Abengoa agota los plazos para el rescate y alarga su calvario

Los 2.000 trabajadores de Abengoa en Sevilla se concentraban este miércoles a las puertas de sus distintas sedes en la provincia para reclamar una solución que garantice la viabilidad de la compañía y, sobre todo, los 5.000 puestos de trabajo en toda España. Al mismo tiempo, en Madrid, cuatro de sus compañeros —representantes de los comités de empresa de las filiales y otros dos miembros de UGT— se despertaban en el interior de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde habían pasado la noche en protesta por no haber recibido una concreción clara sobre el rescate de la empresa, que ahora mismo depende de que el ente público autorice una ayuda de 249 millones de euros que el martes se resistió a otorgar. “Esto es una medida simbólica con la que queremos apremiar para que se llegue de una vez por todas a una solución”, explica Laura Rodríguez, portavoz de los empleados.

Abengoa está acostumbrada a asomarse al precipicio y a encontrar quien le salve antes de caer al vacío. Hasta ahora siempre había conseguido, pese a las pugnas entre sus accionistas y acreedores, mantenerse a flote. Sin embargo, el conglomerado sevillano, que arrastra una deuda de 6.000 millones de euros, se enfrenta esta semana a una carrera contrarreloj para lograr convencer al Gobierno de que su enésimo rescate es viable. Para ello, debe despejar las dudas legales que anoche le trasladó la SEPI para autorizar la ayuda que permita salvar a las seis filiales del grupo.

El tiempo apremia. La compañía esperaba que el miércoles la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, diese luz verde a la ayuda, condición sine qua non para que el fondo californiano Terramar inyecte 200 millones de euros en Abenewco 1, la filial que concentra la mayor parte de los activos de la empresa, y así garantizar su rescate. Esa oferta expira el 30 de junio, plazo que también tiene la SEPI para dar su apoyo, puesto que ese día se cierra la barra libre de Bruselas para las ayudas de Estado. Los principales acreedores de esta entidad, además, habían ampliado la moratoria para el pago de la deuda hasta este viernes.

La SEPI, sin embargo, se limitó a entregar a Abengoa los dos informes que había encargado sobre la viabilidad de la empresa. Si el documento de Grant Thornton no planteaba dudas sobre el modelo de negocio y la viabilidad financiera presentada por la compañía, el de la asesora PKF advertía de los pleitos por contratos que Abenewco 1 tenía pendientes. De no ganarse, esos litigios implicarán un coste de unos 700 millones, que podrían condicionar la devolución del préstamo de 249 millones, de acuerdo con la firma. La SEPI ha dado a Abengoa cinco días para que presente alegaciones, un margen que la empresa no va a agotar, para evitar que venzan el resto de plazos que se ciernen sobre ella. Antes del jueves, señalan fuentes cercanas la dirección de la compañía, presentará su informe.

“Nos ha sorprendido la petición, porque la situación de los pleitos era conocida, es algo sobre lo que podrían haber preguntado en cualquier momento”, aseguran esas mismas fuentes. Con todo, en la respuesta que remitan a la SEPI se hará constar que la mayoría de esos pleitos pendientes son contra Abenewco 1 y que las ayudas públicas, en todo caso, las recibirían las seis sociedades del grupo: Energía, Solar, Abener, Abengoa Operación y Mantenimiento e Inabensa. “Además, la compañía tiene un histórico favorable porque suele gestionar bien estos asuntos llegando a acuerdos previos”, puntualizan. “Si el problema, como aparenta, es solo técnico y no afecta al modelo de negocio, no debería haber problema”.

Si finalmente así lo decide, la SEPI debería autorizar el rescate este viernes 24 para que pudiera ser aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de junio. Pero antes, el mismo 24 de junio, concluye la última ampliación de la moratoria de los fondos acreedores de esa sociedad filiar para no solicitar el concurso de acreedores. “Hay una alineación entre el inversor y los acreedores financieros y, si la SEPI no autorizara el rescate, el escenario se complicaría mucho a partir del 1 de julio”, explican las fuentes de Abengoa.

El 1 de julio es otra fecha marcada en rojo en el calendario de la compañía. Ese día no solo termina la moratoria concursal que aprobó el Gobierno con motivo de la pandemia en marzo de 2020, por la que las empresas insolventes estaban dispensadas de presentar concursos de acreedores, sino que es el último día que tiene la matriz de la compañía, Abengoa S.A., inmersa en un concurso de acreedores desde febrero de 2020, para presentar su convenio y evitar entrar en liquidación.

Un ‘plan B’ por concretar

Ese convenio de acreedores es una de las bazas que esgrime el presidente de la matriz, Clemente Fernández, como base de un supuesto plan B para salvar a la empresa si, finalmente, el Gobierno no autoriza el rescate de los 249 millones. “Con ese fondo lo único que se hace es salvar a los bonistas americanos, es pagar la deuda, pero de lo que se trata es de potenciar el negocio de la compañía”, explica Fernández. El presidente de Abengoa, S. A., que siempre se ha mostrado contrario a la operación inversora de Terramar, aboga porque el Gobierno, que ya es el máximo accionista particular de Abengoa con el 3,1%, incremente su porcentaje de participación y tome la tutela de la entidad. “Ya lo ha hecho con Indra, de la que tiene el 30%”, apunta.

Fernández propone que la compañía entre en situación preconcursal a partir del 1 de julio, una reestructuración de la empresa, generando una estructura intermedia que salvaguarde a las filiales y que sea la matriz convenida la que asuma parte de la deuda, llegando a nuevos acuerdos con el resto de acreedores. “Hay solución. Abengoa factura 1.000 millones al año, ha pagado las nóminas pese a no tener avales ni financiación”, explica Fernández, quien insiste en que hay soluciones viables mejores que depender de un fondo americano. “Si nos rescatan, que el capital sea 100% español”, abunda.

“El papel lo aguanta todo, pero para que se acuerde el convenio concursal es necesario que sea viable todo lo que afecta a las filiales y ahora mismo esa situación no existe”, puntualizan fuentes cercanas a EY, firma responsable de la administración concursal, que muestran el escepticismo de la propuesta de Fernández. “Si había un plan B seguimos sin conocerlo y lo que sí hay seguro es un acuerdo entre el inversor y los acreedores”, insisten esas fuentes.

Ese acuerdo es el que sustentaría el tercer rescate que pende, principalmente, en la recepción por parte de la SEPI de los 249 millones. En ese pilar incierto se apoya la oferta de Terramar Capital, que inyectaría 140 millones para pagar a los acreedores la deuda vencida y que aportaría otros 60 en forma de capital para hacerse con el 70% de Abenewco 1. Las entidades financieras y el Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) otorgarían 300 millones en avales, mientras que los acreedores y proveedores se han comprometido a condonar o convertir en capital casi 3.000 millones.

Los trabajadores recelan de los planes de Fernández, con el que, aseguran, apenas existe interlocución, a diferencia de Juan Pablo López-Bravo, presidente de Abenewco 1. “Estamos cansados de escuchar opciones que solo nos llevan a perder nuestro trabajo, este señor está jugando con el pan de muchas familias”, indicaba esta mañana Rodríguez, la portavoz de los empleados.

Mientras ella y sus cinco compañeros siguen en el edificio SEPI en Sevilla, en la planta cuarta de la sede de Palmas Altas de Sevilla, 500 trabajadores esperan a que Fernández los visite para explicarles su plan B, del que se han enterado por los medios de comunicación. El viacrucis que atraviesa Abengoa en los últimos años también se ha convertido en un calvario lleno de incertidumbre para su mejor activo: los empleados.