El Gobierno alivia las cargas de los nuevos ERTE estructurales: menos trámites y más ágiles

El Gobierno presentó a principios de mes una propuesta para crear los nuevos ERTE permanentes, una pieza clave de la próxima reforma laboral para evitar la destrucción de empleo y que se ha bautizado como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. La iniciativa suscitó el rechazo de la patronal y los sindicatos por considerarlo muy complicado y con demasiados requisitos. Y el Gobierno volvió a poner ayer un papel sobre la mesa con una formulación más simple y aliviada de cargas.

Según el nuevo documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se han suprimido informes de justificación que antes se exigían a la empresa para poder acogerse. Los plazos para acceder al RED se acortan. Y la empresa ya no tendrá que abonar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el 50% de la indemnización por despido cuando consiga recolocar a un trabajador en otra compañía. Con este dinero se pretendía que este Fondo constituyera un colchón con el que se compensara al trabajador indemnizándolo si más adelante la nueva empresa contratante lo despedía. Esta aspiración se ha caído de la propuesta.

Tampoco se indica cómo se va a financiar el fondo que pagará el mecanismo RED, incluyendo las prestaciones, las reducciones de cuotas y la formación. Antes se decía que lo gestionaría el SEPE y que se sufragaría con excedentes de cotizaciones, aportaciones presupuestarias y recursos europeos. Pero ahora todo esto no se desarrolla. De hecho, se suprime mucho detalle con la intención de dejarlo pendiente de un desarrollo normativo posterior.

Se mantiene la nueva prestación especial que recibirán los trabajadores acogidos al RED y que no consumirá desempleo. Sigue la exigencia de que este mecanismo vaya acompañado de un plan de recolocación y formación que podría ser gestionado por agencias privadas de recolocación.

Como ya estaba recogido en la anterior propuesta, las empresas que se beneficien de la reducción de cuotas tendrán que devolverlas si no mantienen el empleo durante los seis meses siguientes, algo que siempre ha generado el rechazo de la patronal. Y se continúa distinguiendo entre dos tipos de RED: los de causas cíclicas y los sectoriales.

Los primeros son para caídas de la economía y durarán como máximo un año. Los segundos son para las necesidades de reconversión de un sector, podrían tener dos prórrogas adicionales de seis meses, y sirven para recualificar trabajadores o ayudar a que se preparen para transitar hacia otros empleos.

En ambas modalidades la autoridad laboral podrá aprobarlos aunque no haya acuerdo con los trabajadores si estima que la empresa sufre un impacto cíclico o sectorial. En los sectoriales se elimina que Economía fije cuáles son los parámetros objetivos para poder activar este mecanismo.

Las empresas que formen a sus trabajadores bajo el RED tendrán derecho a incrementos de los créditos para formación reglada. Y las compañías que contraten a trabajadores que estén acogidos al RED recibirán una bonificación de la cotización del 50% que costeará el Servicio Público de Empleo. Un año después de que se haya activado el mecanismo por primera vez, el Gobierno y los agentes sociales valorarán si hacen falta más medidas para facilitar la transición de los trabajadores afectados. Tanto UGT como CC OO celebran los cambios, pero también avisan de que el acuerdo “aún no se vislumbra” y que la negociación “no avanza con la debida celeridad”.

El documento incluye un endurecimiento de las sanciones por la contratación fraudulenta de temporales. Estas oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros en las infracciones más graves. En la actualidad, la horquilla está entre 750 y 7.500 euros. Si un contrato temporal se declara irregular, su extinción se considerará nula.

Evitar abusos

El papel define además un recargo en la cotización que se aplicará a todas las bajas de contratos temporales. Esta rondará los 30 euros, no se impondrá a los trabajadores del campo y pretende evitar los abusos que cometen algunas empresas. En concreto, la Seguridad Social ha detectado sociedades que dan de alta y baja continuamente a los mismos empleados con el objeto, en muchos casos, de no abonar los fines de semana, puentes o vacaciones. La idea es que, con esta penalización, esta práctica no les resulte rentable.

El Gobierno conserva la intención de restringir la contratación temporal. Esta solo estará justificada para una sustitución o un pico de demanda imprevisto y que no se repita de forma cíclica. Este último podría utilizarse hasta seis meses o un año si lo acuerda el convenio colectivo. Sin embargo, esta formulación restringe el uso del temporal por ejemplo para una campaña de Navidad o el Black Friday. Para tales casos habría que usar un fijo discontinuo, algo que rechazaba la patronal. Así que se ha establecido que se pueda utilizar el contrato por circunstancias ocasionales, aunque estas sean previsibles y cíclicas, durante tres meses. Es decir, bajo esta fórmula se abre una ventana para facilitar un contrato temporal, pero solo por un trimestre, el tiempo para salvar una campaña de verano y que se ofrece como un alivio a la patronal.

Destaca también que las agencias de trabajo temporal podrán emplear el contrato fijo discontinuo para tener trabajadores con los que dar respuesta a las necesidades temporales de las empresas. Y se esboza un contrato específico para la construcción que será considerado fijo y que estará vinculado a una propuesta de recolocación de la empresa y un plan de formación.