Iberdrola da un ultimátum a sus grandes clientes: les sube la luz o cancela sus contratos por el plan de choque del Gobierno

El plan de choque del Gobierno para abaratar el recibo de la luz ya ha generado cambios de políticas en las compañías eléctricas. Iberdrola es la primera de las grandes compañías que ha puesto en marcha un plan de llamadas y envío masivo de cartas a sus clientes empresariales, entre ellos muchas pymes, para comunicarles que los contratos fijos a largo plazo que mantiene con ellos ya son insostenibles y que solo existen dos alternativas: renegociar las condiciones del suministro o rescindirlo. “Se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas”, señala una de las misivas dirigida a un cliente de la compañía.

Fuentes de la empresa presidida por Ignacio Sánchez-Galán aseguran que esta situación no afecta a los consumidores domésticos, y que solo se ciñe a las empresas y los grandes clientes industriales con contratos a precio fijo a varios años o PPA (contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un generador y un comprador). Se trata de miles de clientes a los que Iberdrola está contactando para proponerles una renegociación del suministro, alegando “una situación de manifiesto desequilibrio”. Entre empresas afectadas, algunas de ellas pequeñas y medianas, hay malestar por el hecho de que la compañía no respete las condiciones pactadas en sus contratos.

A mediados de septiembre, el Gobierno aprobó un paquete de medidas urgentes y transitorias para mitigar el encarecimiento de la electricidad, que lleva meses por las nubes en el mercado mayorista impulsada por el repunte en el precio del gas y de los derechos de emisión de CO₂. Tan solo en septiembre, el precio mayorista de la luz ha batido su récord ocho veces. La última, este mismo miércoles, al alcanzar los 189,9 euros el megavatio hora (MWh).

El plan diseñado por el Ejecutivo incluye una nutrida batería de medidas. Entre ellas, profundizar en las rebajas fiscales ―a inicios de verano ya había disminuido el IVA al 10% y suspendido el impuesto a la generación eléctrica―, con la reducción del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5 %; obligar a las grandes eléctricas a subastar energía a largo plazo para achicar el mercado mayorista y recortar, de forma temporal hasta marzo de 2022, una parte de “los beneficios extraordinarios sobrevenidos” de las centrales que no emiten CO₂, que obtienen ingresos extra de la cotización disparada del gas, ya que todas las plantas se retribuyen al precio que marca la tecnología más cara que entra al sistema para cubrir la demanda.

Esta última medida es la que ha puesto en pie de guerra a las compañías, que han amenazado con el cierre de plantas y con emprender acciones legales. Afecta sobre todo a nucleares e hidroeléctricas, además de renovables de primera generación. El Gobierno, por su parte, espera recuperar 2.600 millones de euros de las empresas energéticas hasta el 31 de marzo de 2022 por la medida, que le permitirá intentar cumplir con el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que el recibo de la luz de 2021 esté al mismo nivel que el de 2018.

Contratos fijos

Las compañías defienden que los contratos fijos a largo plazo formalizados antes de los cambios regulatorios contemplan precios inferiores a los que viene marcando en los últimos meses el mercado mayorista, por lo que el recorte de sus beneficios implicará tener que devolver más de lo que se recibe de los clientes. Iberdrola insiste en sus cartas en que las renegociaciones que está proponiendo están dictadas por el plan de choque del Gobierno, y hasta se compromete a devolver el “importe que corresponda” en el caso que las medidas del Ejecutivo “pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los jueces y tribunales”.

Desde Endesa, la compañía más afectada junto a Iberdrola por el recorte, aseguran que hasta el momento y pese a “la situación excepcional de elevadísimos precios” han mantenido inalteradas las condiciones de los contratos fijos de sus clientes empresariales, pero no descartan empezar a proponer renegociaciones. “Endesa está analizando las diferentes alternativas para mitigar el impacto sufrido como consecuencia de esta legislación y por supuesto entre ellas estamos considerando la renegociación de los contratos con los clientes cuyos contratos de precio fijo estén cubiertos por las plantas afectadas por la nueva legislación”, mantienen. Desde Naturgy, por otra parte, explican que aún están analizando el impacto de las nuevas medidas.

Consumidores domésticos

El encarecimiento de la electricidad impacta directamente en el bolsillo de los más de 10 millones de clientes acogidos a la tarifa regulada (conocida como PVPC), que está vinculada a la fluctuación horaria de la luz en el mercado mayorista. Los 16,1 millones de clientes del mercado libre, al contrario, pagan el precio que acuerdan con su comercializadora y no se han visto afectados por la subida. Al menos aquellos cuyo contrato aún no han finalizado.

Aunque las eléctricas hayan dejado a los hogares fuera de su batalla con el Ejecutivo, las habituales renovaciones de los contratos en el mercado libre recogerán presumiblemente el impacto de la escalada de precios en el mercado mayorista. “Ya hemos detectado fuertes subidas en los contratos que finalizan”, asegura Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quien recuerda que las compañías están obligadas a comunicar a sus clientes todo cambio tarifario de manera transparente.

La OCU calcula que las últimas medidas adoptadas para frenar el precio de la luz supondrán una rebaja de entre 25 y 28 euros mensuales en la factura eléctrica de un hogar medio. “Siempre y cuando ese precio no continúe disparado”, matiza García.