pago por uso con peajes en las carreteras “es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio”. Y apeló a la necesidad de que también contribuyan “los 100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros”. Una cifra ridícula en comparación con los millones de automovilistas nacionales que deberían hacer frente al pago en caso de implantarse.
La iniciativa del Gobierno cuenta con el apoyo de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan. En esa línea, la Asociación Española de la Carretera (AEC), que agrupa a Administraciones públicas, investigadores, colegios profesionales y constructores, entre otros sectores de actividad, propuso este jueves un “bono de movilidad” por el cual los conductores pagarían peajes en autopistas y autovías si hacen más de 10.000 kilómetros anuales en coche o 50.000 en vehículos pesados.
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