Las claves del choque entre Madrid y Lisboa con Bruselas por el recorte en el consumo de gas: ¿Qué propone la Comisión Europea? ¿Por qué se oponen España y Portugal?

La habitual suavidad y las buenas palabras en la relación bilateral entre el Gobierno español y la Comisión Europea ha saltado por los aires este miércoles. El motivo: la propuesta de Bruselas para que todos los países del bloque se aprieten el cinturón en el consumo de gas. Horas después de que el Ejecutivo comunitario hiciese públicas sus intenciones —que aún tendrán que ser validadas por los ministros de Energía de los Veintisiete—, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha criticado con dureza el plan de Ursula von der Leyen y su equipo: “No es más eficaz ni el más justo”.

¿En qué consiste la propuesta de Bruselas?

La Comisión Europea quiere que todos los Estados miembros, independientemente de su exposición al gas ruso, reduzcan en un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene. De no cumplir ese objetivo con medidas voluntarias, que serán revisadas por los técnicos comunitarios, esa reducción será obligatoria. La moción, sin embargo, aún tiene que pasar un último filtro: el de los Gobiernos del bloque, cuyos ministros de Energía —o Transición Ecológica, en su versión española— se verán las caras el próximo martes en Bruselas.

La cifra del 15% ya había sido aireada a principios de mes por los expertos del think tank Bruegel. Estos, sin embargo, creían que ese debía ser el objetivo medio de los Veintisiete y que abogaban por adaptarla a cada país en función de su grado de dependencia de Rusia: los bálticos, por ejemplo, tendrían que llegar al 54% de caída en el consumo mientras que España, Francia y Portugal no tendrían que recortar prácticamente nada.

La Comisión, sin embargo, ha optado por aplicar una tabla rasa que ha levantado ampollas en Madrid, aunque recoge de alguna forma que aquellos países que no tengan (o tengan poca) interconexión con otros reduzcan el consumo un 10% si demuestran que ya están usando su infraestructura en la mayor medida posible para redistribuir gas a otros socios comunitarios. Aquí entrarían España y Portugal, la llamada excepción ibérica por su característica de isla energética.

¿Por qué la Comisión Europea busca un recorte lineal en el consumo?

El argumento sostenido por Bruselas para no establecer metas específicas es que, si todos cumplen con este objetivo, liberarán capacidad exportadora de los países productores que podrán aprovechar otros socios europeos. En el caso español, por ejemplo, que los barcos metaneros que dejará de recibir España o Portugal podrán llegar a Italia o Alemania. Ese argumento, sin embargo, tiene una falla: la capacidad de recepción y regasificación de ese gas —que viaja congelado en los buques— es muy diferente entre unos y otros países: mientras que España cuenta con seis regasificadoras, Alemania no tiene ninguna fija y está viéndose abocada a alquilar instalaciones flotantes, de carácter temporal, con una capacidad de procesamiento infinitamente menor.

El plan europeo incluye la posibilidad de que los países con menos interconexiones reduzcan su consumo energético hasta alrededor de un 10%. La cifra, sin embargo, seguiría siendo enorme. El reglamento no solo ha encontrado oposición en los países ibéricos, sino también en otros que, como Polonia, han logrado llenar bastante sus depósitos.

¿Por qué se oponen España y Portugal?

Son varios los motivos por los que la propuesta de Bruselas escama al Gobierno español. Primero y más importante, que no se haya hecho una ronda de consulta con los países antes de hacer público objetivo: “No podemos asumir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión”, ha criticado Ribera. Segundo, que se pida el mismo recorte a todos los países, sin atender a los muchos condicionantes específicos de cada uno. “¿Qué sentido tiene que a España y Portugal se le pida lo mismo que a Chipre o a Malta, por ejemplo?”, cargan fuentes ministeriales. Un recorte del 15% supondría para España renunciar al equivalente a unos 45 días de consumo al año.

La tercera razón es que no se tenga en cuenta el enorme desembolso de los consumidores españoles para tener la potente red de regasificadoras que hoy le permite afrontar la crisis energética con más calma: la inversión total ha rondado los 3.500 millones de euros, que los hogares y empresas que demandan gas pagan a razón de unos 300 millones al año. Y la cuarta, la incapacidad de reenviar el gas sobrante en la Península al resto del continente. En junio, España solo reexportó el 20% del gas que compró en el exterior: el 10%, directamente —por gasoducto, vía Francia—; el 8%, de forma indirecta: el gas se quema para generar electricidad y esta, a su vez, se envía por cable a través del país vecino; y el 2%, mediante la recarga de buques: el combustible llega en barcos de gran tamaño y luego se reparte en otros de menor capacidad.

“A diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”, ha enfatizado Ribera. Una declaración que recuerda —a la inversa— a las que hacían los halcones del norte de Europa en la última crisis financiera. La gran diferencia es que, hoy, el eslabón más débil de la cadena continental no es el sur, sino el norte.

¿Será de cumplimiento obligado?

Si el martes que viene finalmente recibe el visto bueno de los titulares de Energía —bastaría con una mayoría simple—, las capitales tendrán que atenerse a lo que pide Bruselas. El reglamento, que declara a los hogares “consumidores protegidos” y que se dirige fundamentalmente a la industria, no tiene un procedimiento sancionador específico si alguno de los socios lo incumple —algo harto probable, dado lo ambicioso de la meta—, sino que sigue el de todo reglamento o directiva europea.

¿Por qué España da por garantizado su suministro de gas?

La vicepresidenta tercera ha sido clara en la rueda de prensa de este miércoles: ”Las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas”. También lo fue la semana pasada el consejero delegado de Enagás —el gestor del sistema gasista—, Arturo Gonzalo, que en una entrevista con EL PAÍS se comprometía a que España pasaría el invierno “sin problemas” y descartaba “por completo” una crisis de suministro. Las razones de esta seguridad son, básicamente, dos, ambos estrechamente vinculadas entre sí: las seis regasificadoras citadas, que están lejos de operar a máxima capacidad, y el amplio abanico de países (14) desde los que España recibe metaneros. A pesar de que en junio Rusia se convirtió en el segundo máximo suministrador, de forma coyuntural, su peso medio es mínimo.