El Gobierno confía en tener activo en un mes el mecanismo que desligue el precio de la luz y el gas

Un mes. Ese es el plazo que se da el Gobierno español para tener activo el sistema con el que esperan desligar el precio de la luz del del gas. Tras lograr el viernes que el Consejo Europeo permitiese una excepción ibérica para que España y Portugal puedan intervenir el mercado —algo que, a priori, no permite la legislación comunitaria—, los ministerios para la Transición Ecológica español y portugués trabajan estos días contrarreloj para poder enviar en los próximos días a Bruselas una propuesta que limite el precio al que vuelcan a la red los ciclos combinados, las centrales que queman gas natural para generar electricidad.

Dado que esas plantas de generación de la electricidad son las que suelen marcar el precio más alto en la mayoría de tramos horarios, presionando al alza el precio medio y la retribución del resto de tecnologías, Madrid y Lisboa confían en que ese cambio rebaje automáticamente los precios en el mercado mayorista que afrontan los consumidores que cuentan con una tarifa regulada. En Portugal, el contagio directo es mínimo, pero en España cerca del 40% del total de los hogares y empresas están sufriendo en sus facturas todas las subidas diarias.

“La Comisión [Europea] necesitará unos días o semanas para comprobar que todo es correcto o para recomendarnos mejoras. Calculamos que en tres o cuatro semanas podríamos tener un pronunciamiento y hacerlo inmediatamente operativo”, ha afirmado este sábado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista concedida al canal 24 horas de Televisión Española. El Tratado de la UE, el gran marco legal comunitario, contempla que los países o regiones del bloque puedan —en circunstancias muy extraordinarias y debidamente tasadas: en el caso de España y Portugal, sus débiles interconexiones con el resto del continente y su elevada cuota de renovables— limitar temporalmente los precios.

Con el nuevo esquema propuesto por España y Portugal, las centrales que queman gas natural tendrían que seguir vertiendo electricidad al sistema: sin ellas, no se podría cubrir la demanda en muchos tramos de la jornada, en los que las renovables y la nuclear no son suficientes. Lo harían, eso sí, a un precio máximo —aún por definir— que sería posteriormente compensado para evitar que esa oferta necesaria desaparezca del mercado, abriendo un hueco entre producción y consumo.

“Hay que pagar el gas en todo caso, pero queremos que ese precio no sea el mismo al que se pague el resto de la electricidad producida. Lo que haremos es separar el gas del mecanismo de formación de precios”, ha remarcado Ribera sin concretar exactamente cómo se llevará a la práctica. La medida tendrá que ser únicamente temporal, y los Gobiernos español y portugués —que escenificaron su unión en materia energética con una rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y António Costa tras la cumbre europea del viernes— deberán demostrar que no provoca una gran distorsión de la competencia. Esa es la línea roja de Bruselas, y ahí es donde tendrá que ser especialmente convincente la propuesta que remitan ambos países al Ejecutivo comunitario.

A raíz de las numerosas especulaciones desatadas sobre cómo se financiará esa brecha entre el precio topado y el coste real de operación de los ciclos combinados —que fuentes del sector cifran, de media, en el entorno de los 250 euros por megavatio hora (MWh), aunque con una enorme variación entre unas y otras instalaciones—, Ribera ha asegurado este sábado que no será con dinero público: “No corresponde hacerlo a través de los Presupuestos [Generales del Estado], sino a través del propio mercado eléctrico”, se ha comprometido. “Se prorrateará en el resto de las tecnologías que ofertan al mercado: será un ajuste horario que se realiza inmediatamente después”, ha dejado caer.

Fuentes del Ejecutivo descartan, además, que estos cambios vayan a acabar engordando el déficit de tarifa, lo que sería una suerte de patada a seguir: afrontar mañana el agujero abierto hoy. “Se pagará con dinero del propio sistema”, reiteran. Las tres mayores compañías eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) han declinado hacer comentarios hasta conocer el detalle de la propuesta que se envíe a Bruselas.

La posibilidad de imponer un límite sobre el precio al que venden su electricidad las centrales de gas, la opción por la que ha optado finalmente el Gobierno tras dejar caer su idea inicial de imponer un tope explícito sobre el mercado mayorista, formaba parte del abanico de seis alternativas abierto la semana pasada por el Ejecutivo comunitario. Para poder llevarlo a la práctica, sin embargo, ambos países tenían antes que recibir antes la vitola de “isla energética” por parte del resto de socios. Una vitola que no ha llegado hasta este viernes: “Se tendrá en cuenta la naturaleza temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, se lee en el texto final de conclusiones del cónclave comunitario. “La península Ibérica tiene una situación muy específica”, agregó, al término de la misma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Tiene un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy pocas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial”.

“Era imprescindible el permiso del Consejo”

Tras las críticas vertidas por algunos sectores de la oposición, que considera sobreestimados los logros de Pedro Sánchez en la cumbre de líderes de los Veintisiete, Ribera ha enfatizado este sábado el valor de lo pactado la víspera: “Era imprescindible que el Consejo Europeo de ayer [en referencia al viernes] permitiera hacer esto. Si no, habríamos estado incumpliendo las reglas que ordenan el funcionamiento ordinario del conjunto de los mercados eléctricos europeos. Lo que se ha acordado es una orientación política para que la Comisión autorice el mecanismo de España y Portugal”.

“La excepción anunciada ayer por el Consejo Europeo es la que te permite hacer este juego. Bruselas no deja tocar la formación de precios y lo que se ha hecho es precisamente eso: permitir que se altere la formación de precios temporalmente”, apunta, en la misma línea, Jorge Morales de Labra, experto en temas energéticos. El también director de la comercializadora Próxima Energía vaticina que el límite al que pueden vender electricidad las centrales de gas estará en el entorno de los 125 euros por MWh: “Creo que será un punto intermedio entre el nivel al que aspiraría el Gobierno y lo que querrían obtener las eléctricas”. Según sus cálculos, ese cambio llevaría automáticamente el precio medio de la luz a alrededor de 165 euros por MWh, frente a los 219 que marcará este domingo y los casi 300 de media en lo que va de marzo.