El cierre de cuentas bancarias solivianta a la comunidad china

Chen Suixiu ha tenido que pedir a su jefe la nómina de agosto en metálico después de que su banco le cerrara su cuenta sin ninguna explicación. Ciudadana de origen chino, que lleva casi una década en España, recibió hace dos meses una carta de CaixaBank en la que la entidad le daba 60 días para retirar sus ahorros y clausurar la cuenta. De repente y sin argumentar el porqué. Además, bloquearon de inmediato todos los ingresos que recibe, impidiéndole cobrar su salario como dependienta en un bazar. “Si no puedo recibir dinero, ¿cómo voy a pagar mis facturas e impuestos?”, se pregunta. Tiene, además, contratada una hipoteca y un seguro de vida. Por ahora desconoce qué va a pasar con estos productos.

El caso de esta mujer no es desconocido para la comunidad china, que denuncia desde hace meses cierres masivos de cuentas en esta entidad. Según se lee en cartas recibidas por los afectados, el banco está revisando las condiciones contractuales de sus clientes tras su fusión con Bankia y eso ha propiciado el cierre indiscriminado de cuentas de clientes de origen chino, según denuncia la Asociación China de Derecho en España, que presta asesoría jurídica en el barrio madrileño de Usera. Una encuesta de la agrupación cifra en 1.300 las cancelaciones. Pero ellos aseguran que el número queda corto. El banco, que no da ninguna cifra de cierres al respecto, responde que tan solo cumple con la ley y niega cualquier tipo de discriminación.

CaixaBank no explica a los clientes la razón del cierre, pero en la asociación creen que se produce ante sospechas de lavado de dinero. Se trataría de un caso similar al ocurrido en febrero de 2019, cuando más de 35.000 ciudadanos chinos sufrieron un bloqueo de sus depósitos en el BBVA. Estas actuaciones siguen la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que obliga a los bancos a llevar un intenso seguimiento de sus clientes para evitar que negocios y particulares introduzcan en el curso legal dinero procedente de actividades ilegales. Y en caso de sospecha, están obligados a cerrar sus cuentas.

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Cada entidad es responsable de establecer su protocolo antiblanqueo y desde la comunidad china denuncian que el que se ha establecido en CaixaBank discrimina a la población de ese país. “Entendemos que haya más requerimientos bancarios para los ciudadanos chinos, pero nos preocupa la reinterpretación que hagan los bancos de la ley de blanqueo de capitales. Parece que les convierte en jueces y pueden decidir quién puede o no tener una cuenta”, critica Carlos Ma, vicepresidente de la asociación. “Claro que algunos chinos habrán incumplido la ley, pero meter a todo un grupo es discriminatorio. En el momento en que tan solo uno de los afectados sea inocente, sería ilegal”, critica.

En CaixaBank, donde conservan su cuenta 80.000 clientes chinos, mantienen que solo obedecen a la ley, sin tener en cuenta el origen de los afectados y sin concretar si se trata de cierres relacionados con la prevención de lavado de dinero: “Dentro de los procesos de integración [la fusión de la entidad que se produjo este año], ha sido necesario regularizar la situación de determinados clientes que habían sido desvinculados por Bankia o CaixaBank durante los últimos años en aplicación de la normativa. Estas actuaciones han tenido impacto en todo tipo de clientes de nuestra entidad, con total independencia de su nacionalidad, país de residencia o pertenencia a cualquier colectivo”, responden en el banco.

Sin pistas para los afectados

La redacción de la ley antiblanqueo complica enormemente la situación, tanto para las personas afectadas como para las entidades, ya que prohíbe a los bancos explicar a los clientes que la cancelación de la cuenta tiene que ver con sospechas sobre actividades ilegales o que su perfil va a ser investigado por el Sepblac, el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero. “Es kafkiano, desde luego, porque los clientes no saben por qué les has cerrado la cuenta”, opina Javier Cano, socio de la división legal de la consultora PwC.

En esta situación se encuentra el señor Pang (no da su apellido), a quien legalmente no pueden comunicar el motivo por el que han congelado sus ahorros tras ocho años siendo cliente de Bankia. Pese a que apenas habla español, pide continuamente explicaciones en su sucursal, pero nunca obtiene una respuesta clara y esto aumenta su frustración e impotencia. “No entiendo por qué nos hacen esto”, se lamenta a las puertas de su negocio, un pequeño taller de ropa en el barrio de Arganzuela de Madrid. “No puedo pagar la luz, el agua, el gas, la letra del piso... no podemos ni cobrar a los clientes con tarjeta”.

Entre la comunidad china se extiende el rumor de que algunos de ellos están bajo la sospecha de actividades ilegales y todos coinciden en que unas pocas manzanas podridas no representan al árbol. Chen Suixiu acude a la entrevista cargada con decenas de folios, entre los que se encuentran extractos bancarios, su declaración de la renta y toda clase de documentos del banco. Quiere demostrar, desesperadamente, que ella y su marido siempre han cumplido con sus obligaciones. “He ido a otros bancos para intentar abrir una nueva cuenta, pero en todos me cierran la puerta”, cuenta antes de derrumbarse al recordar que su hija retoma en septiembre las clases y necesitará una cuenta para abonar los pagos.

Javier Cano, antes director de Cumplimiento Normativo en Bankinter y ex abogado de la CNMV, reitera que este tema es extremadamente complejo y reconoce que es posible que en ciertos casos las sospechas sean erróneas, sin entrar a valorar el caso concreto de CaixaBank. “Puede haber indicios que luego resulten no ser blanqueo, pero el banco tiene que seguir sus protocolos. Si no, se puede ver sancionado por el Sepblac”, explica. El experto añade que cada banco tiene su propia forma de valorar estos casos, y que es común que establezcan precedentes, basados en experiencias anteriores, que les hagan levantar las alarmas ante cierto tipo de clientes o negocios. “Es posible que como banco le cierres la cuenta a gente inocente si vas con un rodillo”, ilustra.

En todo caso, Cano recuerda que las entidades no solo están obligadas a prescindir de clientes sospechosos de lavar dinero. También deben deshacerse, por ley, de aquellos que no suministren al banco todos los documentos necesarios para completar los procesos de diligencia de los negocios. “Es una situación frecuente en el día a día de los bancos y es muy delicada”, asegura.

La barrera del idioma y la cultura provoca que muchos de sus compatriotas ni siquiera intenten resolver la situación, por lo que es complicado conocer la dimensión real del problema. “Es común entre los chinos guardar silencio. Si tienen un problema no luchan”, explica Carlos Ma. Hace dos años, durante el cierre de cuentas del BBVA, no se conoció el total de afectados hasta que la entidad reveló la cifra tras una multitudinaria manifestación de la comunidad china en Madrid. El banco tuvo entonces que recular y pedir disculpas tras una reprimenda del más alto nivel en la que el ministro de Exteriores chino llamó a consultas al embajador español en ese país, según informó entonces la prensa china. Ahora, la Asociación China de Derecho asegura que repetirá la ofensiva, tanto a nivel político como judicial, y han reunido un centenar de casos que esperan denunciar en septiembre u octubre, según afirma Ma.