El tope a la actualización del alquiler ahorra hasta 1.000 euros a los inquilinos

La decisión del Gobierno de prorrogar el tope a las actualizaciones de los alquileres hasta finales de año supondrá un ahorro de miles de millones para los inquilinos españoles. Es el mismo dinero que dejarán de ingresar los propietarios de viviendas alquiladas, que se quejan de la extensión de la medida y exigen compensaciones. Según los cálculos de EL PAÍS, sobre la base de la estadística oficial de alquileres en los municipios de más de 25.000 habitantes, la diferencia entre actualizar un alquiler con el tope del 2% o hacerlo con el IPC de junio, el más alto en 37 años con una progresión de 10,2%, supone para el inquilino pagar entre 283 y 1.085 euros menos al año.

Esa amplia horquilla es la que va desde las localidades con los arrendamientos medios más baratos, Yecla (Murcia) y Arcos de la Frontera (Cádiz), hasta la más cara: Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Como la actualización de renta se basa en un porcentaje, la suma total que se ahorra el inquilino crece lógicamente conforme el alquiler resulta más costoso. Por eso, los descuentos más interesantes se dan en las áreas metropolitanas de la Madrid y Barcelona, incluyendo la propia capital catalana. De hecho, hay que saltar los 10 primeros puestos para encontrar localidades de una provincia diferente (Sant Josep de sa Talaia e Ibiza, ambas en Baleares, que ocupan las posiciones 11ª y 12ª).

Entre las grandes ciudades españolas, que se sitúan en la parte alta de la tabla mayoritariamente, lo que dejará de pagar un arrendatario que haya visto actualizar su alquiler este mes alcanza los 808 euros en Barcelona y los 762 en Madrid. Los arrendatarios de Málaga y Sevilla se ahorrarían la misma cantidad, 581 euros, mientras para los de Valencia supone algo menos: 519 euros. En Zaragoza, la urbe con la vivienda más barata entre los municipios españoles que superan el medio millón de habitantes, la diferencia entre actualizar una renta con el último IPC o hacerlo al 2% supone 459 euros al año.

Los cálculos se basan en estimaciones a partir del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda. Sobre los importes medios para cada ciudad, que se refieren al año 2020, se ha aplicado la subida de IPC que correspondió al mes de junio de 2021 y luego se ha calculado la renta de 2022 con dos alternativas: la inflación de junio o un 2%. Los alquileres en España se firman con una duración mínima de cinco a siete años, y el precio se fija al principio del contrato, pero se permite actualizarlo anualmente (en el mismo mes en que se firma) con la inflación como tope.

La modificación introducida por el Gobierno entre las medidas para contener los efectos económicos de la guerra de Ucrania ha consistido en vincular ese tope al Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Este es un indicador al que el PP dio preferencia cuando reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2015, aunque en la práctica se usa escasamente y por tradición la mayoría de los contratos se indexan al IPC. Su principal característica es que solo se aplica entre el 0% y el 2%. Así, el Ejecutivo decidió que este fuera el máximo que podían crecer las rentas que se iban a actualizar durante el segundo trimestre. Pero al acercarse la fecha, y con el coste de vida disparado, la medida se prorrogó y ahora está vigente hasta finales de año.

Calcular la factura total de ahorro para los inquilinos es muy difícil con los datos disponibles. En su día, el Ministerio de Transportes estimó que, en el trimestre inicial de aplicación, el límite afectaría a unos 875.000 contratos. La proyección se basaba en el supuesto de que los 3,5 millones de alquileres que hay en España se renovasen por igual en todos los meses del año. Siguiendo esa lógica, la extensión seis meses más significa que al final se verán afectados 2,6 millones de contratos. Partiendo de esa base, el portal Idealista ha calculado que los propietarios de viviendas arrendadas dejarán de ingresar 1.700 millones, aunque se basa en los precios de oferta de su web, más elevados que los que finalmente se negocian.

Propietarios descontentos

En cualquier caso, la prórroga ha puesto en pie de guerra al sector. Joan Clos, presidente de Asval, una asociación en la que participan algunos de los mayores caseros españoles y pequeños propietarios, lamenta que el Gobierno no establece contraprestaciones frente a “medidas que se dictan a cargo del propietario, que también sufre las consecuencias del incremento de la inflación”. Su asociación estudia medidas legales para exigir compensaciones y ha encuestado a sus casi 4.000 asociados, de los que “más de 1.000″ dijeron estar dispuestos a reclamar. Para Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, la norma representa, sin embargo, “una buena noticia”. “El argumento de que el coste de vida aumenta para los caseros”, continúa, “se puede aplicar a todo el mundo, incluidos los inquilinos que pagan alquileres muy elevados para no quedarse sin techo y sí han sufrido la inflación con todo lo que han subido las rentas desde 2012″.

Jose Ramón Zurdo, director general de la inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler, coincide en que la carestía de la que se quejan muchos caseros está “influenciada por el coste de la vida, y no por nada específico del alquiler”. Los consumos de la vivienda (uno de los conceptos que más han subido, según los últimos datos de inflación) suelen repercutirse al arrendatario y el propietario se hace cargo de las cuotas de comunidad, que pueden haberse encarecido o no, y algunos impuestos. “En un edificio completo debe notarse más”, dice en alusión a los grandes propietarios con bloques enteros en los que se tienen que hacer cargo de gastos comunes.

Pero Zurdo señala algunos efectos nocivos de la medida: “Cuando el propietario gana menos con el alquiler, lo más común es que no se haga cargo del correcto mantenimiento del inmueble”, sostiene. Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro (otra empresa que intermedia arrendamientos), tiene la misma percepción y añade una consecuencia “más perniciosa”. “Al vencimiento de contrato, muchos caseros deciden cancelarlo”, aclara, “y muchos inquilinos se van a tener que enfrentar a buscar una vivienda”. Carroza considera que el problema es el “agravio comparativo” que los arrendadores sienten al ver que la inflación sube a doble dígito y ellos solo pueden incrementar las rentas un 2%. “Cuando un casero profesional se enfrenta a estas cosas, le fastidia, pero lo asume; los particulares, en cambio, toman decisiones más viscerales”, concluye.