El blindaje de la vivienda protegida divide a los socios de Gobierno

El proyecto de la ley de vivienda que este martes aprobó el Consejo de Ministros, y que ahora iniciará su tramitación parlamentaria para convertirse de forma definitiva en norma, deja en el aire una aplicación retroactiva de las limitaciones para descalificar viviendas protegidas. Esto podría interferir en la venta de sus casas para quienes hayan comprado en los últimos años este tipo de inmuebles. Así lo entienden varios expertos consultados y fuentes del propio Ejecutivo, aunque en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que coordina las políticas de Vivienda) se insiste en que dicha aplicación no es posible. Esta interpretación divide a los socios de Gobierno.

La vivienda de protección oficial —conocida genéricamente como VPO, aunque en cada comunidad autónoma adquiere otras denominaciones— se asocia normalmente con un plazo de calificación que, una vez transcurrido, permite su venta en el mercado libre. Pero con la literalidad del nuevo proyecto de ley, eso no será sencillo. La norma vincula las viviendas construidas sobre suelos reservados específicamente para VPO —la mayoría de ellas— a la calificación del suelo, que en principio es permanente. Es decir, al estar en esa parcela, impide para siempre la descalificación.

Sin embargo, esa lógica deriva en importantes consecuencias jurídicas y políticas. Entre las primeras, qué pasará con quienes ya hayan comprado una VPO que tiene un plazo de calificación acotado cuando transcurra ese periodo e intenten vender, hipotecar o realizar cualquier otra operación sobre el inmueble. Entre las segundas, configura un nuevo espacio de batalla en una tramitación parlamentaria que ya de por sí se prevé complicada, con muchas enmiendas de los grupos y sin que el Gobierno haya atado aún los apoyos suficientes del Congreso.

Fuentes conocedoras de las negociaciones del borrador, que provocaron grandes tensiones entre los dos socios del Ejecutivo, señalan que el debate estuvo presente en las discusiones entre Unidas Podemos y el PSOE. La redacción actual de la disposición transitoria única de la norma apunta a la calificación permanente de las VPO sobre suelos de reserva pública “con independencia de la fecha de calificación definitiva”. Fue una fórmula discutida, pero se introdujo en la redacción y la parte socialista la dejó pasar pensando que se podría matizar luego en el trámite parlamentario suprimiendo la retroactividad.

Una redacción “confusa”

En ese ministerio, de hecho, insisten en que la aplicación de ese punto no puede ser retroactiva y se acogen a la memoria de impacto de análisis normativo. Este es un documento que acompaña a cualquier proyecto de ley y que, en el caso de la disposición transitoria única, apunta que “deberá salvaguardarse en todo caso el principio de irretroactividad” que recoge la Constitución en su artículo 9. Este señala que no pueden aplicarse disposiciones retroactivamente si lesionan derechos individuales. El ministerio también recuerda que en el crítico informe del CGPJ sobre la ley no se mencionaba este asunto, por lo que ven margen para que prevalezca su interpretación.

Sin embargo, la opinión de tres expertos jurídicos consultados por EL PAÍS, que han pedido el anonimato, es que la redacción actual no garantiza esa irretroactividad ni la deja clara. Una de estas personas especifica que “el problema es gordo si se mantiene en esos términos”.

En Transportes se dicen abiertos a “clarificar la redacción”. Pero no está claro que el sentido de esa clarificación vaya a ser aceptado por Unidas Podemos si la cuestión ya fue debatida. Una fuente próxima a las negociaciones recuerda que “una cosa es lo que quiera una parte del Gobierno y otra lo que diga la Constitución”, aunque esta persona no especifica el motivo por el que se dejó en la norma una fórmula que los expertos jurídicos ven “confusa”.

Difícil en la práctica

De acuerdo con los especialistas que han dado su opinión sobre la disposición transitoria, si bien la retroactividad es clara en el plano teórico, no está tan claro que pueda aplicarse en la práctica. La calificación de VPO depende de las comunidades, pero la naturaleza del suelo, en lo que se basa la ley para determinar su perpetuidad, viene recogida en los planes urbanos. Y ahí la iniciativa es municipal. “No veo a una comunidad diciendo a un ciudadano que no descalifica una VPO contra lo que se recogía en los pliegos que sacó cuando se hizo la promoción inmobiliaria”, señala un jurista.

En lo que nadie ve problema es en que, en adelante, se aplique lo que dice la ley y las nuevas promociones respeten la obligación de VPO perpetua, con un mínimo del 30% en los nuevos desarrollos urbanos. La norma, además, consagrará la mitad de ese porcentaje a viviendas en alquiler. El objetivo es que España tenga un parque público de vivienda equiparable a otros países europeos. La fórmula usada hasta ahora, en eso hay plena confluencia en el Ejecutivo, debe acabarse porque brinda ayudas para VPO en venta que luego pasa al mercado libre, contribuyendo al alza de precios.