Sánchez Galán: “Mi consejo de administración está cansado tras tres años de investigación”

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha reconocido este jueves que el caso Villarejo genera inquietud entre la cúpula de la energética. Más aun tras la decisión de este pasado miércoles del juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de incluir en la investigación a Galán y a tres de sus directivos (Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo) por los supuestos encargos de espionaje por parte de la compañía al comisario jubilado José Manuel Villarejo. “Llevamos tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación. El consejo de administración ya está un poco cansado del tema, la mitad son extranjeros”, ha afirmado el empresario durante su intervención en el Foro Tendencias 2022, organizado por EL PAÍS. “La mitad [de la cúpula] somos de esta tierra y otros de países anglosajones o brasileños”, ha dicho.

“No puedo decir que es una situación agradable. No lo es”, ha subrayado el directivo de Iberdrola, a quien el magistrado atribuye presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental. “Nos hemos intentado personar sin éxito”, ha dicho Sánchez Galán, reiterando su voluntad de declarar en la instrucción para poder defender su versión. “Hace ya un mes, [los miembros del consejo] dijeron: ‘Señores, vamos a decir al señor juez que queremos ir a contarle nuestra verdad y nuestras cosas; no tenemos ninguna información fehaciente sobre el expediente [de la investigación]”, ha apuntado, en referencia al comunicado remitido por la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde informaba de que había enviado un escrito al magistrado para ponerse a su disposición.

Entonces, Galán se encontraba al borde de la imputación y quiso adelantarse a la Fiscalía Anticorrupción, que aún no había pedido que declarara. Pero el juez hizo oídos sordos a su iniciativa y no fue hasta este martes, cuando ya tenía sobre la mesa la solicitud del ministerio público, cuando firmó el auto para llamarle como investigado. Este jueves, el máximo representante de Iberdrola se ha dirigido directamente a García-Castellón: “Investigue usted lo que quiera, pero déjeme por lo menos que yo le cuente nuestra versión; [estaría] encantado de ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora”. En esa misma línea, fuentes de la compañía ya definieron como una “oportunidad” estas citaciones.

Iberdrola, que lleva meses en la diana de la Audiencia Nacional, trata así de minimizar daños. En un comunicado enviado este jueves a sus empleados, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la compañía asegura a sus trabajadores que, de la investigación interna que han llevado a cabo y de la parte de la instrucción que conocen por los medios de comunicación, “no ha resultado el más mínimo indicio de la intervención en los hechos” de Galán y los otros tres directivos a los que imputó el juez este miércoles. Según defiende en ese escrito, donde se circunscribe la responsabilidad de cualquier posible irregularidad a las direcciones de Seguridad Corporativa y de Administración y Control, no hay nada que vincule la contratación de Villarejo con miembros de la compañía ajenos a dichas áreas.

Sin embargo, el juez no lo ve igual. A lo largo de su auto de 23 páginas, García-Castellón detalla que han encontrado en la contabilidad de Iberdrola hasta 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por un total de 1,04 millones de euros al grupo Cenyt, la trama societaria de Villarejo; además de otros 407.740 euros abonados presuntamente a través de una tercera empresa (Castellana de Seguridad S. A.). Además, apostilla el juez, se han constatado que los conceptos reflejados en esos documentos se encuentran “manipulados” para ocultar la verdadera finalidad de los trabajos; que existe un informe interno elaborado por un directivo en 2004 donde alertaba de irregularidades; que la relación con Cenyt se prolongó desde 2004 a 2017; y que se han hallado audios de conversaciones entre el jefe de Seguridad de Iberdrola y la trama donde se implica a Sánchez Galán.

“La acusación se basa en un supuesto informe redactado en diciembre de 2004 por un ex empleado de Iberdrola (José Antonio del Olmo), que fue publicado por el medio digital El Confidencial 15 años después. Sobre dicho informe, Iberdrola presentó una denuncia por falsedad que fue admitida por el Juzgado de Instrucción 3 de Bilbao y que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción 6 [de la Audiencia Nacional], ante el que José Antonio del Olmo declaró que nunca entregó el documento a sus jefes en Iberdrola”, simplifica la energética en el comunicado interno enviado a sus empleados, donde añade: “Actualmente hay 21 empresas implicadas en el caso: Cenyt, Repsol, Caixa, BBVA e Iberdrola, entre otras”.

El consejo, con el presidente

En cuanto a si la situación judicial del presidente de Iberdrola puede afectar a su posición en la empresa, el consejo de administración está facultado para solicitar la dimisión de uno de sus miembros cuando se dicta el auto de procesamiento, fase previa a la apertura del juicio oral, según fuentes de la compañía. En ese momento, los consejeros tienen el deber de informar al consejo y poner el cargo a disposición. Según el reglamento de la compañía, los consejeros también deben informar de “los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole que se incoen contra él y que, por su importancia o características, pudieran incidir gravemente en la reputación de la Sociedad”, informa Miguel Ángel Noceda.

Según fuentes del entorno de la empresa, este no es el caso en el que se encuentra su presidente, ya que el proceso actual es el de instrucción —no el de juicio oral—, y Sánchez Galán está citado como investigado. Asimismo, el consejo tendría que considerar si los delitos de los que se le acusa afectan a la reputación de la compañía. Según las fuentes consultadas, en este caso el consejo ha cerrado filas en favor de Sánchez Galán al considerar que no se da el caso porque la normativa interna se refiere a delitos graves y flagrantes —como por ejemplo, una acusación directa de asesinato—, mientras que el caso Villarejo es mucho más complejo y versa sobre la relación de Iberdrola con la mercantil Cenyt. El reglamento también dice que se deberá informar, a través del secretario del Consejo de Administración, en el caso de ser “llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.

En todo caso, en el entorno de la empresa se está a la expectativa de la reacción de los principales accionistas. Las fuentes consultadas, no tienen conocimiento de que, de momento, haya habido ninguna reacción. El principal accionista de Iberdrola es Qatar Authority Investment, con el 8,71%. Los fondos Blackrock, con el 5,16%, y el fondo soberano noruego Norges Bank, con 3,60%, son los otros inversores significativos.