A juicio la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: 235 afectados y 3,3 millones dilapidados en fiestas

El 6 de febrero de 2019 la huida hacia delante de Carlos García Roldán, conocido como Charly, llegó a su fin cuando agentes de la Guardia Civil de Baleares lo detuvieron en Colombia con 20 kilos menos y el pelo teñido para pasar desapercibido. En prisión preventiva en la cárcel de Palma desde que fuera extraditado en enero de 2020, Charly está a un paso de sentarse en el banquillo junto a otras ocho personas para responder ante la justicia por la mayor estafa inmobiliaria de las islas. Un fraude piramidal que desfalcó 3,3 millones de euros y dejó a 235 personas sin ahorros y con la promesa de obtener una vivienda en alguna de las 32 promociones que publicitaban a lo largo y ancho de la isla de Mallorca.

La jueza Esther María Domene, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, ha dictado un auto en el que pone fin a las investigaciones que se han realizado en los últimos años y ordena el procesamiento de nueve personas por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Entre los procesados se encuentra el cabecilla de la trama, así como su mano derecha, Michele Pilato, un constructor, un arquitecto, varios testaferros y dos exnovias del principal investigado. La jueza requiere a siete de los procesados una fianza solidaria de 4,3 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades penales, mientras que a otras dos investigadas les reclama una fianza solidaria de 100.000 euros.

El auto de procesamiento contiene un relato detallado del funcionamiento de la trama, que arrancó en 2015 cuando Charly creó la sociedad Lujo Casa, tras convencer a una persona que no tenía deudas pendientes con Hacienda para que figurase como administrador. La sociedad nació ya careciendo “de cualquier solvencia, fondos propios, recursos o financiación externa para acometer la construcción de las viviendas”. Lujo Casa era insolvente y no tenía respaldo financiero, ni una línea de financiación para poder realizar las obras. Es en esa época cuando se incorpora al negocio, aconsejado por amigos comunes, Michele Pilato, que con el tiempo se convierte en mano derecha de Charly en la organización. Ambos simulan ser promotores inmobiliarios de experiencia consolidada y comienzan a contratar a personal para dar una apariencia de solvencia y seriedad al negocio.

La empresa comienza a marchar y los cabecillas empiezan a publicitar promociones de viviendas sobre plano a través de una página web, usando a veces promociones ajenas y fotos de arquitectos conseguidas a través de internet. “Colocan carteles de promoción en los solares que se ponen sin que ellos tengan la propiedad de los terrenos” dice la jueza, que sintetiza el mayor timo de la historia de las islas en 32 promociones inexistentes a través de las cuales el grupo consiguió que 235 personas les entregaran cantidades a cuenta por 3,3 millones de euros. El dinero se ingresó en las cuentas corrientes de Lujo Casa, desde donde se realizaron a su vez transferencias a las cuentas corrientes de otras sociedades del grupo y del resto de implicados.

“En ningún caso se destinaron realmente a la promoción inmobiliaria. Hicieron movimientos para que los perjudicados no pudieran recuperar sus inversiones, deshaciéndose de todo activo patrimonial contra el que pudieran dirigirse. Se pagaron salarios de trabajadores ficticios, se gastaron cantidades ingentes de dinero en restaurantes, servicios de compañía, casino y se adquirieron bienes para el disfrute particular como joyas y vehículos”, relata la jueza. Los problemas comenzaban a llegar cuando vencía el plazo máximo de entrega de las viviendas y los compradores formulaban reclamaciones o pedían explicaciones. Entonces eran derivados entre unos y otros responsables, y se excusaban con los clientes diciendo que habían tenido problemas con las licencias de los ayuntamientos o con los bancos. Incluso les convencían de no denunciar porque un proceso judicial les podría retrasar la obra.

Estafa piramidal

Para la magistrada, García Roldán es la persona que negocia con los compradores de vivienda y no duda en convencerles para adelantar el dinero afirmando que tiene una larga experiencia como promotor inmobiliario, que cuenta con recursos propios y no precisa de ningún tipo de financiación para los proyectos y que, incluso, es propietario de los solares en los que supuestamente se tienen que construir las casas. La forma de actuar de la empresa obligaba a los clientes a poner una señal del 10% del precio final de la vivienda para tener una reserva de compra y un 20% del precio cuando se aproximaba el comienzo de las obras, que luego nunca arrancaban. Es en ese punto cuando muchos clientes comenzaron a desconfiar, puesto que no detectaban movimiento en los solares donde supuestamente se tenían que construir las viviendas.

“Funciona como una especie de estafa piramidal habida cuenta de que parte del dinero obtenido por los primeros perjudicados es usado para ir realizando opciones de compra de los solares en los que se ofertan las promociones. De las 32 promociones, ninguna de ellas tiene las licencias concedidas en la mayor parte de los casos, o bien no se pagan las tasas, o bien no se subsanan las deficiencias y asimismo no se inicia la construcción de ninguna de ellas” sostiene el auto. Algunos de los clientes llegaron a poner 100.000 euros de golpe para garantizarse la vivienda, aunque la media ronda los 25.000 euros. El entramado finaliza cuando Charly se marcha a Colombia huyendo de los clientes que comienzan a presentar denuncias en la Guardia Civil.

Del dinero obtenido por la trama, 1,1 millones de euros se gastaron mediante retiradas de efectivo, 80.000 en tarjetas, 712.000 en el Casino de Mallorca y 28.500 en gastos personales como relojes de lujo y viajes. Los cabecillas también realizan transferencias de fondos a terceros, que después se remiten a cuentas de familiares que ayudaron a García Roldán mientras se ocultó de la justicia en Colombia. La Fiscalía avanzó en su escrito que reclamará más de nueve años de cárcel para el empresario por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad. Tan solo una decena de perjudicados logró que García Roldán les devolviera el dinero antes de desaparecer.