Anticorrupción recurre la decisión del juez y pide procesar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo

Nueva vuelta de hoja. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez instructor del caso Villarejo de concluir la investigación sobre la contratación por parte de Repsol y CaixaBank del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y ha solicitado que se procese otra vez a sendas empresas, al presidente de la primera, Antonio Brufau, y a Isidro Fainé, expresidente de la segunda. El Ministerio Público justifica en un recurso de apelación del pasado viernes su oposición al auto por los “indicios de la comisión” de delitos por parte de todos ellos y que, a su juicio, persisten.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó el 2 de junio el auto de pase a procedimiento abreviado, procesando como máximos responsables del presunto encargo ilegal a Villarejo a los exjefes de Seguridad de ambas empresas en el momento de la contratación: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank). Y lo hizo, justificaba, por hechos que pueden ser descritos como un delito de cohecho activo.

En ese momento, el juez Manuel García Castellón decretó el sobreseimiento para ambas empresas, para Brufau, Fainé y también para los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y para el ex director general de Medios de CaixaBank Antonio Masanell. Sin embargo, Anticorrupción solicita ahora que se deje sin efecto y que se procese a las personas jurídicas de Repsol y CaixaBank y a Antonio Brufau, Luis Suárez de Lezo, Isidro Fainé y Antonio Masanell, respectivamente.

Este proceso está dentro del marco de la pieza 21 de la macrocausa Tándem, en la que el magistrado investigaba si Repsol y CaixaBank habrían pedido en 2011 a Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo, que espiara al entonces presidente de Sacyr Luis Del Rivero y su entorno para evitar que la empresa y su aliado mexicano Pemex se hicieran con el control de Repsol.

Controles de prevención

Sobre la petrolera, el Ministerio Público sostiene que existen indicios de que los “controles requeridos por el plan de prevención de delitos de la compañía fueron incumplidos en la contratación” de Villarejo. Esto se hizo, explica, con la intención de “defender el interés social de la compañía frente al acuerdo de sindicación alcanzado por Sacyr”. La Fiscalía sostiene asimismo que, “como se ha verificado de manera indiciaria en el presente caso, la adjudicación en favor de Cenyt fue aprobada por quien, atendiendo al importe, no tenía el nivel adecuado para hacerla”.

En cuanto a CaixaBank, Anticorrupción señala que no consta que se cumpliera adecuadamente la “necesaria constancia de la verificación de los servicios prestados por Cenyt, como presupuesto indispensable para que el área de gestión financiera autorizase su pago”. En esta línea, también llama la atención sobre una norma interna del banco relacionada con el modelo de gestión presupuestaria —que tiene una “importancia capital en el modelo de prevención de delitos”— y que habría sido “flagrantemente vulnerada en el proceso de verificación y pago de los servicios contratados con Cenyt”.

Su violación supone, según la Fiscalía, “la infracción de los controles internos establecidos en la compañía para evitar la comisión del delito de cohecho”. Además, sostiene que estos hechos pusieron de manifiesto las deficiencias del sistema de control. “Tales incumplimientos no fueron detectados por los controles de la compañía, poniendo de relieve, que, o bien no resultaban adecuados y eficaces, o bien, pese a ser detectados tales incumplimientos, se hizo caso omiso a su detección”, añade.

Participación activa de Brufau en la contratación

Respecto a Brufau, los fiscales Miguel Serrano y Cesar de Rivas apuntan que tanto él como Suárez de Lezo “no quedaron al margen, sino que tuvieron una activa participación del encargo realizado” a Villarejo “cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo la investigación sobre Luis del Rivero”. En el curso de ese presunto espionaje al entonces presidente de Sacyr se llegó, incluso, “a acceder a tráficos de llamadas”, recoge el texto.

Anticorrupción apunta que tanto Brufau como el exdirectivo de Repsol “fueron los destinatarios principales de la documentación y de toda la información recabada en cumplimiento de ese encargo, referida a un asunto de una importancia capital para la compañía”. “Y, por tanto, quienes habrían de valorarla a la hora de tomar las decisiones que considerase para defenderse del pacto que consideraban perjudicial para los accionistas”, señala.

En este contexto, el Ministerio Público asegura que la investigación sobre Del Rivero “fue una reacción conjunta promovida” tanto por Brufau como por Fainé. “Que en la génesis de la contratación conjunta de Cenyt se encontraba el acuerdo de los presidentes de ambas compañías contratantes se evidenció en el curso de las declaraciones judiciales” de ambos, sostiene.

Seguimiento personal de Fainé

Anticorrupción incide asimismo en que Fainé no solo tenía conocimiento de la contratación, sino que el “posterior seguimiento personal” del expresidente de CaixaBank ha sido ratificado en la declaración judicial del que fuera jefe de Seguridad de la entidad bancaria. En la misma, Miguel Ángel Fernández Rancaño señaló que tras recibir de Villarejo los informes despachó esos temas con el propio Fainé “como un punto más de las reuniones que mantenían y dado que su inmediato superior, el director general de medios, Antonio Masanell Lavilla, así se lo había indicado previamente”.

Así, la Fiscalía asegura que esta versión de los hechos fue corroborada por Masanell que, “a pesar de manifestar que no recordaba nada de la contratación de Cenyt, que era una más de las gestionadas por el área de Seguridad”, no desmintió la versión de Rancaño. En lo relativo al propio Masanell, Anticorrupción considera que “las actuaciones practicadas han permitido obtener un acervo de datos incriminatorios lo suficientemente sólido para estimar injustificado el sobreseimiento acordado respecto de este investigado”.

“Su propia declaración judicial, la declaración judicial del investigado Fernández Rancaño, y las manifiestas deficiencias de la investigación realizada por la Auditoría Interna de CaixaBank para verificar el alcance de su conocimiento y participación en la contratación y pago de los servicios de Cenyt, constituye un suficiente cuadro indiciario de su participación en los hechos”, concluyen.