La UE pone coto a la jungla de las criptomonedas

La Unión Europea ha decidido poner coto a la ley de la jungla que impera en el reino digital e inasible de las criptomonedas. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (el órgano que representa a los 27 Gobiernos) han alcanzado este miércoles a última hora un acuerdo político que pondrá fin al anonimato en las transacciones con estas divisas. La medida, que aún requiere una ratificación formal para entrar en vigor, pondrá las cosas un poco más difíciles a los delincuentes que usan los criptoactivos como vehículo de pago para actividades ilícitas; hasta ahora, estos etéreos movimientos financieros quedaban fuera del marco legal de la lucha contra el blanqueo de capitales.

La medida acordada es solo el aperitivo de un final frenético de la presidencia francesa de la Unión, que ha llevado la batuta comunitaria en los primeros seis meses del 2022. Antes de que se convierta en calabaza su mandato, este mismo jueves a medianoche, la presidencia gala pretende que la Eurocámara y el Consejo lleguen también a un acuerdo sobre el largamente negociado Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés), con el cual la UE aspira a convertirse en una de las primeras jurisdicciones del mundo en contar con un marco normativo completo para este sector, con el potencial de establecer de este modo los estándares globales.

La primera de las regulaciones, pactada este miércoles entre los órganos colegisladores de la UE, introduce una reforma en el Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR por sus siglas en inglés) que obligará a los proveedores de servicios de criptomonedas como Binance o Coinbase a identificar al emisor y receptor de cada movimiento. Estas plataformas de intercambio son las que hacen posible comprar criptoactivos mediante un pago en dinero convencional, venderlos y recibir dinero a cambio y realizar transferencias entre usuarios. La medida trata de extender a estos flujos, cubiertos bajo un manto de anonimato, los requisitos de información sobre clientes que ya imperan en los movimientos convencionales, de modo que se garantice su trazabilidad.

“Sucederá igual que con una transferencia bancaria”, explica al teléfono el eurodiputado verde Ernest Urtasun, ponente del informe del Parlamento Europeo sobre la legislación y uno de los negociadores del dosier por parte de la Eurocámara. “Las transferencias de criptoactivos vinculadas con actividades criminales se han movido sin ser detectadas por las autoridades y su uso por organizaciones criminales y para el blanqueo se ha incrementado”, añade. “Ahora, todas estas transacciones efectuadas mediante un proveedor de servicios deberán ir acompañadas de la información real del beneficiario y del ordenante. Es una pieza fundamental para acabar con el salvaje oeste del mercado de criptoactivos”.

Se trata de una jungla global que aún se encuentra en pañales. El bitcoin, la primera criptomoneda en coger tracción, nació de una fórmula matemática y un chispazo digital en 2008 al calor de la gran debacle financiera. Ocurrió mes y medio después de la caída de Lehman Brothers, casi un símbolo revolucionario y libertario contra el control de los bancos centrales y los gobiernos en tiempos de penurias económicas.

Casi 14 años más tarde, circulan unas 20.000 criptomonedas diferentes por el mundo, según la compañía de análisis Coinmarketcap; algunas incluso son acuñadas por Estados y su capitalización total ronda los 900.000 millones de dólares (855.300 millones de euros). El bitcoin, que nació sin otro valor que el que sus usuarios quisieran darle, se cambia hoy a más de 19.000 euros, aunque llegó a superar los 56.000 euros en noviembre.

La industria de las criptomonedas vive en estos momentos una crisis volátil e impredecible, a la que contribuyen los fiascos de iniciativas como Luna/UST (con más de 40.000 millones evaporados) y Celsius Network (11.000 millones en fondos de clientes congelados por falta de liquidez). La empresa estadounidense Chainalysis, líder mundial en peritaje y análisis forense de blockchain, estima que unos 11.000 millones de dólares (unos 9.700 millones de euros) en criptoactivos estaban en manos de delincuentes en 2021.

La normativa aprobada pretende añadir certezas a este sector. Y aunque en un principio la Comisión Europea habría propuesto un umbral mínimo de 1.000 euros a partir del cual se volvía obligatorio recabar información del beneficiario y el ordenante de las transferencias, finalmente la exigencia se aplicará sobre todos los movimientos con independencia de la cuantía. De esta forma se persigue evitar, entre otras cosas, el llamado pitufeo, mediante el cual las organizaciones criminales trocean las operaciones para encubrir otras más grandes.

Uno de los puntos más complicados de negociar han sido las llamadas “unhosted wallets” o carteras no alojadas, que los usuarios albergan de forma privada y gestionan directamente, sin necesidad de los proveedores de servicios. Mientras el Parlamento reclamaba que todas las operaciones que involucren este tipo de carteras estén sometidas a verificación de la identidad real de los usuarios, el Consejo pedía que se intensifiquen las medidas de verificación solo cuando estas interactúen con proveedores de servicios.

La segunda normativa, que se negocia este jueves a contrarreloj, es el llamado reglamento MiCA. Con él la UE busca armonizar el régimen aplicable a los emisores de estas monedas digitales y a las plataformas de intercambio; establece a la Autoridad Bancaria Europea como supervisor único para las llamadas “monedas estables” de tamaño y riesgo significativo en la UE; e impone el principio de responsabilidad mediante el cual se busca la protección de los usuarios ante fraudes, filtraciones de datos o fallos del sistema. Se trata de una normativa completa que incluso prevé un régimen sancionador.

Pero no todo está cerrado en la negociación y, mientas el tiempo se agota, los equipos tratan también de ponerse de acuerdo en torno a los requisitos ambientales para los emisores de criptomonedas: el consumo energético mundial por el minado de las divisas digitales, una actividad que requiere de una poderosa capacidad de computación, ha llegado a superar en determinados picos extremos incluso a Estados como Países Bajos, según The New York Times.