El “acta de reunión” que lleva este viernes ante el juez a Brufau y Fainé por el ‘caso Villarejo’

El pasado 22 de abril, sentado en un sillón del Congreso de los Diputados, el comisario Enrique García-Castaño, alias El Gordo o Big, pronunciaba la frase clave que sobrevuela todo el caso Villarejo.

—Todo el mundo sabía que el señor Villarejo tenía sus empresas, que estaban en la torre… Ahí, en la Castellana.

Con esa afirmación, García-Castaño, ya jubilado y exresponsable de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), un grupo de agentes encargado de las operaciones encubiertas, daba en el clavo. José Manuel Villarejo, epicentro de esta macrotrama de corrupción, no era un cualquiera, sino un personaje muy conocido en la Policía. Y también, fuera. Los diferentes Gobiernos contaban con sus servicios como funcionario. Pero a él, inmerso en negocios privados paralelos, también recurrían empresas, que usaban como intermediarios a antiguos comisarios a los que habían fichado como jefes de Seguridad. Entre otras, Repsol y Caixabank, que verán este viernes cómo dos de sus máximos directivos se sientan ante el juez para dar explicaciones, señalados por la documentación interceptada a la trama.

El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar este viernes como imputados a Antonio Brufau, presidente de la energética, y a Isidro Fainé, expresidente de la entidad financiera. Según un auto del juez, existen indicios suficientes de que ambos estaban al tanto de la operación encargada por sus empresas a Villarejo en 2011 para espiar a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, que entonces pretendía tomar el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Esta operación, bautizada como Proyecto Wine, incluyó el acceso a datos confidenciales de las víctimas, incluido sus tráficos de llamadas y un estudio de sus propiedades.

Una de las principales pruebas que el instructor esgrime contra Fainé y Brufau —quienes, a través de fuentes de sus empresas, han negado que cometieran cualquier ilegalidad— se encontró en la casa de Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo. Durante el registro, se halló un documento llamado Charla-2.11.11, que detalla el contenido de una reunión mantenida el 2 de noviembre de 2011 en un restaurante con el comisario Miguel Ángel Fernández Rancaño, entonces jefe de Seguridad de Caixabank, y con el comisario Rafael Araujo, su homólogo en Repsol. El objetivo de esa cita era “tratar el encargo realizado y examinar cómo marchaba la investigación”, escribe el juez. [Pinchar aquí para consultar íntegro el documento interceptado]

Este archivo de 11 páginas en su versión original, que se reduce a 9 páginas en la reproducida por la Policía y que publica ahora EL PAÍS, se encuentra incorporado al sumario del caso Villarejo. Una especie de “acta de reunión”, en palabras del magistrado, al que la Fiscalía Anticorrupción y la Policía conceden verosimilitud. Según la instrucción, Villarejo y sus socios acostumbraban a confeccionar “resúmenes escritos” de sus encuentros con los clientes, a los que denominaban “charlas” o “notas”. Un modus operandi que no solo pusieron en práctica en el Proyecto Wine, sino en otros encargos: como el Proyecto Iron, la supuesta operación contratada por el bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival, cuyo juicio esta previsto para final de este año.

Las frases destacadas por el juez

La Charla-2.11.11, que utiliza motes o siglas para referirse a los implicados y víctimas de la trama, recorre los diferentes asuntos que los interlocutores abordaron durante el encuentro. Entre otros aspectos, en aquella cita, se acordó presuntamente averiguar “qué le ofreció LOR [Luis del Rivero] a PMX [Pemex]” y “quien está detrás de la pasta”. También se refirieron a Rodrigo Álvarez, denominado CID, otro de los espiados en Wine: era el encargado de la seguridad de Sacyr y hablaron de “comprarlo”. Hasta tal detalle entra el “acta de reunión”, que precisa las copas que tomaron: “chupito de Ma’Kalan”, “Gin Tonic de Bifiter” y “limonchelo” [sic].

Pero el documento no se queda ahí e implica directamente, en opinión del juez, a Brufau y Fainé. Varias son las frases destacadas por García-Castellón que demostrarían, por ejemplo, que el presidente de Repsol se “mostraba interesado por el contenido de la investigación, informándose de manera directa a través de Araujo”. “R [en referencia a Rafael Araujo] dice que BRU [Brufau] le ha llamado desde Cannes para preguntar si hay ya algún dato de interés, a lo que le ha contestado que estaba en ello (eso al menos da a entender)”, recoge la “charla” interceptada a la trama. También se lee: ”BRU le ha preguntado qué era lo que sabía del trabajo encomendado”; “Ambos, BRU y FAI, [Fainé], intercambian datos y han hablado de la conveniencia de ir juntos en este asunto”; y “MA [Miguel Ángel Fernández Rancaño] insiste en ‘determinar el perímetro’ porque por la tarde tenía que despachar con su ‘señorito’, posiblemente por referencia a FAI”.

A la hora de valorar la Charla 2.11.11, el magistrado recalca que existe otro informe interno de Repsol que también “apunta a la intervención” del presidente de la energética en la contratación de las empresas de Villarejo. “Recoge dicho informe (Pág. 21) que, probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Brufau mantenía con el presidente de Caixabank, Isidro Fainé —apuntando así también a este—, y dada la confluencia de intereses de ambos en defenderse frente a Rivero y Pemex, acordaron compartir los servicios de información contratados a Cenyt, [el grupo de empresas de Villarejo]”. “Se viene pues a reconocer que Brufau, en su condición de presidente de Repsol, no quedó al margen”.

Los responsables de seguridad de ambas compañías “reconocieron”, además, que la investigación a Rivero fue una “reacción conjunta promovida” por los dos presidentes. Así lo resume el juez: “El conocimiento y directa participación de Fainé en la investigación ha sido ratificada por Fernández Rancaño en su declaración judicial como investigado el 15 de diciembre de 2020, cuando señaló que tras recibir de Villarejo los informes elaborados, despachaba directamente estos temas con Fainé, como un punto más de las reuniones que ambos mantenían”.

Tras su imputación a mediados del pasado abril, fuentes próximas a Fainé afirmaron que, “por respeto a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, este solo iba a hacer declaraciones en sede judicial”. Repsol optó, por su parte, por emitir un comunicado en defensa de Brufau, donde señalaba que “no ha existido ninguna conducta ilegal o contraria al código de Ética y Conducta” de la compañía, además de defender que la contratación de las empresas de Villarejo “se llevó a cabo por el área experta y competente para ello, la Dirección de Seguridad Corporativa [de la energética]”. Según la instrucción, Repsol y Caixabank pagaron más de 400.000 euros a la trama.